El Supremo duda que la fiscalidad de las ‘stock options’ sea constitucional
Plantea una cuestión sobre una Ley de 2011 que fijó la retroactividad máxima a las opciones sobre acciones
![J. S. G.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6d9f7569-d69a-4297-a337-68506fb9c0d1.jpg?auth=5a47100af33bcc20e60088fafd19c40c8803915470b46c49210968bfccee156e&width=100&height=100&smart=true)
El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de constitucionalidad contra una Ley del año 2011 que impuso la retroactividad máxima a la tributación de las stocks options (opciones sobre acciones) en el IRPF del trabajador para los periodos posteriores al 4 de agosto de 2004.
La Sala Tercera del Tribunal Supremos señala en su auto que dicha disposición legal puede entrar en contradicción con el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución.
Es decir, la norma considera "que la exigencia de requisitos restrictivos no contenidos en la ley con carácter retroactivo desde el 4 de agosto de 2004, no resulta conforme con el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, toda vez que la Ley no puede, elevando el rango de las normas tributarias anteriores nulas, con efectos retroactivos, subsanar y convalidar los actos de aplicación de aquellas que por derivación son nulos".
En concreto el Supremo cuestiona la disposición 49.1 de la Ley de Economía Sostenible de 2011, que modificó la ley del IRPF de 2006 estableciendo condiciones para aplicar la reducción del 40% de la renta objeto de tributación en el caso de la fiscalidad de las stocks options que preveía esa misma Ley.
El alto tribunal considera que para resolver el recurso de una mujer que cobró y tributó por stock options de su empresa en 2007, el Constitucional debe decidir primero si fue constitucional regular por ley en 2011, con retroactividad máxima (aplicable desde 2004), esas tributaciones.
Asimismo, el Supremo subraya que la Ley cuestionada dio cobertura legal a lo establecido en normas reglamentarias anteriores que habían sido anuladas por el propio Tribunal Supremo.
El auto refleja el voto particular de uno de los siete magistrados del tribunal, que era partidario de no plantear la cuestión de inconstitucionalidad
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