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Arturo entrega la cuchara

El líder de la patronal madrileña, que forjó un imperio hostelero con don de gentes e influencias políticas, ultima la venta de su empresa, en concurso de acreedores

En primera línea, de izquierda a derecha, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto de CEIM en 2010. Ampliar foto
En primera línea, de izquierda a derecha, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto de CEIM en 2010.

Arturo Fernández (Madrid, 1945) es un tipo simpático; adinerado de cuna y sin hijos; forjador de uno de los principales grupos hosteleros; capaz de llevarse bien con el Real Madrid y con el Atlético, con el PSOE y con el PP, para hacer negocio con todos; muy influyente en el Gobierno regional y correa de transmisión de la influencia de éste entre los empresarios madrileños, a los que preside desde la patronal y la Cámara de Comercio. Y, desde hace un par de años, un hombre atribulado por las dificultades económicas de su sociedad, de la que está a punto de desprenderse, y que entró en preconcurso de acreedores esta semana, arrastra una deuda millonaria y un historial de embargos con Hacienda y la Seguridad Social, y está perdiendo las concesiones administrativas que le dieron renombre e influencia.

Fernández remonta el origen de su empresa a 1898, cuando su abuelo creó la Armería Arturo y el club de tiro Cantoblanco, a 14 kilómetros de Madrid. Allí abrió su primer comedor, y allí germinó el Grupo Arturo Cantoblanco, que emplea a 1.100 personas y gestiona cinco restaurantes, cinco áreas de servicio y unos 50 centros (incluidos hoteles y colegios), la mayoría en régimen de concesión (un 15%, públicas). En sus mejores momentos, ha dado de comer al Congreso, la Asamblea madrileña, ministerios, AENA, el Teatro Real, el Club de Campo municipal, hospitales y colegios públicos, Telemadrid, Ifema y hasta la Cámara de Comercio, que él preside.

La empresa “ha pasado etapas mejores, peores y la de 2013”, dijo Fernández en mayo. Hace meses estuvo a punto de vender el 51% del grupo por 50 millones, pero la operación se frustró. El 100% del capital sigue en sus manos, pero en mayo abandonó la presidencia ejecutiva en favor de un administrador único, Antonio Arenas, un abogado especializado en reestructuraciones empresariales.

La mayoría de empresas del grupo pidió hace unos días el preconcurso de acreedores, en tanto Arenas decide qué actividades del negocio abandonar. Y está cerca de firmarse un proceso de management buy out, por el cual los actuales gestores y parte de los trabajadores adquirirían una participación mayoritaria a Fernández.

El negocio nació con su abuelo y prosperó con su padre, pero fue el nieto quién lo convirtió en uno de los más importantes del país.

Tras su aura campechana y la imagen frívola que cultiva, se esconde un empresario atento a los detalles que controla cada recoveco del negocio. El mismo definió su don de gentes en una entrevista con EL PAÍS: “Yo soy afable, lo que me divierte es tener amigos y no dejar ningún cadáver en la cuneta. Intento hacer favores porque, egoístamente, si tú me pides uno y yo lo hago, estás en deuda”.

El grupo comenzó a despegar con la concesión en 1996 del servicio de restauración del Congreso, y por ello fue tan significativo que la perdiera en noviembre. “Tenía la adjudicación desde los tiempos de Felipe González. Fue la puerta de un imperio que llegó a dar 30.000 comidas diarias. Ofrecía mucha calidad a un precio competitivo, pero en los últimos años ha ajustado los márgenes”, señalan autoridades que le conocen bien.

Sus adversarios añaden que su auge se sustentó en ofertas temerarias que ahora, en tiempos de vacas flacas, está pagando.

“Mimaba mucho lo que se hacía en el Congreso, quería que los políticos vieran de lo que era capaz. Así como se convirtió en una leyenda de la restauración”, señalan políticos que le conocen bien. De la restauración especializada en dar de comer a la Administración, un campo donde el crecimiento es exponencial: “Cuantas más empresas controlas, más puntos tienes en una concesión pública”, dicen fuentes del sector.

