Tibia y dependiente

La debilidad y la dependencia son los dos rasgos más característicos de la recuperación todavía en ciernes de la economía española. El abandono estadístico de la recesión no permite pasar por alto los daños causados por esta en la capacidad de crecimiento de una economía que mantiene un 26% de desempleo y un elevado nivel de endeudamiento. Estas secuelas son difíciles de superar, al menos a un ritmo suficientemente intenso, en ausencia de estímulos externos sobre la demanda. Sin ellos es difícil asumir las hipótesis de crecimiento de la economía incorporadas al Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas.

El Gobierno ha de esperar a que la Comisión apruebe ese programa, no solo sus hipótesis, sino sus planteamientos en materia de política fiscal. Es la primera manifestación de la dependencia de nuestra economía, de la falta de autonomía del Gobierno en la conducción de la política económica. Además de ello, el vínculo que en mayor medida condiciona el comportamiento de la economía española es la propia evolución del crecimiento de nuestros socios. Es la demanda de las economías con las que compartimos moneda la que ha contribuido a que España haga de las exportaciones el principal tractor del crecimiento. También gracias a la diversificación de estas ventas al resto del mundo. Por eso, que el crecimiento español se encamine, como asume el Gobierno, hacia el 1,8% en 2015, el 2,3% en 2016 o el 3% en 2017 se presenta, además de muy dependiente del exterior, cargado de cierto voluntarismo. Conviene recordar que, hace apenas unas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus previsiones económicas, no anticipaba para la eurozona tasas de crecimiento del 1,5% hasta 2019. Para España, la proyección que hacía ese organismo era del 1,3% en 2019 y del 1% en 2015. Y los indicadores recientes para las principales economías de la eurozona no permiten precisamente anticipar un renovado impulso.

La otra tracción del crecimiento económico, la demanda interna, tampoco dispone hoy de grandes apoyos. Con las políticas económicas disponibles, el racionamiento del crédito, la fragmentación financiera todavía vigente y la caída de la renta disponible, no favorecerán precisamente una intensa expansión del consumo de los hogares ni la de la inversión privada, ambas esenciales en la determinación del PIB español. Los datos conocidos de la EPA en el primer trimestre obligan a considerar la reducción del desempleo como un proceso muy gradual, y en todo caso, con un empleo excesivamente precario, con salarios muy bajos, como para que se traduzca en aumentos de la confianza de las familias impulsores del consumo y significativamente reductores del endeudamiento.

Harían bien las autoridades españolas en hacer valer ante Bruselas no tanto ejercicios de voluntarismo en las previsiones de crecimiento y en la consecuente reducción de los desequilibrios, sino argumentos para que las políticas económicas se orienten a la eliminación de las disfuncionalidades crediticias y al estímulo de la demanda similar a las que en otras economías avanzadas, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, han hecho posibles ritmos de crecimiento muy superiores a los europeos y reducciones significativas del paro.