Hacienda refuerza el control sobre el gasto de los demás ministerios

Cristóbal Montoro, responsable de la cartera de Hacienda, estrecha el control sobre el gasto del resto de ministerios. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 recoge cambios en la redacción de la Ley General Presupuestaria —que regula cómo deben elaborarse las proyecciones de gastos e ingresos de las Administraciones públicas— por la que refuerza el poder de la Intervención General del Estado (IGAE) en caso “de debilidades, deficiencias, errores e incumplimiento que se pongan de manifiesto”.

El año pasado la IGAE lanzó un plan de auditorías y revisó las cuentas de cerca de 250 entidades del sector público estatal, organismos fundaciones y corporaciones públicas estatales. Entonces se destaparon irregularidades, deficiencias y errores e incumplimientos significativos. Por ejemplo, en las cuentas de Parques Nacionales. El 87% de los bienes que tenía contabilizado el organismo por valor de 247 millones “no están identificados y no se pueden comprobar por falta de control interno, si esos bienes existen y en qué condiciones de uso, por lo que no se ha podido evaluar el efecto que este hecho ha podido tener en las cuentas”.

La IGAE —el órgano, dependiente de Hacienda, encargado del control interno para la gestión económico-financiera del sector público estatal— encontró incidencias parecidas en otros organismos por no tener correctamente registradas o justificadas algunas subvenciones o en la adjudicación de contratos. El año pasado, por ejemplo, la IGAE halló pequeñas deficiencias en Loterías y Apuestas del Estado, el Museo del Prado, la Agencia de Cooperación Internacional, la Fundación ICO, FEVE, el Instituto Cervantes...

Pero también encontró otro tipo de irregularidades: “Las salvedades se basan en problemas de inmovilizado, al no tener inventario o tenerlo con errores significativos o por un registro incorrecto”, señala Hacienda en una nota, donde reconoce que también existen salvedades “por la falta de información”. Hacienda destaca las incertidumbres, errores e incumplimientos de algunas entidades del sector portuario. Como por ejemplo, el puerto de Málaga, donde la IGAE destacó que sus responsables no contabilizaron unas pérdidas extraordinarias de 5,3 millones de euros derivados de un sobrecoste en unas obras en el muelle de contenedores. La Intervención también resaltó algunas irregularidades en el Puerto de Valencia.

Para evitar estas situaciones, que un organismo público carezca de un registro actualizado de sus bienes, o tenga retrasos en la contabilidad de sus gastos, el Gobierno obligó a los ministerios a un plan de acción en el que que describa el problema y se aporten las soluciones que aflore la IGAE en los informes anuales de control financiero que elabora.

Ahora, el Gobierno aprovecha los Presupuestos para 2015 para modificar varios artículos de la Ley General Presupuestaria (artículos del 161 al 166) para reforzar el control de la IGAE en estos asuntos.

“El plan de acción se elaborará en el plazo de tres meses [...] y contendrá las medidas adoptadas por el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la IGAE y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas”, señala la nueva redacción del artículo introducida en los Presupuestos.

En este punto, la IGAE, dependiente de Hacienda, cobra más protagonismo: “El plan de acción será remitido a la IGAE, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Consejo de Ministros en el siguiente informe general”. Lo que se hace ahora es dar un rango de ley a un acuerdo que se adoptó hace un tiempo, explican fuentes del Ministerio de Hacienda.

Este cambio —que obliga a los ministerios a elaborar un informe sobre las irregularidades de sus departamentos y las posibles soluciones— se realiza porque la IGAE ha detectado que los informes periódicos que remite al Consejo de Ministros que reflejan las incidencias y debilidades de algunas entidades públicas “se vienen reiterando, sin que se adopten por los órganos gestores las medidas necesarias para su corrección o para evitar su repetición”.

Por otra parte, el Congreso podrá fiscalizar el reparto de la tarta de las inversiones públicas del Estado repartidas por comunidades autónomas. Los Presupuestos para 2015 contemplan que la IGAE remita con periodicidad semestral a las Cortes Generales “información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal”. Este nuevo suministro de la información sobre la ejecución de las inversiones del Estado territorializada era una de las solicitudes habituales del grupo de CiU en el Congreso.

Hasta ahora solo los Presupuestos Generales de cada año incluían un informe con la inversión pública estatal territorializada. Para el próximo año la inversión pública volverá a crecer en todas las comunidades tras varios años de retrocesos. Donde más aumentará será en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana.