Inversiones y seguridad jurídica en Iberoamérica

Como es notorio, la expansión de las empresas y bancos españoles en América Latina, ha situado a España como primer país europeo en inversión extranjera directa (IED) y en uno de los primeros del mundo en la región, solo por detrás de EEUU. En el período más reciente, la resistencia de América Latina a la crisis financiera global, los altos precios de las materias primas y las mejores perspectivas de crecimiento económico, han seguido haciendo de la región un destino atractivo y estratégico para las inversiones españolas que ascienden a 145.000 millones de euros (Banco de España), lo que refleja la importancia de la región para nuestras empresas, constituyendo un factor de soporte fundamental para las allí presentes, en un momento en el que la demanda en el mercado español y europeo se resiente dada la profundidad de la crisis económica.

Las empresas españolas tienden a invertir en países donde los derechos de propiedad se respetan en mayor medida. Otras inversiones, que se realizan asumiendo grandes riesgos, se explican por una mayor rentabilidad esperada. De tal manera que, la parte más importante de la inversión exterior, se destina a países industrializados o avanzados, y fuera de ellos se han especializado en América Latina, que presenta una matriz de riesgos relativamente compensada. Los destinos preferentes son Brasil (el más importante) y México (segundo en importancia), seguido por Chile. Aunque estos países concentran las preferencias inversoras, durante los últimos años se observa un repunte significativo hacia Colombia y Perú, así como a Panamá por el importante desarrollo de sus infraestructuras. Otros destinos que han resultados poco atractivos, están comenzando a ser valorados como potenciales destinos donde invertir, Ecuador y Bolivia.

Si la última década del siglo XX resultó exitosa para las inversiones españolas en América Latina, la primera década del siglo XXI se puede clasificar como prodigiosa para el crecimiento económico de la región y para el avance social: 70 millones de personas han abandonado la pobreza para insertarse en una dinámica clase media, que continúa aumentando. Durante esta década, España se ha consolidado como el principal inversor europeo en América Latina, y las empresas españolas como destacadas protagonistas. Este proceso, que posibilitó su internacionalización, tuvo sus comienzos durante los primeros años de 1990, siendo pioneros los sectores de banca, seguros, energía y telecomunicaciones, todos ellos claves para el crecimiento económico y desarrollo de los países latinoamericanos. Posteriormente se produjo una eclosión expansiva en los distintos sectores de actividad, tales como consultoría, tecnología, ingeniería, construcción, infraestructuras, concesiones, textil, hostelería y editorial, así como todo tipo de empresas medianas y pequeñas, aprovecharon esta dinámica y dieron comienzo a su internacionalización.

Toda esta dinámica, muestra la relevancia que ha adquirido la región para el tejido empresarial español en todas sus dimensiones, que no para de crecer. Así se confirma tras la reciente adquisición realizada por Gas Natural Unión Fenosa (octubre, 2014) sobre la eléctrica chilena Compañía General de Electricidad (CGE), una de las mayores eléctricas por un importe de 2.600 millones de euros.

Inversión en las dos direcciones

Aunque se ha producido una sucesiva disminución de las inversiones españolas a lo largo de la última década, en comparación con la última del siglo XX, tanto en términos absolutos como relativos, es posible que esta caída no se deba únicamente a la existencia de menores oportunidades, sino también por una percepción por parte de la empresa española de mayores riesgos políticos y de propiedad en algunos países. El análisis de los indicadores institucionales demuestra, que una parte de los países latinoamericanos, han mostrado durante el período 2000-2012, una mayor inestabilidad política, mayor mutabilidad del marco legal o menor cumplimiento con la ley que en la década anterior.

Sin embargo, también es cierto que muchos países han mejorado su protección de los derechos de propiedad y su marco de inversiones. Por tanto, la empresa española continuará comprometiendo capital en la región, si bien lo hará identificando aquellos entornos que ofrezcan una seguridad jurídica más apropiada para sus inversiones. Un análisis del marco legal, un estudio de la economía del país y del sector, la búsqueda de apoyo de instituciones, tanto en el país de origen como de destino, o contar con garantías contra el riesgo político, son algunos de los instrumentos que los inversores pueden emplear para mitigar riesgos según cada país, puesto que las diferencias entre ellos son manifiestas.

Por otra parte, se ha producido un fenómeno importante en América Latina y el Caribe, como ha sido la creación de las empresas multilatinas, fruto de los altos crecimientos registrados, que se han visto acompañados por una mayor calidad empresarial. De hecho, durante estos años con mayor intensidad y profundidad, las empresas representan el núcleo productivo que genera mayor riqueza, con indudable repercusión en el crecimiento como en el desarrollo de la región. El comportamiento de las multilatinas influye en la manera de actuar y sobre los resultados de la economía de los países, y, al mismo tiempo, moderniza sus actividades productivas; todo lo cual repercute favorablemente en el bienestar de los ciudadanos.

En consecuencia, las altas tasas de crecimiento conseguidas y su desarrollo empresarial, han impulsado una tendencia que ha justificado una aceleración de la llegada de inversiones hacía España, aprovechando las múltiples oportunidades y ventajas que se ofrecen. Entre las multilatinas y los grupos de inversores que más invierten en nuestro país, se encuentran los mexicanos, que se posicionan como las más activos e importantes en sectores como el cementero, bancario, transporte, alimentación y cárnico, le siguen los brasileños que lo hacen en textil, automoción y siderurgia, mientras Chile se encuentra activo en el inmobiliario. Por su parte Colombia ha elegido el sector bancario preferentemente, y Venezuela, ha protagonizado la más importante inversión en banca.

Este proceso inversor en ambas direcciones, resulta en sí mismo mutuamente estimulante y beneficioso, además España se convierte en la plataforma preferente de inversiones para Europa. Por tal motivo, es necesario apoyar y promocionar iniciativas conducentes a favorecer y dar seguridad a las inversiones, tanto por el lado económico como jurídico. En este sentido, el Consejo General del Notariado, consciente de la trascendencia que representa este esfuerzo inversor, así como de las consecuencias positivas que su profundización tiene para el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana, impulsa, junto con la Unión Internacional del Notariado, el fortalecimiento del principio de confianza mutua entre los Estados que la conforman, así como la aproximación de sus legislaciones en el ámbito de la fe pública y de la circulación de los documentos públicos.

A este objeto la implementación de las nuevas tecnologías constituye una apuesta estratégica del notariado iberoamericano, presentándose las nuevas tecnologías como perfectas aliadas para superar la limitación espacio–temporal, que, objetivamente, dificulta las relaciones entre los países ibéricos con los de América, y para incrementar el nivel de seguridad, con una drástica reducción de costes transaccionales.

Así, la intervención telemática de los notarios de diversos países iberoamericanos, a instancia de empresas o particulares de distinta nacionalidad, interesados en la perfección a distancia de un acto o contrato, tanto en la fase previa a la contratación de bienes y servicios, como en el momento del otorgamiento del consentimiento incorporado al documento público autorizado, no sólo añade garantías objetivas de legalidad, sino también aquellos efectos que de modo común le atribuyen los ordenamientos jurídicos iberoamericanos a tal documento público: fehaciencia y ejecutividad.

En tanto que esta iniciativa del notariado iberoamericano debe obtener el respaldo político, económico y social, han sido convocadas en Madrid por el Consejo General del Notariado y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, el Ministerio de Economía y Competitividad y Red Eléctrica de España, unas Jornadas, abiertas para la reflexión y el diálogo, tituladas: “Seguridad de las inversiones en Iberoamérica”

Ramón Casilda Béjar es profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá y Lorenzo Prats Albentosa es Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona