El Tribunal de Cuentas advierte sobre subcontrataciones en la Seguridad Social

El Tribunal de Cuentas teme que la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) esté subcontratando personal al margen de la legislación reguladora del acceso a la función pública a través de contratos de servicios de carácter informático, una situación que se ha dado al menos desde 2007 y que a su juicio demuestra que la "carencia de personal propio" se ha convertido en un "problema de carácter estructural" para este organismo.

Así se recoge en el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social durante el año 2010, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y en el que se incluyen una veintena de contratos de la GISS.

El Tribunal de Cuentas (organismo que a su vez está envuelto en polémica por el sistema de contratación irregular con el que ha estado alimentado su propia plantilla) llama la atención sobre un contrato en concreto, adjudicado mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación por un importe de 106,34 millones de euros, llama la atención del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, según consta en el informe.

Se trata del contrato de "mayor cuantía" celebrado por la Gerencia Informática en 2010 y responde a servicios de carácter informático necesarios en los distintos entornos de funcionamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), consistentes en tareas como apoyo en la planificación, ejecución análisis, diseño, construcción e implantación de aplicaciones o sistemas de información.

Según el Tribunal, la propia Gerencia Informática justificaba en la memoria del contrato que dados los "limitados recursos humanos propios" de los que dispone era necesario "complementarlos con personal de apoyo técnico contratado con empresas de servicios", lo que a juicio del organismo fiscalizador supone "asumir que se trata, en realidad, de contrataciones de personal realizadas a través de contratos de servicios para satisfacer las carencias de personal informático propio".

Una cuestión puesta de manifiesto en diferentes informes, y que de hecho proviene del año 2007, cuando se adjudicó un primer contrato de servicios informáticos que fue prorrogado hasta 2010 y sustituido entonces por el contrato que ahora analiza el Tribunal de Cuentas.

Es por eso que el órgano que preside Álvarez de Miranda sospecha que "el grado de dependencia tecnológica en el ámbito de la Seguridad Social con respecto de empresas de servicios informáticos, derivada de las carencias de personal propio, se ha convertido en un problema de carácter estructural", y advierte del "riesgo" de que la contratación de este tipo de servicios "pudiera derivar en una contratación de personal efectuada al margen de la legislación reguladora del acceso a la función pública y de la normativa laboral".

De hecho, según señala en el informe, los propios pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato preveían que, durante la ejecución de los trabajos, la Administración podría redistribuir las horas a realizar o variar la composición del equipo de trabajo, mientras que en los pliegos de prescripciones técnicas particulares se fijaban los horarios, las normas de control de presencia y que los servicios se prestarían en los locales de la propia GISS.

Es más, incluso se contemplaba que si la realización de las actividades recogidas en el contrato exigían menos personal del ofertado, la adjudicataria aportaría los trabajadores "sobrantes" a otros proyectos del mismo centro directivo donde hicieran falta empleados con similar preparación y experiencia.