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Un problema con el auditor hace encallar la salida a Bolsa de AENA

El Gobierno decide aplazar hasta 2015 una de sus operaciones estrella

Convocará un concurso público para elegir a una nueva firma que respalde las cuentas

Varios pasajeros, en el aeropuerto de Barajas.
Varios pasajeros, en el aeropuerto de Barajas. EFE

La privatización de AENA tendrá que esperar. Las diferencias entre miembros del Gobierno, cristalizadas en torno al papel del auditor en la operación, han dado al traste temporalmente con una operación llamada a ser la mayor privatización de los últimos 16 años. La posible salida a Bolsa de la compañía se deja para 2015, para febrero en el mejor de los casos, pero habrá que ver si entonces se dan las condiciones para que realmente se lleve a cabo. La fiasco ha provocado el malestar de firmas internacionales que participaban en la operación.

Todo estaba listo para dar el pistoletazo de salida a la venta del gestor de la red de aeropueertos. Pero el “tema meramente procedimental” que según dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, se iba a solucionar en unos días, ha impedido seguir adelante, para disgusto de los responsables de Fomento y de los directivos de AENA. El argumento esgrimido por fuentes del Gobierno para la suspensión de la oferta pública de venta (OPV) del 28% del capital es que no ha habido un concurso público para elegir al auditor  que firma la carta de patrocinio o respaldo de las cuentas (comfort letter) antes del salto al parqué.

La suspensión deja en evidencia las tensiones que existen entre los ministerios implicados y la falta de coordinación entre las áreas económicas del Gobierno. La comisión de seguimiento de la salida a Bolsa, un órgano donde están un representante de la Oficina Económica del Presidente, otro de Economía, un tercero de Hacienda y uno de Enaire, matriz de AENA, pidió a principios de semana la opinión del abogado del Estado sobre el “defecto formal” de haberse saltado el concurso público. La respuesta de los servicios jurídicos, para sorpresa de Fomento y de la propia AENA, no ha sido positiva. La negativa obliga ahora al Gobierno a convocar una licitación, algo que se hará a principios de la semana próxima, para elegir al auditor responsable de la comfort letter.

En centenares de privatizaciones y colocaciones en España y otros países, quien ha firmado esta carta ha sido el auditor habitual de la empresa sin necesidad de concurso. En este caso, al no haberse previsto la licitación, el auditor de AENA, PwC, también firmaba la comfort letter.

Fuentes cercanas a la operación atribuyen a Economía el origen de las dudas sobre el papel del auditor y las relacionan con que ese departamento multó a Deloitte por los trabajos que realizó para Bankia en los meses previos a su salida a Bolsa, cuando era su auditor, en contra del criterio del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que habían exigido algunos de esos trabajos. Otras fuentes desvinculan ambos casos y subrayan que aquellos trbajos eran mucho más amplios que la comfort letter, sobre cuya compatibilidad no hay la menor duda.

Se buscó una solución de emergencia hasta la madrugada del miércoles al jueves, que era que PwC rebajase la factura y que esta fuese asumida por los bancos colocadores, para que no fuera necesario el concurso y no se arruinase la operación. No sirvió de nada.

El concurso alterará todos los plazos. Ahora se maneja la opción de que AENA salga a Bolsa en la primera mitad de febrero de 2015, pero hay quienes ven riesgo en que se llegue a acometer la privatización.

Antes de la OPV, AENA había seleccionado a la familia March, a Ferrovial y al fondo británico TCI para comprar otro 21% de su capital. El convenio firmado con Fomento establece todo 2015 como periodo hábil para formalizar la venta. Los pliegos también dejaban en manos del Estado la opción de dar marcha atrás a la operación en cualquier momento sin necesidad de compensarlos.

La salida a Bolsa de AENA, operación en la que ya se han gastado siete millones solo en publicidad, era vendida desde el Gobierno como una prueba de fuego de que España había superado la crisis.

Aunque el precio de la OPV se debía fijar el 10 de noviembre, el rango de precios previsto iba de 41,5 a 53,5 euros por cada título de AENA, lo que suponía valorar la empresa entre 6.225 y 8.025 millones.

La privatización parcial de AENA no solo ha generado tensiones entre los miembros del Ejecutivo, sino que también ha enfrentado al Gobierno central con algunas autonomías. La más beligerante ha sido Cataluña, que este miércoles remitió una carta a Bruselas para que se pronuncie sobre la “calificación de toda la red” como un “servicio económico de interés general” y si el hecho de que de que “los aeropuertos rentables financien las pérdidas de los deficitarios” no suponen “ayudas de Estado”, informa Lluis Pellicer.