Empleo endurece las sanciones por fraudes en formación

Las sanciones por fraudes en formación, tan presentes en los últimos años, van a aumentar. Es una de las principales novedades de la reforma del sistema de formación que está preparando el Ministerio de Empleo y está negociando con los agentes sociales. La nueva norma, todavía un borrador de real decreto ley que el Ejecutivo prevé tramitar por vía de urgencia, no se va a tratar en el Consejo de Ministros del viernes, según fuentes del Ejecutivo, que también advierten de que el borrador no es definitivo y puede cambiar.

Se contempla crear en la Inspección de Trabajo una unidad dedicada al fraude en formación

Además de endurecer las sanciones, en el texto de la reforma elaborado por el departamento que dirige Fátima Báñez, 41 páginas a las que ha tenido acceso este diario, cumple con lo anunciado por el Ejecutivo: reducir el papel que ahora juegan en el sistema de formación los sindicatos y la patronal, lo que acaba por traducirse en que gestionarán menos dinero. Y lo hace al vetarles la posibilidad de impartir cursos directamente y menguar su peso en la Fundación Tripartita, un órgano en el que ahora están presentes a partes iguales el Gobierno, la patronal y los sindicatos y que juega un papel clave en el sistema de Formación. 

Los fraudes en la formación —caso Aneri en Madrid, las supuestas facturas falsas de UGT Andalucía, Operación Edu también en Andalucía— han estado muy presentes, y están, en la negociación para la reforma. El proceso arrancó hace ya más de un año y en él se han incumplido reiteradamente los plazos anunciados por el Ejecutivo. En este tiempo ha provocado y provoca graves tensiones internas en la patronal que, según apuntan fuentes sindicales y gubernamentales, es la parte más reticente al pacto ahora.

 La sombra del fraude se aprecia en el borrador que habla de “tolerancia cero” con el fraude. Esta declaración de principios se detalla en el endurecimiento de las sanciones que ya contempla la ley y en la tipificación de nuevas infracciones. En este caso está “simular la celebración [...]de cursos, incluida la teleformación, para la solicitud, obtención o disfrute de ayudas públicas para sí o para un tercero”, como sanción muy grave. También lo será el falseamiento de documentación. Esto implicará una multa entre 6.251 euros y 187.515.

Otra barrera que se levanta para el fraude, especialmente para el que se produce en los cursos que demandan las empresas y no en los que ofertan agentes sociales o empresas de formación, es que si se detecta la infracción serán responsables solidarios todos los que participen de él: empresa, entidad que imparta la formación y solicitante de ayuda, que tendrán que responder "solidariamente de la devolución".

Hay otros dos aspectos muy relevantes en el incremento de las sanciones. Cada infracción será individualizada. Es decir, en un fraude masivo como el que supuestamente cometía el empresario José Luis Aneri en Madrid en el que teóricamente dejó de impartir cientos de cursos para los que recibía formación se impondría una sanción por cada uno de ellos. El último aspecto significativo en la lucha contra el fraude es la creación de una unidad en la Inspección de Trabajo dedicada a esto.

El otro vector que se observa en el texto de Empleo es la minoración del papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en el sistema de formación. Por un lado, les quita la posibilidad de que las centrales de trabajadores o patronales impartan cursos directamente. Esto supone un cambio sustancial en un sistema creado hace ya más de 20 años. El cambio no excluye completamente a los agentes sociales de la posibilidad de dar cursos, puesto que podrán concurrir en las convocatorias a través de las fundaciones que han creado para ellos en los últimos años: Forem (CCOO) o IFES (UGT).

No obstante, para ello tendrán que concursar en las convocatorias que haya, a las que también podrán acceder academias privadas, consultoras y cualquier otro tipo de empresa de formación que cumpla con los requisitos.

Además de desaparecer de este eslabón, los agentes sociales también pierden mucho peso en la Fundación Tripartita. Esta, que cambiará de nombre, estará regida por la Administración central, es decir, el Ministerio de Empleo. También participarán en ella las comunidades autónomas, hasta ahora ausentes. Y, por último, los agentes sociales.

Esto supone un cambio sustancial en un órgano que ahora juega un papel fundamental en la formación. La Fundación ahora se encarga del diseño y del control del sistema, y tiene un papel asesor en la adjudicación de los cursos, aunque este papel suele ser determinante. 

Todo esto se traduce en menos dinero para los interlocutores sociales. Esto se compensará, en una pequeña parte, con la financiación de la formación de los representantes sindicales y patronales "para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social". Esta medida aparece en una disposición adicional que solo aclara que esta subvención tendrá carácter anual y se especificará cada año en los presupuestos generales del estado.