El secesionismo catalán nubla el futuro

Entre tiras y aflojas, entre encuentros y desencuentros, el Gobierno catalán continúa —al menos de palabra— decidido a celebrar, el próximo 9 de noviembre, un referéndum de autodeterminación. Y conforme se acerca la fecha, aumenta la preocupación de las empresas acerca del futuro de la relación entre Cataluña y el resto de España y del efecto que puede tener sobre la estabilidad económica. Según el Barómetro de Empresas elaborado por Deloitte, un 58% de los empresarios encuestados afirmaron que el proceso independentista catalán perjudicará la marcha de la economía española, frente a un 28% que opina que no tendrá ningún efecto. Un 14% de los encuestados no sabe o no quiere contestar.

Aparte de la inestabilidad política que representa la amenaza de una secesión sin pacto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Cataluña representa un 16% de la población española y un 18,8% de su PIB. La independencia de la actual comunidad autónoma supondría un tajo en la importancia y peso del mercado español, y la salida de Cataluña de la UE tras la secesión —como ha advertido en repetidas ocasiones la Comisión Europea— cerraría las puertas del mercado comunitario a muchas compañías con base en la región.

Tanto Madrid como Barcelona han pedido abiertamente al empresariado catalán que se ponga de su lado en la pugna entablada a favor o en contra del proceso soberanista. Aunque varias organizaciones empresariales se han declarado partidarias de la autodeterminación, las principales prefieren insistir en una reforma fiscal que dé más peso a Cataluña a la hora de recaudar y gestionar sus presupuestos, y, por encima de todo, en que los Gobiernos español y catalán encaucen la crisis a través del diálogo. "La tentación de no hacer nada nos aboca a una solución de extremos", advirtió a Rajoy el pasado mes de mayo Antón Costas, presidente del Círculo de Economía.

La preocupación de los empresarios acerca de la actuación —o inacción— del Gobierno se extiende a otros sectores. Según Deloitte, los empresarios no aprueban la actuación del Ejecutivo en ninguno de los 12 aspectos de la política económica valorados por el sondeo.

La reforma del mercado laboral, una de las prioridades de la política económica del Ejecutivo de Mariano Rajoy, divide a los empresarios. Un 38% de los encuestados se declara en desacuerdo con la actuación del Gobierno en la liberalización del mercado de trabajo, frente a un 35% a favor.

Las empresas afirman estar mayoritariamente en desacuerdo con la política de investigación y desarrollo del Gobierno. Un 61% de los encuestados se declaran en desacuerdo con la forma en la que el Ejecutivo gestiona este sector, mientras que solo un 7% lo aprueba. Se suman así a las quejas de investigadores y rectores universitarios.

Principalmente, los empresarios se declaran en desacuerdo con las políticas de gasto público (por un 68% de los encuestados) y fiscalidad (un 66%). También rechazan mayoritariamente la posición del Ejecutivo respecto a las cotizaciones sociales, las políticas de sanidad y salud, la de pensiones y la de infraestructuras. El porcentaje de empresarios que se declara de acuerdo con la acción del Gobierno en estas políticas no supera el 20% en ninguno de los casos.

Principalmente, los empresarios se declaran en desacuerdo con las políticas de gasto público y fiscalidad

Todo esto hace que, en términos generales, la opinión de los empresarios sobre la política económica del Gobierno siga siendo mala, aunque, apuntan desde Deloitte, no tanto como en sondeos anteriores. Así, un 50% de los empresarios tiene una opinión mala o muy mala de la actuación del Ejecutivo en política económica, frente al 52% de hace seis meses.

Por otro lado, el 21% de los encuestados (frente al 20% de febrero) considera que la política económica es buena o muy buena (esta última respuesta solo obtuvo el 2% de las opiniones). Un 29% de los empresarios se declaró indiferente ante la actuación del Ejecutivo, frente al 28% registrado por el anterior sondeo.

Parecido escepticismo recibe la reforma fiscal presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a finales de junio. Entre otras medidas para las empresas, el Ejecutivo modificó el impuesto de sociedades —incluyendo una bajada del tipo impositivo del 30% al 25%— y creó una reserva de capitalización para apoyar el desendeudamiento, aunque ha retirado muchos de los beneficios fiscales. Para un 56% de los empresarios, esta reforma no aumentará la actividad económica, frente a un 33% que opina que sí. Un 11% no sabe o no contesta.

La propuesta del Gobierno de reformar el Código Penal para endurecer las penas contra la corrupción y el fraude es acogida por los empresarios con aún más escepticismo. Un 68% de los encuestados considera que esta reforma no ayudará a frenar la corrupción, frente a un 14% que cree que sí.

Para los empresarios, las variables de mayor impacto en la economía española se definen o controlan fuera

Para los empresarios, las variables de mayor impacto en la economía española no se definen o controlan desde España. Así, el anuncio por parte del Banco Central Europeo de una rebaja de los tipos de interés al 0,15% —el mínimo histórico— y una inyección de 400.000 millones de euros en el sector bancario sí ha sido acogido con optimismo por los empresarios. En concreto, un 55% de los encuestados afirma que las medidas de la institución encabezada por Mario Draghi servirán para reactivar el crédito, mientras que un 29% opina que no tendrán consecuencias.

Los consultados también creen mayoritariamente (un 78% de los encuestados) que el BCE no tocará más los tipos de interés hasta final de año. A pesar de la masiva inyección de capital, solo un 37% de los empresarios espera una depreciación del euro frente al dólar, mientras que un 50% cree que seguirá estable y un 13% considera que la moneda única ganará valor respecto a la divisa estadounidense. Aun así, el porcentaje de empresarios que creen que el euro va a depreciarse ha aumentado con respecto al 25% de hace seis meses.

El estudio de Deloitte se realizó entre junio y julio, fechas en las que la ofensiva islamista en el norte y centro de Irak habían llevado al petróleo a su precio más alto (alrededor de 115 dólares el barril de brent) desde septiembre de 2013. Tres cuartas partes de los encuestados creen que el crudo se mantendrá entre los 100 y los 120 dólares hasta final de año. A pesar de que, a finales de julio, el precio del barril ha caído a menos de 110 dólares, la creciente inestabilidad tanto en Oriente Próximo como en Ucrania —ambas regiones suministradoras de crudo— augura precios altos.

En una escala de uno a diez, el 47% de los empresarios encuestados cree que el efecto de la evolución económica de los países europeos tiene un impacto de ocho o más. Le sigue en importancia la evolución de los tipos de interés, con un 39% del total. Las medidas económicas y fiscales del Gobierno (un 35%) quedan en tercer lugar.