La racionalidad de la deuda ligada a la inflación

El Tesoro español se unió esta semana al club de emisores soberanos que emiten deuda ligada a la inflación. Lo hizo en unas condiciones de demanda muy positivas, tanto en montante absoluto como en su calidad (en su mayor parte foránea y finalista). Los motivos para el uso de bonos ligados a la inflación a lo largo de la historia —con el primer caso datado en el siglo XVIII en Estados Unidos— han sido variados. La necesidad fue el principal motivo que llevó a las economías emergentes a utilizarlos de forma intensa entre 1950 y 1975: la existencia de tasas de inflación elevada y muy volátil configuraba a este tipo de deuda como la mejor opción (o la más atractiva para los acreedores) para conseguir capital en los mercados de capitales.

A partir de 1980, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda y Austria iniciaron la emisión de deuda ligada a la inflación como una opción deliberada de política económica, que dotara de mayor credibilidad al compromiso del Gobierno de luchar contra la inflación al tiempo que redujera su coste de financiación ex ante (en un bono ligado a la inflación el coste efectivo, o ex post, dependerá de la inflación que se produzca durante la vida del bono, en comparación con la inflación esperada en su fecha de emisión).

Estados Unidos, Canadá y Francia desde los años noventa y, posteriormente, Japón, Italia, Grecia y Alemania emiten también deuda ligada a la inflación. Aunque la credibilidad en la lucha contra la inflación seguía siendo un motivo para su emisión (que pierde virtualidad en el caso de una unión monetaria con un banco central independiente, como la Unión Monetaria Europea, UME), las razones principales fueron la reducción de costes de financiación y la generación de externalidades positivas en los mercados financieros. Entre las últimas, la principal era ofrecer a la comunidad inversora una herramienta eficiente de cobertura ante alzas de la inflación en horizontes a largo plazo.

Hoy, en la mayoría de economías desarrolladas antes mencionadas, la deuda ligada a la inflación supone entre un 8% y un 12% del saldo total de deuda pública en circulación. Su uso por parte de la comunidad inversora es amplio. No solo por parte de agentes con compromisos de pago a largo plazo ligados a la inflación (aseguradoras, fondos de pensiones, etcétera), sino también por otros gestores con horizonte más corto y perfil más activo. Estos encuentran en la deuda ligada a la inflación un activo que permite optimizar, en determinados escenarios, el perfil de rentabilidad y riesgo de sus carteras, gracias a su baja correlación con otras clases de activos.

Por tanto, y más allá de que el coste efectivo final para el Tesoro sea superior o inferior a la inflación esperada en el momento de su emisión, la iniciativa es bienvenida. Sitúa a nuestro mercado a la par con el resto de competidores en la UME, y ofrece una oportunidad de diversificar las fuentes de financiación durante un periodo en el que España seguirá apelando de forma masiva a los mercados.

José Manuel Amor y Miguel Arregui son profesores de Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas.