Fremap garantizó beneficios a sus clínicas concertadas con cotizaciones

La mutua de accidentes de trabajo Fremap garantizó a las clínicas con las que tenía suscritos conciertos márgenes de beneficios que llegaban al 15% “sin riesgo empresarial”, les financió las obras de acondicionamiento de locales, les facilitó material de rehabilitación e, incluso, les pagó el impuesto de sociedades. Todo eso lo hizo con cargo a cotizaciones de la Seguridad Social. Y lo hacía porque garantizaba a sus clínicas concertadas unos ingresos pactados previamente que recibían independientemente del número de pacientes que atendieran. Para encubrir esto y que el instituto público no notara estos “gastos extrarreglamentarios” o este “incumplimiento de la norma legal”, como figuran calificados en documentación interna de la entidad, Fremap facturaba a la Seguridad Social como “exceso de pacientes o consulta de especialistas”.

Esos “gastos extrarreglamentarios” ascendían en diciembre de 2007 a un total de 4.330.814 euros, de los que Fremap, entonces, ya había amortizado 2.359.598, según detalla una nota interna del servicio de auditoría de la entidad. Esta nota no lleva sello, pero varias fuentes cercanas a la entidad ratifican su veracidad.

Para pagar esos “gastos extrarreglamentarios” sin que lo descubrieran los interventores de la Seguridad Social que auditan anualmente sus cuentas, la citada nota aclara que la mutua utilizaba una doble vía: la primera, “fijar un tanto alzado con un coste promedio por paciente (90-105 euros) y facturar como asistencia sanitaria en concepto de exceso de pacientes o consulta de especialistas el coste de amortización de los conceptos anteriores”. La otra consistía en “fijar un tanto alzado con un coste promedio por paciente (más de 120 euros) que incluye dicha cantidad, parte de servicios sanitarios y otra parte, como amortización del coste extrarreglamentario”.

Las mutuas, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, reciben todos los años procedentes de las cotizaciones unos 10.000 millones de euros para atender a accidentes de trabajo y las prestaciones causadas por ellos, también las prestaciones de las bajas por enfermedades comunes.

La cantidad que ingresa cada una de ellas varía en función de las empresas asociadas y del número de trabajadores que estas últimas tiene. Una vez finalizado el ejercicio, la Seguridad Social realiza una auditoría para comprobar que las cotizaciones se han gastado correctamente.

En ocasiones, las mutuas no tienen suficientes centros propios para atender a todos los trabajadores que tienen cubiertos y entonces pueden firmar conciertos con centros privados, algo que tiene que ser aprobado por el instituto público. El Tribunal de Cuentas está ahora auditando este tipo de conciertos de las mutuas.

En este tipo de contratos de colaboración hay que enmarcar esas clínicas a las que Fremap les garantizaba beneficios, independientemente del número de pacientes que recibieran. Así se admite en el registro de riesgos cuando se habla de ellos y se afirma que son “compromisos extrarreglamentarios realizados con clínicas concertadas destinados a cubrir una parte de sus reformas y gastos fijos, sin relación económica directa con el número de asistencias anuales prestadas”.

En la nota interna de auditoría, enviada a la dirección general y a la dirección de control y gestión desde el servicio auditor de la entidad, se mencionan casos en los que “se observa un elevado coste medio por paciente”. “Este hecho se produce al pactar un tanto alzado con un número reducido de asistencias”, continúa el documento, y menciona cinco casos. Entre ellos figura el de un centro en Carlet (Valencia). Este caso aparece en un documento elaborado en mayo de 2009 en que el director de servicios sanitarios y asistenciales, Francisco Miranda, remitía al presidente de la entidad, Mariano de Diego, un informe en el que se precisa la cantidad pagada en 2008 y en el primer trimestre de 2009 por este concierto: 92.817 euros, a una media de 450,57 euros por paciente; y 27.315, a 666,22 euros el paciente.

De Diego negó ayer en conversación telefónica con este diario conocer la nota interna: “No lo sé. Yo no puedo reportar de eso”. A pesar de ello, el oficio de remisión de este último documento, fechado el 15 de junio de 2009, comienza diciendo: “De acuerdo con tu solicitud, acompaño el informe de auditoría realizado el pasado mayo…”.

La preocupación en Fremap por la situación de los centros concertados se observa en las actas de la reunión de la comisión de conciertos. Por ejemplo, en una referente a una cita entre cuatro integrantes de esa comisión, celebrada el 3 de febrero de 2009, se lee un informe de auditoría, encargado por el presidente, referente a 11 centros. Entre ellos se hallan los de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o Illescas (Toledo), que en otro documento que recoge compromisos hasta 2007 y los “pagos a tanto alzado comunicados al MTAS [Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales]” y la “Evolución Real Facturación”. En él se ven discrepancias, entre ambos conceptos. Por ejemplo, por el centro de Alcázar de San Juan en 2005, 2006 y 2007 se informó al ministerio de pagos por 325.000, 370.000 y 420.000 euros, respectivamente, cuando la facturación real en esos años ascendió a 306.108, 440.638 y 117.624 euros.

Esta preocupación también se observa en el llamado “Registro de riesgos”, que contempla riesgos de tres tipos: patrimoniales, legales y de control interno. En el segundo de ellos, concretamente con el código número ocho, se citan los centros concertados y se recoge la voluntad de corregir la situación antes de diciembre de 2008.

La elaboración de todos estos documentos internos se produce a partir de 2007. Justo ese año, el sector se conmovió por la intervención de Mutua Universal, un hecho que inició una investigación judicial que ha acabado este año con el procesamiento de 11 exdirectivos por un fraude de 200 millones.

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