Competencia multa con 18,4 millones a Iberdrola y Endesa por cerrar Garoña

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa y responsable de la gestión de la central nuclear de Santa María de Garoña, una multa de 18,4 millones de euros por una infracción muy grave por “reducir, sin autorización, la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica”. En concreto, la multa se refiere al cese de la actividad en la citada central "con antelación a la fecha prevista, y sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran". Esta decisión redujo durante más de medio año la oferta de energía que llegaba al mercado mayorista (pool), donde la nuclear entra a coste cero.

Tal como subraya la CNMC, el consejo de administración de Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 "adoptar las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre de 2012”. A las 22,57 horas del día 16 de diciembre de 2012 se produjo la parada efectiva de la central. La decisión se adelantaba a la parada anunciada por el Gobierno, prevista para el 6 de julio de 2013.

Nuclenor justificó entonces la decisión por la entrada en vigor el 1 de enero de 2013 de los cambios en la fiscalidad energética decidida como paso previo a la reforma del sector eléctrico que aprobaría en julio de ese año. De esta forma, se gravaría la producción nuclear y el combustible atómico y dado que el cambio obliga a pagar por los elementos combustibles (en el caso de Garoña eran de cuatro centenares con un peso de 174 kilos cada uno), la empresa calculó que la nueva ley le obligaría a un pago de impuestos de 152,8 millones de euros. Esa cantidad superaba el patrimonio neto de Nuclenor, cifrado en 120 millones y dejaba a la sociedad en práctica quiebra.

Sin embargo, el regulador afirma que “la decisión de detener el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga de completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada”.

Por ese motivo la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), ahora subsumida en la CNMC, abrió expediente sancionador el pasado 25 de julio de 2013. Nuclenor ha anunciado que recurrirá ante la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Su argumento es que el cambio fiscal tenía la "entidad suficiente" como para ser considerada una "causa del todo imprevisible" y que, por tanto, entraba en sus competencias decidir la parada. Pese al nuevo recurso, las empresas participantes esperaban la sanción. Iberdrola ya había calculado que Nuclenor se enfrentaba a una multa de hasta 30 millones, como publicó EL PAÍS.

La central nuclear de Garoña tiene una potencia neta de 455,29 megawatios (MW), que no ha estado a disposición del sistema entre el 16 de diciembre de 2012 y el 6 de julio de 2013. El importe de la sanción, explica el organismo, "se ha calculado conforme a los criterios de graduación previstos en la Ley, en particular el daño causado y el beneficio ilícito obtenido, si bien el importe final queda limitado por la regla de máximos". Según esta, la cuantía de la multa no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, que en el caso de Nuclenor fue de 184 millones en 2011, último ejercicio completo antes del cese de actividad.

Garoña, que comenzó su actividad en 1971, es la nuclear más antigua de España que quedaba en funcionamiento tras el cierre de la de Zorita de los Canes. Tras el cierre en 2012, Nuclenor volvió a pedir el pasado mes de mayo la reapertura y solicitó alargar la vida de la central durante 17 años más, hasta el 2 de marzo de 2031. Para tomar esta decisión fue clave la aprobación previa de un decreto ley por parte del Ejecutivo que modificó la norma. En concreto, porque a partir de ese momento se establecía que el cierre de las centrales solo sería definitivo cuando se produjese por motivos de seguridad. Ahora, la decisión de la reapertura está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe decidir sobre las condiciones que tiene que cumplir Nuclenor para volver a poner el reactor en marcha.

La central de Garoña arrastra años de incertidumbre. El Gobierno socialista extendió el permiso, en 2009, cuatro años más. El cierre se fijó para el 6 de julio de 2013. Poco después Mariano Rajoy visitó la planta y afirmó que el PP no permitiría su clausura. En julio de 2012 su Ejejcutivo modificó el decreto de cierre y concedió a Nuclenor un plazo de dos meses para solicitar la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa propietaria envió cartas al Ministerio de Industria y a la CNE advirtiendo de la situación patrimonial de la empresa; pero no presentó la solicitud de continuidad. Alegó para ello incertidumbre sobre los impuestos y el elevado coste de las inversiones, hasta que echó el cierre en diciembre de aquel año.

Además de los impuestos, las nuevas exigencias de seguridad aprobadas tras el accidente nuclear de Fukushima supondrían más de 100 millones de euros para adaptar las instalaciones a estos requisitos.Los cálculos realizados sobre la conveniencia o no de mantener la central abierta arrojaban un saldo negativo que inclinó la balanza al cierre.