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Hacienda estrecha el cerco sobre el fraude en las fundaciones

El ministerio introducirá algunos cambios en la Ley de Fundaciones que previsiblemente se aprobará este viernes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo. EFE

El Ministerio de Hacienda pretende acabar con las organizaciones que se benefician del especial régimen fiscal de las fundaciones para eludir impuestos. Para ello, introducirá algunos cambios en la Ley de Fundaciones que previsiblemente se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro pretende que las entidades sin ánimo de lucro diferencien claramente las actividades propias de la fundación de las actividades mercantiles que puede realizar como forma de financiación, según avanzaron el jueves fuentes de Hacienda.

El Ejecutivo justifica el cambio normativo para evitar que se utilicen las fundaciones para desarrollar actividades que no tienen que ver con los fines para las que fueron constituidas o que se generen entramados apoyados en la constitución de una fundación.

Entre las novedades que introduce Hacienda en el régimen de fundaciones se aclara aún más la obligación establecida en la Ley 50/2002 que regula a las fundaciones para destinar a los fines fundacionales al menos el 70% de los rendimientos obtenidos por la entidad. Para ello se computarán los beneficios generados por las actividades mercantiles y todos los demás ingresos que perciba la fundación por cualquier otro concepto.

De esta forma, se trata de evitar que estas entidades sin ánimo de lucro hagan negocio a costa de fines distintos para las que fueron creadas eludiendo impuestos que debían pagar con otra estructura.

La nueva normativa establecerá la obligación de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre aquellas fundaciones que no cumplan con este precepto.

Además, las fundaciones que reciban ayudas o subvenciones públicas tendrán la obligación de auditar sus cuentas. Asimismo se contempla la posibilidad de establecer la obligación de elaborar las cuentas y planes de actuación por medios electrónicos.