Un escándalo faraónico

¿Cuánto hay que invertir en Europa para recuperar la velocidad crucero de actividad y crear así empleo en medida aceptable? Al menos medio billón de euros. Así lo reconoció ayer el presidente electo de la Comisión, Jean Claude Juncker, ante la Eurocámara: “El nivel de inversión en la UE se redujo en algo menos de 500.000 millones de euros, es decir, el 20%, después de su punto culminante en 2007”.

¿Por qué se ha producido ese desplome? Por varias razones, atribuibles a los 28 Gobiernos, al BCE, a la Unión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Primero, cayó la inversión por culpa de la política de austeridad mal entendida: en vez de aplicar la necesaria frugalidad en el gasto público corriente, los Gobiernos optaron por el expediente más fácil de cortar de cuajo sus programas de inversión. Segunda, no remonta porque los planes de liquidez del BCE, de momento más tímidos que los de la Reserva Federal, aún no están en plena aplicación. Tercero, porque la menor inversión de los Estados no la compensa la Unión: pese a algún alza para la economía productiva, el paquete presupuestario 2014-2020 se redujo globalmente en un 3%. Y cuarto, porque instrumentos financieros públicos, como el BEI, en vez de invertir más, invierten menos: un escándalo faraónico.

Los Gobiernos, ya ven: París se amarra a Berlín para exigirle que a cambio de sajar su gasto en 50.000 millones, invierta por igual cantidad. Es un tango inédito, apasionante pero insuficiente. El BCE va cumpliendo —¡bravo!— los pasos que anunció, siempre bajo la torva mirada del siempre avieso Bundesbank.

¿Y la nueva Comisión? Juncker prometió ayer que acelerará la presentación de su plan de inversiones por 300.000 millones de euros. Que en vez de presentarlo para final de enero, en el plazo comprometido de tres meses desde que su equipo tome posesión el 1 de noviembre, lo hará antes de dos meses, por Navidad. Esta prisa es una buena noticia, porque el estancamiento y la recesión nunca esperan.

La incógnita más preocupante consiste en de dónde saldrá esa cantidad.

Apenas podrá salir del presupuesto, aprobado ayer en principio por la Cámara, a expensas de negociarlo con el Consejo. Pues, como apunta la eurodiputada ponente, Elder Gardiazábal, hay una cuestión previa urgente: “cubrir los pagos pendientes, a estudiantes Erasmus, a investigadores como los Nobeles de Medicina y a las pymes”, que podría realizarse con los 5.000 millones de ingresos extra producto de las multas de Competencia... “si no los reclaman para sí los 28 Gobiernos”.

Y además, el dinero que se preveía que los Estados no serían capaces de gastar —el Parlamento arrancó del Consejo que se quedaría en casa en vez de volver a las capitales— “se ha ido ejecutando últimamente al 100%”, indica Gardiazábal, por lo que habrá poco sobrante por ese concepto. De modo que, salvo mejor imaginación del travieso Juncker, quedan solo dos pozos a exprimir: endeudamiento sobre el presupuesto —aún no hay valor para eso— y créditos del BEI, combinados con la inversión que puedan generar desde el sector privado.

Vale (o no tanto). Pero cuidado, Jean-Claude, porque estaremos vigilantes. La experiencia del Pacto de Crecimiento y Empleo (PCE) de 2012 nos ha dejado escaldados. Entonces el Consejo Europeo nos prometió una inversión de 120.000 millones adicionales. La mitad vendría por una mejor movilización de los fondos estructurales del presupuesto: no han dejado traza apreciable alguna. La otra mitad, por un aumento de capital del BEI, en 10.000 millones, que aumentaría “su capacidad de préstamo global en 60.000 millones” al año, 180.000 millones en tres años.

Si ustedes quieren comprobar el cumplimiento de esa promesa, miren el propagandístico “Informe de actividad” del banco de 2013 y lo comparen con el de 2012. Imposible de establecer pautas homogéneas: para empezar, uno habla del Grupo BEI, el otro del BEI a secas. El presidente, Werner Hoyer, asegura que ha cubierto de sobra lo ordenado por sus jefes, los ministros de Hacienda, en un “esfuerzo impresionante”.

Pues será tan impresionante como cuantitativamente patético. Y como ridículo es el énfasis puesto por Hoyer —énfasis bien pagado con un sueldo de más de 20.000 euros mensuales, sin impuestos— a tenor de una realidad hiriente. El total de créditos otorgado en 2013 por el BEI (primer año en que el PCE le obligaba) se cifró en 71.700 millones de euros: bastante menos que los 79.000 millones de 2009 (fuente: su propia web, www.eib.org; apartado “Some facts and figures”). Y no alegue que no tiene demanda solvente: viene sobre todo de los Gobiernos. Ni que teme perder la calidad crediticia triple A: su ratio de capital asciende al 28,7%, triplicando largamente la de muchas entidades.

Lo dicho: el BEI, un escándalo faraónico.