El Tribunal de Cuentas acusa de negligencia al FROB

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, afirmó este martes que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al adquirir la condición de accionista mayoritario de Catalunya Banc "no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que como tal le permitía" la normativa general reguladora de las entidades de capital y la específica del proceso de reestructuración financiera, según informa Servimedia.

Álvarez de Miranda explicó que desde octubre de 2011, fecha en la que el FROB se incorporó al Consejo de Administración de Catalunya Banc, "debió haber ejercido plenamente los derechos que le atribuía la normativa y haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que, según consta en las actas de la reunión de la Comisión Rectora del FROB, supuso un perjuicio para la gestión ordinaria de dicha entidad bancaria".

Según el presidente del Tribunal de Cuentas, "esta forma de actuar pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba Catalunya Banc y velar por sus intereses".

"Debió haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que supuso un perjuicio para la gestión"

En la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reunida en el Congreso de los Diputados, el responsable de la institución presentó el informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para el periodo 2009-2012.

El Estado, a través del FROB, controla el capital de Catalunya Banc, entidad que está en proceso la privatización, algo que, según explicó recientemente el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se espera "tenga lugar antes del mes de agosto".

El presidente del Tribunal también ha insistido en que "dada la repercusión económica que pueden tener en el futuro los apoyos financieros otorgados a los procesos de reestructuración", "la normativa debería haber previsto obligaciones formales de remisión de información para dar cuenta del cumplimiento de las condiciones subyacentes a esos apoyos, en particular de la evolución de los riesgos asociados a los Esquema de Protección de Activos, (EPA)".

El Tribunal dice ahora que no puede saber el coste de la reestructuración hasta que finalicen las ventas

Y es que el informe recuerda que el Estado ha constituido "garantías que vencerán en el futuro", como líneas de crédito o esquemas de protección de activos por valor de 28.667 millones de euros cuya ejecución parcial o total se conocerá en los próximos años hasta 2022. Incluyendo estas cantidades, el total de los recursos públicos empleados o comprometidos con el sector bancario entre 2009 y 2012 se elevó a 107.913 millones de euros, de los que 57.004 millones fueron de aportaciones de capital.

En concreto, 65.845 millones fueron aportados por el FROB, 32.268 millones correspondieron a los FGD y 9.800 millones procedieron del Banco de España. Por entidades, destacan las cantidades recibidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 24.861 millones; BFA-Bankia, con 22.426 millones; y Banco de Valencia, con 17.869 millones.

No obstante, Álvarez de Miranda ha matizado que esa cuantía es "solo una recopilación de todos los costes, compromisos y aportaciones de dinero público a tener en cuenta" pero "no equivale al coste neto de las aportaciones públicas a los procesos de reestructuración", que "solo se podrá conocer cuando finalicen los procesos" de reestructuración y cuya determinación no era un objetivo específico de esta fiscalización", que pretendía "presentar resultados concretos en un tiempo razonable".