El Gobierno amplía el fondo de rescate para las comunidades en 3.000 millones

La mayor parte de esta inyección de liquidez irá para que Cataluña y la Comunidad Valenciana paguen a las farmacias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Gobierno ha acordado ampliar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 3.000 millones de euros, que se destinarán principalmente a Cataluña y la Comunidad Valenciana para facilitarles el pago de las deudas pendientes con las farmacias, según ha avanzado este jueves el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El responsable gubernamental ha explicado que el objetivo de la ampliación es "avanzar en el pago de facturas, en especial a los sectores más desfavorecidos en materia de pagos", como son, por ejemplo, las farmacias.

De los 3.000 millones de euros que el Gobierno repartirá entre las comunidades autónomas adheridas al FLA, Cataluña recibirá un total de 912,2 millones de euros --el 30,4%-- y la Comunidad Valenciana, 935,93 --el 31,2% del total--.

"Con esta cantidad que hoy se asigna, las farmacias catalanas y valencianas y en definitiva, todo el sector, cobrará el 2 de julio todas las cantidades que se le adeudan", ha asegurado Beteta. Además, Andalucía recibirá 474,6 millones, Castilla-La Mancha 277,96, Murcia 227,24, Canarias 78,51, Baleares 59,27 y Cantabria 34,28 millones de euros. Hacienda inyectará estas cantidades para que puedan "formalizar y pagar" principalmente los servicios sociales, la educación y la sanidad".

Estos tres sectores suponen, según Beteta, más del 70% del conjunto del gasto que se paga a través del FLA. "Los pagos atrasados que hemos observado están siendo en este momento fruto de los déficits excesivos del ejercicio anterior", ha agregado el secretario de Estado.

El secretario de Estado ha precisado que en el caso de Castilla-La Mancha esta nueva ayuda financiera servirá para que la comunidad pueda cumplir la sentencia de Tribunal Supremo en relación con el impuesto medioambiental que ha sido anulado. "Tiene que hacer frente al mismo antes de que termine este periodo para no caer en las penalizaciones acordadas", ha señalado.

"Algunas comunidades habían plateado tensiones de tesorería imprescindibles de cubrir para garantizar los servicios públicos con normalidad y que con esta puesta a disposición por parte del Gobierno quedarán satisfechos", ha subrayado Beteta

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