La justicia de Estados Unidos coloca a Petrobras en su punto de mira

Raro es el día en que a Petrobras, la mayor empresa de Brasil y de América Latina, gestora pública del activo (petróleo) en el que el Gobierno de Dilma Rousseff ve “el pasaporte al futuro” del gigante sudamericano, no se le complica el panorama judicial. Tras haber protagonizado involuntariamente la reciente campaña electoral por una serie de detenciones, dimisiones y testimonios judiciales sobre corruptelas estimadas en miles de millones de dólares y un sistema bien engrasado de financiación irregular de los partidos políticos brasileños (en especial el Partido de los Trabajadores gobernante), la Justicia estadounidense ha comenzado una investigación contra la petrolera estatal por presunta corrupción, según informó el domingo el diario británico Financial Times. La presidenta Rousseff minimizó ayer en Doha la noticia y se limitó a afirmar que “Petrobras cotiza en la bolsa de Nueva York y es parte de las reglas del juego que sea investigada […] Estados Unidos tiene que inspeccionar si hay ciudadanos estadounidenses involucrados en alguna irregularidad”.

A tenor de lo publicado, el Departamento de Justicia analiza presuntas violaciones del Acta de Prácticas Extranjeras Corruptas (FCPA, por sus siglas en inglés), que “prohíbe ofrecer, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero”: en este caso concreto, sobornos de ciudadanos y empresas estadounidenses a funcionarios brasileños para conseguir ventajas comerciales con Petrobras. A su vez, la Comisión de Seguridad e Intercambios (SEC, por sus siglas en inglés), que regula el mercado de valores estadounidense, también habría abierto una investigación sobre los recibos de acciones (ADR) de Petrobras, que se negocian en Wall Street. Fuentes consultadas del Departamento de Justicia estadounidense evitaron ayer entrar en detalles: “Por una cuestión de política, generalmente ni confirmamos ni desmentimos si un asunto está siendo investigado”, dijo un portavoz a este periódico, informa Joan Faus. Por su parte, un portavoz de la Embajada brasileña en Washington aseguró no tener información acerca de una investigación.

Cuestionado por EL PAÍS sobre el tema, Petrobras aclaró a través de un comunicado que "desconoce cualquier investigación que se está realizando en el marco del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)." De acuerdo con el texto dado a conocer por la compañía estatal, "no hemos recibido la notificación de cualquiera de los dos cuerpos sobre la apertura de las investigaciones para identificar posibles violaciones de la ley de Estados Unidos, a la vista de las alegaciones formuladas en el marco de la 'Operación Lava Jato'". La nota dice que "Petrobras, a través de la oficina de Estados Unidos contrató para llevar a cabo investigaciones independientes, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, se ha puesto en contacto con los organismos estadounidenses, informando sobre el inicio de los trabajos para investigar esas denuncias en la empresa" .

Portavoces autorizados de Petrobras en Río de Janeiro afirmaron repetidamente a EL PAÍS durante los dos últimos días que la empresa ni desmiente ni confirma ni comenta, por el momento, la apertura de la investigación. Preguntado este lunes por el asunto, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, no negó las informaciones y subrayó que deben depurarse responsabilidades, “duela a quien duela”. “La Constitución brasileña determina la autodeterminación de los pueblos. Si los Estados Unidos han abierto una investigación, deben continuar, como está haciendo Brasil”, afirmó durante una reunión con alcaldes.

Los tribunales del país norteamericano pueden investigar a cualquier empresa extranjera que cotice en la Bolsa de Nueva York, como es el caso de la petrolera brasileña, cuyas acciones el lunes cayeron un 3,5%. Financial Times destaca que algunos de los presuntos delitos comenzaron cuando la empresa estaba dirigida por Dilma Rousseff, presidenta del Consejo de Administración entre 2003 y 2010, que afronta ahora su segundo mandato como presidenta de la nación. Bajo su mandato se ejecutó la polémica compraventa de una refinería en Pasadena, Texas, una de las operaciones que estaría detrás de la apertura del expediente en Estados Unidos (entre 2006 y 2012 Petrobras pagó 946 millones de euros por la propiedad total de la citada refinería, una cantidad 27 veces superior a la que había desembolsado dos años antes la belga Astra Oil).

Petrobras, que da trabajo a más de 86.000 personas y produce dos millones ochocientos mil barriles de petróleo al día, vive inmersa desde marzo en la ‘Operación Lava-Jato’ abierta por la Policía Federal brasileña, que ha dado un giro espectacular en las últimas semanas con los testimonios de tres delatores (su ex director de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa; el cambista y experto en lavado de dinero Alberto Youssef; y Julio Camargo, representante de una constructora con contratos por más de 1.200 millones de euros con Petrobras) que han revelado el funcionamiento de un complejo esquema de comisiones y lavado de dinero a cambio de una sensible reducción de su pena y la devolución de 175 millones de reales (55 millones de euros). Costa afirmó ante el juez que existía un sistema de sobornos institucionalizado y que el Partido de los Trabajadores se embolsó entre el 1% y el 3% de todos los contratos que se ejecutaron desde 2004 a 2012.

El presidente do Tribunal de Cuentas de la Unión, el ministro Augusto Nardes, afirmó ayer en un almuerzo con periodistas que las irregularidades encontradas hasta el momento en obras de Petrobras suman 3.000 millones de reales (940 millones de euros), lo que le convierte en “el mayor escándalo en la historia del Tribunal”. La Policía Federal de Brasil estima que la trama completa pudo desviar ilegalmente más de 3.400 millones de euros.