Cataluña lleva la privatización de AENA a Bruselas por “ayudas públicas”

El Gobierno de la Generalitat ha llevado a Bruselas la privatización parcial del gestor aeroportuario AENA para que se pronuncie sobre la "calificación de toda la red" como un "servicio económico de interés general" y acerca de las "ayudas de Estado" que suponen que "los aeropuertos rentables financien las pérdidas de los deficitarios". En dos cartas remitidas ayer a la Comisión Europea, el Ejecutivo catalán rechaza que toda la red aeroportuaria esté en manos de un único gestor y acusa al Gobierno central de estar dando "el primer paso" para crear "un monopolio privado sin ninguna garantía de futuro", lo cual perjudica a la competencia. Bruselas ha dado este viernes acuse de recibo de la queja de la Generalitat, según fuentes del Ejecutivo de Artur Mas.

Ante la inminente aprobación del folleto de la oferta pública de venta (OPV), que finalmente ha sido aplazada por un defecto formal, la Generalitat remitió una carta firmada por el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, según ha avanzado La Vanguardia. En ella, el consejero informaba de que la Generalitat ha decidido llevar la operación a Bruselas, por lo que le reclamaba que incluyera esa información en el folleto. En la misiva, Mas-Colell cita el informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado el pasado 2 de julio, que señalaba las "deficiencias" de la calificación de toda la red de aeropuertos como "servicio económico de interés general", puesto que carecía de "información justificativa" de que todos ellos cumplen esa misión. La CNMC, además, advertía de que los "reparos" que podía poner la Comisión a la operación.

La comunicación con Bruselas se realizó a través del director general de Política y Promoción Económica de la Generalitat, Albert Carné. Este mandó una carta al director general de Competencia de la Comisión, Alexander Italianer, y otra al director general adjunto de Ayudas de Estado, Gert-Jan Kroopman. En ellas, Carné expone la "importancia estratégica" del aeropuerto de Barcelona para "la competitividad" de la economía catalana y explica que el Gobierno catalán aprobó un acuerdo que expresa su "absoluta disconformidad" con el "modelo de regulación y gestión aeroportuaria" que supone la salida a Bolsa de AENA.

Carné recuerda que si bien las Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas permite "en algunos casos" definir "servicios de interés económico general", el Estado ha de justificar esa decisión. Ante la falta de argumentos para realizar dicha calificación, prosigue Carné, la CNMC ya advirtió de los reparos que podría poner la Comisión. El director general señala que ese modelo, que considera que "podría conducir a subsidios cruzados entre aeropuertos", consolidaría un modelo por el que las infraestructuras rentables sufragan los números rojos de las que no lo son. "Mantener un sistema de subsidios cruzados conlleva una serie de implicaciones desde la óptica de la promoción de la libre competencia que deben ser consideradas", añade.

El Gobierno catalán lleva años reclamando la gestión individualizada del aeropuerto del Prat. La Generalitat puso encima de la mesa un modelo en el que este fuera gobernado por un consorcio integrado por AENA, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio, en el que la parte catalana tuviera mayoría. El traspaso de esa competencia incluso se abordó en la negociación en el Congreso del actual Estatuto, aunque no llegó a fructificar.