¿Por qué el ajuste fiscal plantea dudas?

La senda de reducción del déficit que ha presentado el Gobierno de España para el período 2014-2017 no acaba de convencer a la Comisión Europea. Existen razones para ello. En primer lugar, la reducción del desequilibrio de las cuentas públicas en 5,5 puntos de Producto Interior Bruto (PIB) depende, en su mayor parte, de que la recuperación económica se consolide. Las previsiones disponibles son optimistas, pero están sujetas a una elevada incertidumbre. La dependencia económica de un entorno poco dinámico, como lo es hoy la Unión Europea; los elevados niveles de endeudamiento que mantienen empresas, familias y administraciones públicas; y la reducida tasa de inflación, que complica la metabolización de deudas expresadas en términos nominales, cuestionan el retorno rápido a tasas de crecimiento del PIB nominal próximas al 5%, que sería lo que necesitamos para que la normalización de los indicadores fiscales, laborales o de rentas se produzca en esta década.

En segundo lugar, el gobierno hace gravitar cuatro quintas partes del ajuste sobre el lado del gasto público. El incremento previsto de la recaudación tributaria contribuye poco al recorte del déficit y va a ser consecuencia de la mejora económica. Porque la anunciada reforma fiscal estructural y en profundidad parece que acabará siendo, más bien, una batería de rebajas tributarias con objetivos electoralistas y de corto plazo. Mirando las cifras de nuestros socios europeos, resulta evidente que, en la tarea de ajustar las cuentas públicas, el incremento de ingresos debería ser tan importante o más que la reducción de gasto.

En tercer lugar, porque las medidas concretas que se van a tomar para el recorte del peso del gasto sobre el PIB no están claras, más allá de que la tijera parece que va a concentrarse en la partida de remuneración de asalariados y las prestaciones sociales. El detalle del ajuste manifiestamente mejorable.

En particular, los ahorros previstos por la reforma de las administraciones públicas son, al menos, discutibles. Y ello, dejando al margen lo que puede pasarle a los servicios públicos si hasta el año 2018 seguimos recortando empleos y salarios y olvidándonos de las renovaciones de equipos humanos.

En definitiva, el gobierno debería revisar su plan de ajuste fiscal en dos direcciones. En primer lugar, buscando una mayor participación de los ingresos, con una reforma tributaria de fondo y ambiciosa, y que proporcione más recursos públicos. En segundo lugar, clarificando mejor las medidas que se van a tomar por el lado del gasto y evaluando la incidencia que tendrán para la calidad de los servicios públicos o la distribución de la renta, en el caso de las prestaciones sociales.

Y lo anterior debe acompañarse por una posición mucho más matizada en el lobby a favor de la austeridad fiscal que encabeza Merkel. Frente a la austeridad dogmática, una austeridad selectiva y graduada a escala europea. Porque si la consolidación fiscal española depende de la recuperación económica, esta pasa, a su vez, por menos austeridad y más expansión de la demanda a escala comunitaria y en los países de la Unión Europea con una situación fiscal más confortable.

Santiago Lago Peñas, es Catedrático de la Universidad de Vigo