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La excúpula de Caixa Penedès defiende ante el juez sus pensiones millonarias

La defensa de los acusados pide la nulidad porque no se han traducido documentos del catalán

Por el consejo de administración de Caixa Penedès pasaban gastos tan insignificantes como el de un compresor de aire acondicionado por 2.000 euros, pero no los 8,7 millones de euros que en el año 2001 se transfirieron del fondo interno de pensiones a una póliza exclusiva para los altos cargos. Ahí comienza la historia de cómo cinco exdirectivos, encabezados por el exdirector general Ricard Pagès, consiguieron acumular planes de pensiones que suman 31 millones de euros y que la Fiscalía Anticorrupción les reclama tras el descalabro de la entidad. Caixa Penedès, el cuarto fundador de Banco Mare Nostrum (BMN) junto a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra, recibió ayudas por importe de 915 millones de euros del FROB y terminó desapareciendo absorbida por el Banco Sabadell en octubre de 2013.

Este lunes comenzó el juicio en la Audiencia Nacional donde, a preguntas del fiscal, todos los acusados se sacudieron cualquier responsabilidad en el cambio de sus planes de pensiones internos a pólizas con aseguradoras privadas que nadie más que ellos controlaban. “Yo estas cifras no las conozco”, aseguró Pagès. “Mi función en la caja era muy amplia, no gestioné el tema directamente”. Tanto él como los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago Abella y Juan Caellas apuntaron en varias ocasiones a que el sistema lo había diseñado el director de Recursos Humanos, el fallecido Jaume Jorba, para explicar que sus retribuciones se ciñeron a la legalidad. Pages tiene asignado un retiro de 11,6 millones; Abella de 5,7 millones; Troyano de 6,1 y Caellas de 4,8 millones.

La reclamación surge a raíz de la externalización del fondo de pensiones a principios de la década: del dinero que había provisionado la caja se cubrió el fondo de pensiones de todos los empleados y las clases pasivas (los ya jubilados que seguían cobrando), pero además se destinaron 8,7 a pólizas de los directivos que fueron engordando año a año sin que el consejo de la entidad tuviese conocimiento expreso. "¿Informaron al consejo de administración de los cambios realizados en 2001?", inquirió el fiscal a Pagès: “Nuestros fondos [de pensiones] estaban dotados con anterioridad [en 1996], el paso a la póliza fue una gestión directa, no era un problema de la comisión ejecutiva porque teníamos autorización para hacer ese tipo de gestiones. Nuestros contratos fueron aprobados por los órganos de gobierno y de ellos se desprendían las dotaciones anuales de las pólizas de seguros”, explicó Pagès, que se presentó como un jubilado de 67 años que “jamás habría intentado perjudicar a la caja. Mi actuación siempre ha sido de total honestidad”.

El exdirector y exvicepresidente de Banco Mare Nostrum aseguró que el Banco de España conocía al detalle todas sus retribuciones y blindajes, pero dejó en el aire la pregunta de cómo su salario se incrementó un 20% cada año hasta alcanzar un fijo de 609.000 euros en 2010 y un variable 369.000 euros cuando él mismo aseguró que la retribución fija se incrementaba "con el IPC" de cada ejercicio.

Santiago Abella, director general adjunto “felizmente jubilado”, como declaró ante el juez, defendió que su contrato de alta dirección decía que la caja le otorgaba “desde los 60 años una pensión de jubilación del 90% de la retribución fija”, y relató que a finales de 2006, cuando hizo público que se iba de la caja —algo que hizo el 4 de enero de 2007, con 61 años—, la comisión ejecutiva le organizó un homenaje. “Las pólizas estaban de acuerdo con lo establecido en el reglamento de planes de pensiones”, reiteró.

Abella sólo respondió a preguntas del fiscal: “El Banco Mare Nostrum no existía, no me siento obligado a contestar a sus preguntas”, espetó al abogado de la entidad. Ni él ni ninguno de los acusados respondieron a las preguntas del abogado del Estado en nombre del FROB ni al letrado de la Fundación Pinnae, heredera de la obra social de Caixa Penedès.

Manuel Troyano, que había empezado en la caja a los 15 años como botones y llegó, en 2007, a ser director general adjunto, aseguró que creía “que todo era legal”. Tanto él como el que fuera director general de la caja en sustitución de Pagès, Juan Caellas, defendieron las ventajas que se les concedió con la externalización de las pensiones en 2001, “eran las mismas que tenía cualquier empleado de la caja”.

Los cuatro se sentaron ayer en el banquillo en la Audiencia Nacional en el que pasará a la historia como el primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros rescatadas con dinero público. No consiguieron, como querían sus abogados, dilatar el proceso al exigir la inhibición del tribunal por falta de competencia. La defensa de Manuel Troyano también reclamó la nulidad de las actuaciones por “vulneración de derecho a la defensa”, ya que el juez instructor no solicitó ningún traductor para examinar los documentos escritos en catalán. “Es una cuestión de tranquilidad para todos, porque si el juzgado traduce mal alguno de los documentos podría afectar a la defensa”, alegó. El juez del caso, José María Vázquez Honrubia, rechazó estos argumentos y solicitó un traductor que estará a disposición de las partes durante todo el juicio.

El fiscal sostiene que los cuatro ejecutivos, junto al fallecido Jorba “sin amparo en sus contratos y sin autorización ni conocimiento de los órganos colegiados de Caixa Penedès, dispusieron de un plumazo la consolidación a su favor de las sumas aportadas a sus pólizas”.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para Pagès, a quien considera el cerebro de una estrategia para obtener una “desproporcionada ganancia patrimonial” a costa de la entidad. Además, solicita tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas y la devolución del dinero.

El juicio continuará este martes con el interrogatorio de los testigos y se espera que continúe durante toda la semana y parte de la próxima, según fuentes judiciales.

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