Rajoy admite que “la recuperación no ha llegado a todos”

El Gobierno está embarcado en que un mensaje cale: la crisis ha quedado atrás. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en la idea que ya proclamó la semana pasada. “En muchos aspectos la crisis es historia del pasado”, repitió en el acto de la firma del pacto con los sindicatos y empresarios que pondrá en marcha una nueva ayuda para los desempleados de larga duración. Pero a continuación hizo hueco para un matiz: “La recuperación no ha llegado a todos, ni a todos por igual”.

Para fundamentar su discurso de recuperación, Rajoy esgrimió los números del PIB, de déficit y de la Seguridad Social. Pero esta vez, ante los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, echó agua al vino. Admitió que las secuelas de la crisis todavía están muy presentes y que no se puede hablar de una salida plena. “La recuperación no será completa hasta que llegue a cada español que no tiene trabajo y se sienta en los bolsillos de todos los españoles. La recuperación no ha llegado a todos, ni a todos por igual”, reconoció.

En su discurso, Rajoy anunció que la nueva ayuda de 426 euros al mes durante medio año para desempleados de larga duración (los que llevan un año o más sin trabajo) y con cargas familiares es la primera medida del giro social que piensa dar a su Gobierno en el último año de legislatura, en el que el calendario tiene pendientes varias citas electorales. “Hay cosas que a todos nos hubiera gustado hacer, pero las cosas son como son”, introdujo, para luego, a su modo, hacer el anuncio: “Ahora podemos hacer cosas que no pudimos hacer meses atrás, y tengo la convicción de que se van a seguir haciendo cosas”.

Esas “cosas” son un plan de ayudas a las familias que está preparando el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por encargo de Rajoy y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Las palabras de Rajoy clausuraron el acto protocolario de presentación del primer acuerdo social de calado de esta legislatura. Ha habido alguno más en el último año, como recordó Toxo, (la marcha atrás sobre la tributación de las indemnizaciones por despido o la puesta al día en las prestaciones que adeuda el Fogasa). Sin embargo, ninguno de estos acuerdos ha tenido la trascendencia ni el calado de este, que además parece un punto de inflexión en las relaciones con los sindicatos y los empresarios de un Ejecutivo que, hasta el momento, ha obtenido pocos frutos en el llamado diálogo social.

Antes que el presidente del Gobierno hablaron los líderes de UGT y CC OO, y ambos reclamaron que el Gobierno suba el salario mínimo interprofesional, prácticamente congelado desde 2011.

Sobre la nueva ayuda, los sindicalistas defendieron su necesidad. “Esta es una iniciativa imprescindible para una situación insostenible”, apuntó en sus primeras palabras Méndez. Para el líder de UGT, “sin esta medida el diálogo social no hubiera podido continuar” y reclamó “reforzar los servicios públicos de empleo” para atender a los beneficiarios de la nueva prestación. Su homólogo en CC OO pidió “mejorar la red de protección social” y recuperó una idea de su organización de hace meses: “Una renta mínima que garantice ingresos suficientes para vivir las personas hasta que encuentren empleo”.

Por su parte, los líderes empresariales, que se disputan la presidencia de la gran patronal, la CEOE, admitieron que la medida que se firmaba era necesaria. “Es un obligado compromiso de solidaridad”, subrayó Garamendi, el primero en tomar la palabra. En la misma línea apuntó Rosell, cuando señaló: “La emergencia social debe tener respuesta política y eso es lo que estamos haciendo”.