El valor del tiempo

Esta semana volvía a la actualidad la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados en febrero. El día 1 de julio se acababa el plazo para la presentación de enmiendas al texto original, y se han recogido 169 enmiendas parciales que deberán ser debatidas este mes en la Comisión de Cultura.

Buena parte del debate sobre la LPI ha girado en torno a los controvertidos cambios en su artículo 32. La nueva redacción incluye el derecho irrenunciable de los editores de noticias a recibir una compensación equitativa por las actividades de agregación de contenidos informativos en Internet, lo que se ha conocido popularmente como el “canon AEDE”.

Las valoraciones del canon que han hecho diversas entidades públicas y privadas han centrado su defensa o sus críticas (según el caso) en el efecto sobre las empresas que producen contenidos editoriales y sobre aquellas que ofrecen servicios de agregación. Es indudable que hay mucho que analizar sobre el efecto que produciría la nueva legislación sobre un mercado en el que no parece haber ningún fallo, pero hay otro grupo de interés al que se le ha prestado insuficiente atención en las reflexiones de unos y otros. En efecto, cabe preguntarse cuál sería el impacto de la introducción de un canon de estas características sobre los ciudadanos o, más concretamente, sobre los internautas que actualmente leen noticias en línea.

Los agregadores cumplen una doble función ante los usuarios: por un lado, ponen a su alcance un abanico amplio de fuentes de información que difícilmente consultarían en otras condiciones. Por otro, reducen el tiempo necesario para encontrar las noticias que realmente quieren leer. Este efecto tiene un reflejo en la productividad de las personas, en la medida en que reducen los costes de búsqueda de información. Ahora bien, ¿cómo se puede medir este efecto desde el punto de vista económico?

Una de las técnicas más extendidas para calcular la pérdida de bienestar asociada al mayor consumo de tiempo consiste en asignarle un valor que se identifica con el coste de oportunidad que tiene cada persona (el valor de la mejor alternativa disponible). En mercados en los que el precio explícito pagado por un bien o servicio es muy bajo en comparación con el valor del tiempo necesario para disfrutarlo (como ocurre en Internet), este enfoque nos permite concretar los impactos.

Esta aproximación es la que hemos utilizado en el informe que Afi ha elaborado para la Coalición Pro Internet sobre los efectos económicos de la modificación de la LPI. La aprobación del canon AEDE conllevaría una caída del bienestar valorada en 1.133 millones de euros al año en nuestro escenario central. Básicamente, cada segundo adicional perdido en la búsqueda de una noticia impacta negativamente sobre el internauta promedio en 65,7 euros al año. Obviamente, esta cifra no sale directamente de nuestro bolsillo, pero quizá nos haga replantearnos el valor de nuestro tiempo y sirva para que el Gobierno reconsidere su propuesta en aras del interés general.

Álvaro Martín y Diego Vizcaíno son socios de Afi.