Los contratos de las auditoras con las empresas estarán limitados a 10 años

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que prevé reforzar la confianza en la información que se divulga, y que, entre otras, incluye una exigencia de rotación en los contratos de auditoras con entidades de interés público, que podrá ser de hasta 10 años.

Transcurrido este plazo y si se celebra un concurso público, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta, dice la norma, que establece como entidades de interés público a las de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el MAB), entre otras ya vigentes como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca. En concreto, la norma, aprobada para adaptar la normativa española a la europea, también establece limitaciones en los honorarios que reciben las auditoras de dichas entidades.

En concreto, la norma, aprobada para adaptar la normativa española a la europea, también establece limitaciones en los honorarios que reciben las auditoras de dichas entidades de interés público. Y lo hace mediante dos vías, ya que en el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70 % de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos años.

Por otro lado, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, los honorarios de esta no pueden superar en los tres últimos ejercicios el 15 % del total de sus ingresos. La norma también recoge hasta once servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea entidad de interés público, su matriz y sus vinculadas.

Entre ellos, los de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera. También serán incompatibles servicios fiscales y de valoración, salvo si no tienen efecto directo en los estados auditados o son de poca importancia relativa.