El Gobierno limita los intereses que las ciudades pagan por sus deudas

Los Ayuntamientos no podrán suscribir préstamos con los bancos que les exijan un tipo de interés superior al que emite el Tesoro más un diferencial de 40 puntos básicos de media. Así lo establece la nueva resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que fija las condiciones del principio de prudencia financiera para las administraciones públicas. Es la primera vez que el Tesoro exige estas condiciones a las entidades locales (Ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, pedanías...). "Es una garantía para evitar que decisiones irresponsables de financiación acaben contaminando el sistema", señalan desde el Ministerio de Hacienda.

Esta medida afectará sobre todo a los Ayuntamientos más saneados porque los que atraviesan por problemas financieros disponen de los nuevos fondos estatales, aprobados a finales del año pasado, para endeudarse sin necesidad de pagar siquiera intereses. El Gobierno considera que las entidades financieras aprovechan al máximo su poder de negociación exigiendo los máximos intereses posibles y cree que con la nueva norma limitará los tipos.

En cualquier caso, las operaciones cuyos vencimientos queden cubiertos por el Fondo estatal no podrá superar el coste de financiación del Estado más un diferencia de 20 puntos básicos. Aquellos préstamos que no estén cubiertos por las líneas de crédito del Gobierno y que se destinen a inversiones productivas deberán tener un interés inferior al del Tesoro más 40 puntos básicos. Y las operaciones de endeudamiento destinadas a financiar otras inversiones no podrán superar el interés al que se endeuda el Estado más un margen de 75 puntos, según establece la resolución de la Secretaría General del Tesoro. Y añade: "La comisión para operaciones sindicadas —en la que participan varias entidades financieras— será como máximo de 50.000 euros anuales. Y los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual".

La aplicación de esta medida, conocida como "principio de prudencia financiera" permitirá que los Ayuntamientos se financien a un coste menor. Los ahorros estimados ascienden a unos 308 millones para los 8.115 municipios y las 41 diputaciones de España, según cálculos de Hacienda. "La prudencia financiera, además, de proteger al Estado frente al riesgo de entidades locales irresponsables, es un mecanismo que les ayuda a encontrar ofertas de financiación razonables de las entidades de crédito", manifiestan en el ministerio.

La medida empuja a los Consistorios a sumarse al fondo de financiación estatal

Algunas de estas administraciones, sin embargo, podrían quejarse porque esta exigencia les abocaría a sumarse a los nuevos Fondos estatales de Financiación para entidades locales. En cambio, Hacienda entiende los bancos tendrán que reducir los intereses que exigen por los préstamos que conceden a las ciudades.

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda aprobó tres nuevos instrumentos financieros para ayudar a los municipios: el fondo de ordenación, para entidades en apuros financieros; fondo de impulso económico, para Consistorios saneados que quieran invertir en actividades productivas (saneamientos, alumbrado público, protección de medioambiente, infraestructuras de transporte, vías públicas). Por último, el Gobierno creó otro Fondo social, para que los Ayuntamientos cobren las cantidades que les deben las comunidades por los convenios de servicios sociales. El Ejecutivo ofrecía estas líneas de crédito gratuito a cambio de más ajustes o nuevos requisitos de información.

Ciudades como Madrid aseguran que la medida no les afectará. Un portavoz del Ayuntamiento dirigido por Ana Botella (PP) explica que Madrid ya refinanció una gran parte de su deuda a finales del año pasado. E insistió en que no tienen previstas nuevas operaciones de endeudamiento. "La medida tendrá un efecto nulo o muy limitado", concluyen. Hacienda estima que Madrid podría haber ahorrado unos 2,6 millones si hubiera aplicado la prudencia financiera en los dos últimos años.

Desde la Federación de Municipios y Provincias (Femp) aplauden la medida. Y la defienden con el argumento de que la norma evita situaciones que puedan ir contra la administración local. La Femp ha remitido una circular a todas las entidades locales explicando el principio de prudencia financiera. Y recuerda a las ciudades que tendrán que informar con carácter mensual a Hacienda sobre las condiciones de todas las operaciones de endeudamiento que suscriban.