Una reforma fiscal en 600 palabras

"Rebaja fiscal para todos”. “Mayor rebaja para rentas medias y bajas”. “Las rentas del trabajo de menos de 12.000 euros no pagarán el IRPF”. Traducción: 300 euros (o menos) de ahorro para un pobre, 3.000 euros (o más) para un rico, lo que significa 3.300 euros menos en sanidad, educación o ayudas a los dependientes (¡6.000 millones en global!) ¿Quién sale ganando? Por cierto, los salarios inferiores a 11.200 euros ya no pagaban el IRPF antes de la reforma. Ah, y si su salario neto (o pensión, o prestación por desempleo, o renta como autónomo) está entre 11.250 euros y 14.450, por cada euro de más que gane tendrá que pagar 43 céntimos (razón: Artículo 11 del anteproyecto). Sí, un tipo real del 43%, casi como si fueses millonario.

“Reducción de la tarifa a 5 tramos y rebaja de tipos”. “El tipo mínimo se reduce del 24,75% al 19%”. “Rebaja media de la tributación de un 12,5%”. Realidad: el IRPF es legalmente un impuesto compartido al 50% por la Administración central y las CC AA, cada nivel de gobierno es así responsable de sus decisiones en cuanto a cómo financiar los gastos que tiene atribuidos (corresponsabilidad), única forma de conseguir que funcionen las ventajas de la descentralización, conjugando su cercanía a los ciudadanos y su control democrático. Sin embargo, al Gobierno no parece que esto le importe, ni que respete las competencias de las CC AA; ha vendido la reforma suponiendo que todas seguirán (gratis) sus pautas. En el anteproyecto, lo único que hay es una bajada de la parte estatal de la tarifa, por ejemplo, en 2016 desde el 12,75% (12% más el recargo de 0,75% aprobado por el PP desde 2012) al 9,5%, con lo que el tipo mínimo (sumando el 12% autonómico) quedaría, en general, en el 21,5%. En resumen, la nueva tarifa el número de tramos, la rebaja del 12,5% y todos sus ejemplos de rebaja fiscal son, por ahora, una ficción.

Si sus rentas son altas o es especulador a corto plazo, no se preocupe, todos los cambios van a su favor

“Neutralidad e incentivos al ahorro”. Parece que los tipos se reducen, pero cuidado con las sorpresas. Si como pequeño ahorrador decide invertir en acciones, a partir de la reforma el gravamen real de los dividendos va a ser como mínimo del 40% al eliminarse la exención que atenuaba la doble imposición; por otra parte, si piensa vender un piso que, por ejemplo, heredó de sus padres, comprado hace 20 años por 60.000 euros, debe saber que si espera a que se apruebe la reforma, tendrá que pagar unos 5.000 euros más por la plusvalía, al eliminarse la corrección de la inflación. Si sus rentas son altas o es especulador a corto plazo, no se preocupe, todos los cambios van a su favor.

Y todo esto (y más que no hay espacio para comentar) entrará plenamente en vigor en 2016, así que parte del valor de su voto en 2015 también se lo han “rebajado”. Por supuesto, hay algunas medidas positivas (en relación con la dación en pago, las preferentes o las aportaciones a planes de pensiones privados, por ejemplo) y sería injusto no reconocerlo.

Pero lo peor es lo que no está en el proyecto. Las rentas del trabajo seguirán pagando más que las del capital, la riqueza continuará pudiendo ocultar sus rendimientos a través de Sicavs o sociedades interpuestas, los medios y la legislación para la lucha contra el fraude seguirán siendo insuficientes, las políticas de familia o asistencia continuarán sin llegar a los más necesitados. Y para 2016 tenemos que rebajar el déficit en 30.000 millones de euros. Vamos a necesitar más de 600 palabras… y otra reforma fiscal.

Santiago Díaz de Sarralde es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.