España privatiza el 49% de su red de aeropuertos

El Gobierno lanzó este viernes la privatización parcial de AENA Aeropuertos tras cuatro años en los que la crisis, la indefinición política y la propia situación del ente habían frenado la operación. Para el Estado, la venta del 49% del capital de la sociedad que además de gestionar la red tiene en propiedad la gran mayoría de los aeropuertos del país, supone la privatización más importante de los últimos 16 años.

El motivo que ha llevado al Gobierno a desprenderse de la mitad de la empresa pública, según justificó la ministra de Fomento, Ana Pastor, es prepararla para competir en el mercado exterior. Eso sí, sin perder su control y, por tanto, garantizando que seguirá gestionando toda la red y cumpliendo con la condición de servicio público del transporte aéreo. Sin embargo, tanto desde la oposición como desde los sindicatos rechazaron este argumento y denunciaron que la verdadera razón es “repartirse el pastel” del negocio aeroportuario ahora que ha logrado ser rentable y temen que los usuarios salgan perjudicados.

El ente público ha vivido un profundo cambio en los últimos años desde que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el proyecto de salir al mercado y creó, un año después, AENA Aeropuertos, responsable de 46 aeródromos y dos helipuertos. La filial entró en beneficios con 597 millones en 2013 tras un duro proceso de ajustes, un ERE que afectó a 1.200 trabajadores y la reducción de deuda a marchas forzadas con un tijeretazo del 20% en dos años. Sin embargo, según el planteamiento del actual Ejecutivo, necesita socios privados para salir al exterior ya que, por lo que respecta a la gestión, ha demostrado que ya es un referente internacional.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra explicó que la entrada de los inversores se llevará a cabo en dos fases. En la primera, en la que Fomento buscará lo que Pastor calificó como “núcleo estable” de accionistas, se colocará el 21% de la sociedad.

El Gobierno tenía planteado que estos inversores de referencia firmasen un compromiso de permanencia de tres años, aunque la responsable del departamento no comentó nada al respecto. Por el contrario, Pastor sí confirmó que la elección de estos inversores se realizará por concurso y derecho de concurrencia, mientras fuentes de su departamento concretaron que se primará el valor ofertado y el compromiso de tiempo. No obstante, sigue en el aire si, dado que la propuesta de precio solo es orientativa y que, por tanto, se corre el riego de hinchar las valoraciones, se establecerá algún tipo de tope que inhabilite las ofertas exageradas. Según el calendario que maneja Fomento, que prevé cambiar la normativa para fijar revisiones de las tarifas cada cinco años, la selección estará hecha en septiembre.

En la segunda fase, continuó la ministra, se venderá a través de una oferta pública el 28% del capital de AENA, que será el porcentaje que se negocie en Bolsa. A esta operación podrán acudir inversores minoritarios. El folleto de la operación se publicará en octubre en la CNMV y, si todo sale según lo previsto por el Gobierno, la nueva AENA con capital público y privado empezará a cotizar en el parqué el próximo noviembre.

El Estado ingresará 2.450 millones de euros con la operación

En cuanto al valor que la empresa tendrá en el mercado, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, comentó en una reciente entrevista con EL PAÍS que, usando como referencia aeropuertos similares, su cotización es de 10 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda). “Creo que podríamos hablar fácilmente de unos 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta que el Ebitda superó los 1.600 millones el año pasado, y a esto habría que descontar la deuda de la compañía, aún muy relevante, pues supera los 11.000 millones”, añadió. Por tanto, bajo estos parámetros, la operación permitiría al Estado captar unos 2.450 millones de euros. Estos fondos, aunque no pueden destinarse a financiar gasto corriente sino a inversión, ayudarían a aliviar la delicada situación de las arcas públicas y a reducir el déficit.

No obstante, la valoración podría aumentar en un futuro a tenor de la tendencia al alza del Ebitda de AENA, superior al de sus homólogos europeos, aunque no se acercará a los 30.000 millones que calculó el anterior Gobierno. Según fuentes del mercado, el resultado de explotación podría llegar a los 1.750 millones este año y fuentes sindicales admiten que la evolución del negocio está siendo “espectacular” gracias al tirón del turismo. Por este motivo, desde los representantes de los trabajadores no entienden ni las formas ni los argumentos esgrimidos.

El 21% se colocará entre inversores estables y el 28% se sacará al parqué

“No comprendemos los motivos salvo que sea para satisfacer los intereses de los especuladores”, denunció desde CC OO José Manuel Lorenzo, portavoz de este sindicato en AENA. En su opinión, la entrada de socios privados, además de suponer una amenaza de más recortes, facilitará incrementos de las tasas y hará que decisiones como la de congelar las tarifas para 2015 por la presión de las aerolíneas sean inviables. Su homólogo en UGT, Raúl Comas, denunció que la propuesta supone “una nueva improvisación del Gobierno”.

Pero, para la ministra, “el objetivo de la reforma es mejorar la calidad del servicio”. Pastor, que ha usado para la privatización la misma ley de 2010, también rechazó las críticas de los socialistas, que exigieron que AENA permanezca en manos públicas con el argumento de que su propuesta, que pasaba por vender solo los grandes aeropuertos y dejar la deuda pendiente del Estado, era inviable. Pese a ello, el plan del anterior Ejecutivo también gustaba más a las empresas, que ahora tendrán que aceptar una posición minoritaria en la sociedad resultante y hacerse cargo de toda la red, incluidos los aeródromos no rentables, para compartir los beneficios.

Según los archivos de la SEPI, el Estado ha realizado hasta la fecha 29 privatizaciones a partir de ofertas públicas de venta (OPV) como la que ahora plantea para AENA. Gracias a ellas, ha ingresado en torno a 32.000 millones de euros, principalmente gracias a las privatizaciones realizadas en los años 1997 y 1998 de antiguos grandes monopolios, como Telefónica, y Endesa. Con la venta de la eléctrica, que se llevó a cabo en dos fases, la SEPI ingresó unos 10.000 millones. La privatización en 1997 del 21% de Telefónica, participada por Patrimonio, reportó unos 3.700 millones de euros; el 29,2% de Argentaria, en febrero de 1998, otros 2.200 millones y, con la venta del 54% de Tabacalera en 1998, el Estado recaudó alrededor de 1.700 millones.

Por el camino se quedó la privatización de Loterías, valorada en más de 20.000 millones por el Gobierno pero cuya salida a Bolsa quedó frustrada por la virulencia de la crisis.