Bruselas utilizará la información filtrada para investigar ‘LuxLeaks’

El departamento europeo de Competencia acerca la lupa sobre el denominado caso LuxLeaks, que salpica directamente a Jean-Claude Juncker. Bruselas ha anunciado este jueves que utilizará “legítimamente” la documentación filtrada sobre los pactos fiscales entre el Gobierno luxemburgués y empresas de la talla de Deutsche Bank o Procter & Gamble, para, llegado el caso, abrir un expediente contra el Estado luxemburgués. “Es información de mercado. Vamos a examinarla para evaluar si nos lleva a abrir nuevos casos”, ha afirmado en la capital comunitaria la recién nombrada comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación destapó hace dos semanas 340 acuerdos entre multinacionales y Luxemburgo que permitían a las empresas ahorrar millones de euros en impuesto de sociedades a cambio de tributar en el Gran Ducado, el país con mayor renta per cápita de la UE y lugar elegido por multitud de bancos y fondos de inversión como centro de operaciones en Europa.

“Nuestra prioridad ahora es centrarnos en los casos abiertos: dos en Luxemburgo, uno en Holanda y otro en Irlanda”, ha remarcado en referencia a las investigaciones en curso sobre los acuerdos fiscales con Fiat, Amazon, Starbucks y Apple, que seguían una arquitectura similar a la empleada en el caso LuxLeaks. El Ejecutivo comunitario pretende cerrar estos expedientes, como tarde y siempre según lo anunciado por Vestager, antes de junio de 2015. “Nos permitirá acumular mayor conocimiento sobre estos acuerdos”.

Aunque los pactos fiscales agresivos han encontrado un terreno especialmente fértil en el Gran Ducado, Holanda e Irlanda, el denominado tax ruling no se circunscribe a estos países. Vestager ha mencionado explícitamente otros dos países europeos sobre los que la opinión pública no suele poner el foco, pero que también están en el disparadero por acuerdos ad hoc con multinacionales: Bélgica y Reino Unido. Tal y como publicó este diario el pasado domingo, 22 de los 28 Estados de la UE han firmado pactos fiscales secretos con empresas.

La comisaria danesa ha puntualizado que, por sí mismos, los pactos fiscales son una “práctica común” no prohibida. “El problema surge cuando las compañías no son tratadas del mismo modo. Entonces sí sería una ilegalidad desde el punto de vista de la competencia”. 

Sin embargo, la implicación directa de Juncker, recién llegado a la presidencia de la Comisión Europea y exprimer ministro y responsable de Finanzas luxemburgués durante casi dos décadas, ha dotado al caso LuxLeaks de un realce propio. En este sentido, la titular de Competencia ha diferenciado entre las dos vertientes del caso: la de competencia —los acuerdos corren serio riesgo de ser considerados ayudas de Estado por Bruselas—; fiscal —el propio Juncker abogó la semana pasada en la Eurocámara por la homogeneización de las bases imponibles del Impuesto de Sociedades en los Veintiocho—. En la capital comunitaria, en cambio, una tercera planea con más fuerza que ninguna otra: la política. Con una moción de censura en ciernes, aunque debilitada por las credenciales de sus impulsores (Farage, Grillo y Le Pen), el trabajo de una Comisión que llegaba con el cartel de “muy política” se ha visto empañado incluso antes de presentar su publicitado plan de inversión.