Nuevo intento de dinamizar el gasto tras varios fiascos

El plan estrella de la Comisión Juncker se suma a varios intentos por reactivar la inversión en los últimos años. El último, anunciado a bombo y platillo por los líderes europeos en junio de 2012, consistía en la adopción de una agenda de crecimiento valorada en 120.000 millones —algo más de un tercio de la cifra que ahora pone sobre la mesa— con un objetivo genérico: sacar a Europa de la larga crisis en la que estaba y está sumida, con un crecimiento “inteligente, inclusivo, sostenible, eficiente y creador de empleo”. No funcionó.

El plan que nació entre gran expectación y dos años y medio después será sustituido, de facto, sin pena ni gloria. Se ha mostrado como una herramienta relativamente eficiente en el plano legislativo, con progresos normativos en el desarrollo del mercado único, pero muy poco efectiva en el ámbito de la inversión, en el que la ausencia de acuerdo político Norte-sur y la nula implicación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha reducido al mínimo su potencial. Un dato lo resume todo: cuando se lanzó la tasa de inversión sobre PIB era superior en algo más de un 1% al dato de cierre de 2013.

Papel clave del BEI

El BEI, con un rol fundamental en el plan Juncker, también ha sido utilizado como piedra angular en anteriores ocasiones. El citado plan de 2012 iba acompañado de un aumento de 10.000 millones de euros en el capital del brazo financiero de la UE y preveía que esta cifra se disparase hasta los 60.000 millones gracias al efecto palanca.

Desde entonces el BEI ha aumentado su exposición al arco mediterráneo y muy especialmente a España, pero su participación sigue siendo insuficiente: la inversión total es similar a la que hacía antes de la crisis de deuda, en 2009. Y el BEI nunca ha optado por el riesgo: fuentes del Ejecutivo comunitario destacan que se ha limitado a competir con el sector privado para financiar los mejores proyectos.

El último intento de la Comisión Barroso tampoco funcionó: los denominados project bonds solo han financiado cinco proyectos —entre ellos el malogrado Castor, en España— en los últimos dos años. Anteriormente, ni el Fondo Margarita consiguió gran cosa —de 1.500 millones se quedó en 700 millones al estallar la crisis y apenas ha invertido en nueve proyectos—, ni las garantías para la creación de redes de transporte transnacionales (dentro del proyecto bautizado como Connecting Europe) terminaron de despegar, con apenas cinco proyectos en seis años.