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El PSOE pide explicaciones por el freno a 35.000 jubilaciones anticipadas

La oposición presenta iniciativas en el Congreso contra el nuevo criterio de Empleo

Izquierda Plural plantea una nueva ley para reformar el retiro antes de tiempo

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una rueda de prensa el pasado julio en La Moncloa
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una rueda de prensa el pasado julio en La Moncloa Efe

Partidos de oposición y sindicatos han cargado contra el Gobierno por el cambio de criterio que retrasa en al menos dos años la jubilación de 35.000 despedidos individualmente antes de abril de 2013 que han suscrito un convenio especial de cotización. El PSOE ha presentado una petición para que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, explique en el Congreso los motivos de este cambio, acompañada de una pregunta parlamentaria. Y hoy registrará otra para que sea la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para dar los motivos de este nuevo criterio que retrasa la jubilación dos años o más de decenas de miles de trabajadores. Izquierda Plural, por su parte,  presentó una proposición de ley articulada que supone, en la práctica, la eliminación de la reforma de la jubilación anticipada de abril de 2013.

Tanto PSOE, como Izquierda Plural y CiU, en sus declaraciones optaron por subrayar las dudas legales que les genera el cambio de criterio del departamento que dirige Burgos. “Esta medida es jurídicamente muy discutible”, analizó la nueva responsable de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez. La también profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha explicó que la teoría jurídica dice que la suscripción de un convenio con la Seguridad Social pretende “mantener al cotizante en una situación de asimilada al alta [en el instituto público]”, pero “no son un alta nueva”. “Además”, añadió, que la medida es “injusta porque este cambio cae sobre los que están en peor situación”.

Para el portavoz en temas de Empleo de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, la medida es una más de “las barbaridades que ha puesto en marcha el PP con la reforma de la jubilación anticipada, que parecen estar guiadas por una mente sádica”, apuntó en su cuenta de Twitter. Poco después, su grupo presentó una proposición de ley en el Congreso que acaba con buena parte de la reforma de la jubilación anticipada del Gobierno del PP en abril de 2013. En ella, conserva las dos vías de acceso según sea el despido individual o colectivo, pero ya no castiga a los primeros con mayores coeficientes de reducción sobre la pensión. El texto también cierra la puerta a la nueva interpretación que hace la Seguridad Social y retrasa la jubilación de 35.000 firmantes de un convenio especial.

El objetivo de la propuesta, según figura en la exposición de motivos preparada, es garantizar “la efectividad del derecho [a la jubilación anticipada] teniendo en cuenta las posibilidades actuales de carreras de cotización, y, a la vez, mejorar la prestación económica a la que se tenga derecho, en función de la mayor contributividad”.

“No podemos compartir el cambio de criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No se ajusta a la legalidad y es especialmente injusto con aquellos trabajadores de más edad y de casi imposible recolocación”, lamentó Carles Campuzano, portavoz de CiU en temas laborales. “Plantearemos en el Congreso las correspondientes iniciativas parlamentarias”, anunció.

Por su parte, los sindicatos incidieron de nuevo en los argumentos expuestos el día antes. “Es una norma anticonstitucional”, atacó la responsable de Seguridad Social de UGT, Carmen López. “No podemos asumir que el Gobierno con una norma incumpla la ley y siga vulnerando el conjunto de derechos de los trabajadores”, señaló López, que exigió la rectificación del Ministerio de Empleo.

Enrique Marín, de CC OO, denunció que con el cambio de criterio la Seguridad Social deja a “decenas de miles de trabajadores” en una situación de “inseguridad jurídica”. Explica este sindicato que los afectados por este volantazo son “los trabajadores más desprotegidos”.

Los afectados se organizan

Noemí Navas es una graduada social que trabaja en Bilbao. Se enteró del cambio de criterio que impedía que gente como su padre, despedido individualmente antes de abril de 2013 y con un convenio especial suscrito, el 17 de junio, tres días después de que se emitiera. Ya ha comenzado los trámites para poner en marcha una asociación de afectados: “Tengo los estatutos en la mesa de mi despacho”. Está pensado en darla de alta en Madrid en septiembre, ya a la vuelta de las vacaciones.

Para eso, Noemí cuenta con Felipe de Frutos, un futuro afectado (tiene un convenio suscrito y, en teoría, le tocaba jubilarse en 2017), que se ha mostrado muy activo contra el nuevo criterio de la Seguridad Social en Internet. Creó un foro en porticolegal.com y posteriormente un grupo en Facebook, que ahora utilizan los afectados para organizarse y establecer contacto con la prensa.

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