Las empresas recibirán 1.800 euros por cada joven parado al que contraten fijo

La principal herramienta para combatir el desempleo juvenil serán las ayudas a los empresarios para que contraten a jóvenes que ni trabajan ni estudian. El Gobierno ha dado luz verde a la llamada Garantía Juvenil de Empleo. La medida estrella del plan consiste en una bonificación mensual durante medio año de 300 euros por cada joven contratado indefinidamente que suponga un incremento de la plantilla de la empresa. Es decir, un abaratamiento en la contratación de 1.800 euros. No es la única ayuda, también se amplían las que hay para los contratos de formación y de prácticas. Y se añade la de los becarios que realizan algún tipo de práctica remunerada en empresas y universidades.

El paro en España alcanza a 881.400 jóvenes entre 16 y 24 años; en Europa, a 5,2 millones. Estos números han llevado a muchos políticos a hablar del riesgo de “una generación perdida”. Para combatirlo, la Unión Europea ha puesto en marcha la Garantía Juvenil de Empleo, inspirada en medidas adoptadas en años anteriores en Finlandia y Austria. Pero, según los cálculos de organismos internacionales, la iniciativa no parece todo lo ambiciosa que debería para afrontar el problema. Europa va a destinar a este programa 6.000 millones entre 2014 y 2020, pero la Organización Internacional del Trabajo eleva el dinero necesario hasta los 21.000 millones, el equivalente al 0,22% del PIB de la UE.

En España, el programa contará con 1.800 millones (900 procedentes del Fondo Social Europeo y 900 de nueva aportación) que llegarán entre 2014 y 2015. Podrán acogerse a él todos los jóvenes menores de 25 que no estudien ni trabajen. Esto reduce el número de potenciales beneficiarios a casi 550.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre.

A partir del lunes, los integrantes de este colectivo que lleven 30 días parados podrán inscribirse en un registro telemático que pondrá en marcha Empleo, y que, como explicó la ministra Fátima Báñez, lleva tiempo negociando con las comunidades autónomas. A partir de ahí, el Gobierno asume el compromiso de darles una ocupación en 90 días: un empleo, unas prácticas, actividades de formación... No obstante, como España supera el 20% de tasa de desempleo, la UE permite que este compromiso no adquiera la categoría de obligación. La garantía, en realidad, no es tal.

El paso que dio el Gobierno fue concretar cómo se va a gastar buena parte del dinero que va a llegar de Bruselas. Y a tenor de lo anunciado por Báñez, buena parte de él se irá a ayudas en forma de bonificaciones que abaratarán a los empresarios la contratación de jóvenes. El Ejecutivo no especificó la otra pata que, en teoría, complementa la Garantía Juvenil: la de una oferta formativa para los jóvenes que lleven cuatro meses sin estudiar o trabajar que deberá contar ser de 150 horas para personas sin formación o experiencia y de 90 horas para quienes tengan que completar su cualificación.

La ayuda más importante consiste en bonificar la contratación de los jóvenes inscritos en este nuevo registro telemático con 300 euros durante seis meses, la tarifa joven, según la denominación de Empleo. Los requisitos para percibirla, a falta de conocerse los detalles que se publiquen en el BOE, son dos: que suponga un aumento de la plantilla de la empresa y que sea un contrato indefinido. No obstante, el empresario solo tiene la obligación de mantener el compromiso laboral durante medio año. Dicho de otra forma, si el despido llega a los seis meses y un día, el empresario no tendrá que devolver la ayuda.

Esta bonificación será compatible con las ayudas que ya existen, como la tarifa plana. Es decir, ambas podrán acumularse. Sin embargo, el Gobierno advierte de que si la suma de las rebajas y las bonificaciones hace que la cotización salga gratis al empresario e incluso sobre dinero, este no podrá percibir el excedente.

También hay nuevas bonificaciones para los contratos de prácticas. Este tipo de compromisos ya contaba con una reducción del 50% en las contingencias comunes (pensiones y enfermedades comunes) de las cotizaciones desde el año pasado, ahora se le añadirá el 50% restante. Al ser bonificaciones, esto supone que el empresario se ahorra la cotización, pero la asume erario público. También los contratos de formación y los de tiempo parcial que cuenten con una parte de la jornada vinculada a formación ven cómo se les amplía las ayudas con las que ya contaban.

La lista de bonificaciones creadas se completa con la de los becarios. Desde hace meses el Ministerio de Empleo y el de Educación mantenían una batalla soterrada por la cotización de los becarios. El primero estaba a favor de su mantenimiento; el segundo quería acabar con ella. Al final, se ha optado por una solución que contenta ambos. Se mantiene la cotización, pero se bonifica al 100%, con lo que universidades y empresarios no tendrán que pagar. Los 25 euros mensuales que cuesta saldrán del erario público.

Las bonificaciones a la contratación no cuentan con mucho apoyo entre la comunidad académica, sobre todo cuando se generalizan, puesto que al no priorizar a un colectivo pierden su efecto. Esta crítica pierde sentido en este caso porque las ayudas están focalizadas en los jóvenes. No obstante, tampoco el respaldo es amplio cuando se trata de estimular la contratación indefinida. En este caso, las investigaciones económicas han concluido que los puestos de trabajo indefinidos creados al amparo de ayudas a la contratación son menos estables que los otros.

Tras el anuncio del Gobierno, los sindicatos criticaron la medida aprobada: CC OO lo hizo por considerarla insuficiente; UGT, por falta de concreción. Por su parte, Cepyme, la patronal de las pymes, calificó las ayudas de “muy convenientes”.