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Los expertos creen que la falta de demanda limita el plan empresarial

Las medidas se centran en reformas de impacto progresivo, difícil de aflorar a corto plazo

Presentación del informe del Consejo de Competitividad.
Presentación del informe del Consejo de Competitividad.

"Si yo tuviera una lámpara mágica, y solo pudiera pedir un deseo, lo tengo claro: más demanda". Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) llama así la atención sobre la principal dificultad que enfrenta el plan del Consejo Empresarial de la Competitividad para acelerar la creación de empleo. Porque las propuestas del consejo, que reúne a 17 de las mayores empresas españolas, para bajar la tasa de paro del 23% al 10,6% en cuatro años se concentran en reformas, en la oferta. "Son medidas que mejoran el potencial de crecimiento a medio y largo plazo, pero el problema ahora no es que falte capacidad productiva, sino que no se utiliza por falta de demanda", insiste Ángel Laborda, director del gabinete económico de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

El informe del Consejo de Competitividad traduce sus numerosas propuestas de mejora en las condiciones para crear y desarrollar empresas, para avanzar en el nivel educativo y la productividad, o para ganar eficiencia en la Administración en objetivos a alcanzar en cuatro años: igualar el promedio europeo en el tamaño de empresas, o las mejores prácticas de la OCDE en la eliminación a las barreras de la competencia, por ejemplo. Y por último, se estima el impacto positivo en el producto interior bruto (PIB) y empleo.

La conclusión del Consejo empresarial es que las propuestas lograrían un incremento adicional de 1,6 millones de puestos en cuatro años, que sumados a los 753.000 que estiman "en un escenario sin reformas y en un entorno de continuidad de la recuperación", resultarían en 2,3 millones de empleos más en 2018. Y la tasa de paro se situaría así en el 14,2% dentro de cuatro años. E incluso bajaría al 10,6% si "los niveles de fraude laboral tendieran al promedio de los países europeos", lo que generaría, según el informe, otros 800.000 empleos más.

Algunos de los objetivos propuestos evidencian la dificultad de encajar reformas a largo plazo en un periodo tan corto. Por ejemplo, la mejora en el empleo atribuida a un aumento del nivel educativo se liga a alcanzar un nivel "de excelencia", el de Finlandia, en los test PISA en cuatro años. O el avance en la economía del conocimiento a incrementar el gasto en I+D del 1,3% al 3% del PIB, cuando la aportación empresarial está muy por debajo del promedio europeo. En otros casos, sin embargo, como "situarse en 2018 entre las veinte primeras economías en el ranking del Doing Business", que valora las facilidades para hacer negocios, el avance sería ya menos ambicioso de lo propuesto: el informe parte del puesto alcanzado el año pasado (52), cuando este año España se situó ya en el 33, gracias a cambios metodológicos y a las reformas para facilitar la creación de empresas. 

"Medir el impacto en crecimiento y empleo de reformas estructurales en políticas de oferta en plazos tan cortos es muy complicado, los márgenes de error son muy amplios", señala Laborda. "Las reformas estructurales siempre son bienvenidas, pero todo lo que no sea lograr un impacto inmediato en mejorar aquí la renta de la gente y la renta exterior, singularmente la europea, parte de un diagnóstico equivocado sobre los obstáculos actuales al crecimiento", explica Ontiveros.

El presidente de AFI evoca la receta del presidente del BCE, Mario Draghi. "El obstáculo número uno es la insuficiencia de la demanda agregada. Eso se ataca con la continuidad de la expansión monetaria y la flexibilización del ajuste fiscal. También con el uso del margen fiscal donde sea posible [Alemania] para estimular la economía y con la movilización de recursos europeos, como el plan de inversión anunciado por la Comisión", señala Ontiveros, que recalca: "Lo que quieren las pymes ahora no es un crédito mejor, o una norma laboral más favorable, lo que necesitan son pedidos". En el menú de Draghi también se incluyen la necesidad de reformas estructurales, pero no por su impacto inmediato en la actividad económica. "Las grandes empresas españolas deben contribuir ahora a intensificar la acción diplomática de España en Europa, igual que defendieron la marca España ante los mercados financieros en los peores momentos de la crisis de deuda", añade. 

"Lo que quieren las pymes no es un crédito mejor o una norma laboral más favorable,  necesitan más pedidos", señala Emilio Ontiveros

Entre las propuestas del Consejo de Competitividad se incluyen objetivos como elevar el gasto público en educación, duplicar el presupuesto de las políticas activas de empleo, o reforzar la plantilla de inspectores laborales y fiscales, que suenan bien a oídos de los sindicatos. Y la referencia a otra posible reforma laboral, poco concreta, está ahora ligada a  otras reformas que fortalezcan la probabilidad de que se va a encontrar empleo (la llamada flexiseguridad). Pero Carlos Martín, del gabinete técnico de CC OO, no cree que la clave en la reducción del paro esté en aflorar empleo sumergido. "Ahora hay mucho menos que en la etapa del boom inmobiliario. Es lo que nos dice el desplome de sectores donde se concentraba este tipo de trabajo, como en la construcción, y también que la diferencia entre afiliaciones a la Seguridad Social y empleo declarado en la EPA es ahora mucho menor", afirma.

El objetivo de crear 2,3 milones de empleos de aquí a 2018 parte además de una previsión muy conservadora de cuántos puestos de trabajo se generarían sin las reformas propuestas en el informe. El Consejo de Competitividad anticipa que aumentaría en 750.000 empleos en cuatro años, cuando las estimaciones del Gobierno duplican el ritmo anual previsto.

En cuanto al ajuste fiscal, el plan de las grandes empresas refiere la necesidad de un ajuste adicional de 30.000 millones de euros hasta 2018, si bien reseñan que el Gobierno ya prevé medidas por valor de 20.000 millones en el programa de estabilidad, concentradas en el recorte de gasto en comunidades autónomas y entidades locales.

Entre las nuevas medidas, además de aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral, el Consejo de Competitividad reclama una mayor "racionalización y eficiencia del personal de las Administraciones Públicas", sin llegar a precisar si eso incluye un nuevo recorte de plantillas, o un plan de privatizaciones de empresas públicas que permita bajar la deuda en 35.000 millones y reducir así el peso del coste financiero en los presupuestos. También aconseja fusionar ayuntamientos y facilitar la subcontrata de servicios públicos en administraciones territoriales para ahorrar gastos.   

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