Contribuyó a alimentar esta fama su restaurante en Príncipe de Vergara, a cuyos reservados acudían políticos y ministros de PP y PSOE. “Ahora aparece más vinculado al PP, pero siempre ha mantenido buenas relaciones con todo el mundo. ¡Pero si lleva la cafetería de la sede de UGT!”, enfatizan varias fuentes consultadas.

“Con Alberto Ruiz-Gallardón [1995-2003] como presidente regional estuvo en un segundo plano. Pero cuando llegó Aguirre, en 2003, [2003-2012] decidió saltar al primer plano”, indican fuentes del PP regional.

Fernández asumió la presidencia de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) en 2007, en sustitución de Gerardo Díaz Ferrán. Fue el único candidato; entonces Madrid tenía pleno empleo, y Fernández creía que el gran problema del empresariado era lograr trabajadores.

Siete años después, la tasa de paro supera el 21% en la región. Fernández fue reelegido el pasado mayo, pero por primera vez en la historia de la patronal madrileña tuvo rival. Hilario Alfaro, presidente de los comerciantes, le plantó cara sobre tres premisas: la falta de ejemplaridad de un líder imputado por la justicia (por el caso Bankia, al haber formado parte del consejo de la caja por su cargo en la patronal); la excesiva proximidad y, en su opinión, dependencia de Fernández del poder político; y la necesidad de limitar el número de mandatos y hacer incompatible la presidencia de CEIM y de la Cámara de Comercio.

Fernández se puso al frente de la Cámara en 2010 con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su presidente, Juan Rosell, lo defendió en mayo a ante las acusaciones de connivencia con el poder: “Los empresarios debemos estar próximos a los partidos en el Gobierno, son los que pueden hacer reformas”.

En el caso de Fernández, esa proximidad no sólo se sustenta en su “amistad íntima” con Esperanza Aguirre, líder del PP madrileño y presidenta regional hasta 2012, a la que conoce del Colegio Británico. Su número dos en CEIM era Lourdes Cavero, esposa del actual líder autonómico, Ignacio González. Dimitió poco antes de las elecciones, cuando su posición empezó a causar daño político a González.

Fernández tuvo el apoyo pleno de González y de Rosell en las elecciones de mayo. El líder de la CEOE, que cuenta con Fernández como vicepresidente y “querido amigo”, se implicó personalmente en la campaña, un respaldo que fuentes empresariales ligan a la necesidad de atar su propio futuro en los comicios nacionales de diciembre.

Sin embargo, este respaldo político y empresarial —que incluye su buena relación con los Reyes, don Juan Carlos y don Felipe— no es tan cerrado como antaño. Ganó las elecciones con el 62,5% de votos, lo que le ha permitido limpiar de rebeldes la patronal pese a su llamada a la unidad tras los comicios. Pero no ha podido librarse de las presiones, antes y después de la votación, para desplazarle de la presidencia en favor de su nuevo número dos, Juan Pablo Lázaro, empresario también de total confianza de González pero sin las sombras que acechan ahora a Fernández. El hostelero ha reiterado que agotará su mandato. Entre esas sombras, destacan las denuncias de trabajadores de pagos en negro, que pusieron en un brete su puesto en CEIM y llegaron a ser investigadas por la Fiscalía.O el reciente escándalo de los cursos de formación de asociaciones empresariales integradas en CEIM.

La pérdida de la concesión del Congreso fue el primer signo de su declive. Fernández acumula una deuda millonaria con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria; en el primer caso, ascendía a 1,6 millones de euros en diciembre, aunque ha negociado su aplazamiento. En noviembre, la Agencia Tributaria remitió una diligencia al Congreso para recuperar un pago pendiente de 416.865 euros. Ese mismo mes, Feria de Madrid (controlada por la Comunidad y el Ayuntamiento) rescindió su contrato con Fernández por otra deuda de 1,27 millones. Recientemente ha perdido también el Club de Campo (controlado por el Ayuntamiento), al que debía 300.000 euros, y fuentes empresariales ponen en duda que vaya a mantener el Teatro Real.