España pide al ‘plan Juncker’ 15.000 millones en conexiones energéticas

Tras años de líneas de alta velocidad, aeropuertos y autovías, España cambia sus prioridades de inversión en Europa: infraestructuras energéticas, conexiones eléctricas y todo lo que haga falta para acabar con el aislamiento de la península. El Gobierno de Mariano Rajoy ha enviado a Bruselas su lista de proyectos para el plan de inversiones europeas de 315.000 millones, el denominado Fondo Juncker. El Ejecutivo quiere sacar partido de la situación geopolítica —la crisis en Ucrania ha servido como alarma para los enormes desafíos energéticos, ante la dependencia del gas ruso— y de la presencia del comisario Miguel Arias Cañete al frente de la Unión Energética. Y destina la parte del león de sus peticiones a las conexiones energéticas de la península Ibérica, tantas veces retrasadas por el bloqueo de Francia. Casi la mitad de las demandas españolas van a planes energéticos: algo más de 25.000 de los 52.971 millones que suman las solicitudes de España hasta 2017. De esos 25.000, 15.000 millones se destinan a la conexión eléctrica (a través de los Pirineos) con Europa y en menor medida de gas, y el resto a eficiencia energética. 27 de los 28 países han enviado la información a la Comisión de forma extremadamente detallada, proyecto por proyecto, para justificar hasta el último euro.

España es el único país que ha mandado solamente los proyectos agrupados por partidas, sin ningún detalle. Tres fuentes comunitarias explicaron ayer que esperan que Madrid envíe los pormenores en los próximos días, y quitaron hierro al asunto: la lista no es ni mucho menos definitiva. Pero a la vez mostraron su extrañeza por el hecho de que uno de los países que más proyectos solicita (y que más necesita la inversión) no haya conseguido especificar los proyectos y los agrupe en capítulos que en ocasiones están asociados a números redondos: en el capítulo energético, las conexiones incluyen una partida de 5.000 millones de euros destinada a “inversiones por razones medioambientales inesperadas”.

Tras la energía, la agenda digital es el segundo paquete de inversión más voluminoso, con 11.200 millones para I+D e infraestructuras tecnológicas, seguido de transporte, con algo más de 6.000 milones, y con el corredor mediterráneo de nuevo sobre la mesa.

El peso de la energía en los proyectos solicitados por España es muy superior al de los socios europeos. En cambio, el Gobierno —a través de la Oficina Económica— tan solo ha pedido al Fondo Juncker 5.163 millones para infraestructuras sociales (educación, sanidad y medioambiente), un área muy castigada por la crisis y en la que las peticiones del resto de los socios tienen un peso mayor, en torno al 15%, frente a menos del 10% en España. Fuentes diplomáticas explicaron que el Ejecutivo español ha dispuesto de muy poco tiempo para diseñar las peticiones. “No había planes de inversión en los ministerios porque los presupuestos están muy ajustados, España lleva años ahorrando en ese capítulo y los proyectos se han preparado a toda velocidad. Pero en los próximos meses se afinará la lista para presentar las peticiones más atractivas”.

La Comisión adelanta que los planes presentados por España tienen sentido en el área energética, frente a un abanico de proyectos mucho más irregular en otros países, como Italia, el país que más inversiones pide. Pero el plan va tomando vuelo: incluso los países que parecían más escépticos con el plan Juncker han apretado el acelerador en los últimos días. Alemania, que hace apenas dos semanas no había presentado un solo proyecto, ha detallado hasta 58 en los últimos días, con un paquete inversor que se eleva a unos 25.000 millones de euros en los tres próximos años.

Los proyectos españoles más atractivos identificados por Bruselas se tendrán que someter a un comité de evaluación con participación de la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y expertos independientes. Pero entre los mejor colocados figuran varios: un proyecto de 4.000 millones para la integración europea del mercado eléctrico de la península a través del País Vasco; 2.300 millones en puertos y ferrocarriles para apuntalar el corredor mediterráneo; 2.500 millones en plantas de tratamiento de agua, y 600 millones para un proyecto basado en la expansión de las redes de banda fija y móvil.