Mercancías, sí; emigrantes, no

Europa es libertad. Económicamente, la Unión Europea se resume en cuatro libertades: de circulación de personas, de capitales, de mercancías y de servicios. El mercado interior de los Tratados, del Acta Única (1986/1987), de los convenios de Schengen (1989) y de la directiva de libre circulación de capitales (1988/1990), se fundamenta en esa cuádruple libre circulación. Si se rebana una de esas cuatro patas de la mesa común, se tambalea, quiebra el equilibrio de ese mercado.

Con frecuencia voraz proliferan las propuestas que persiguen erosionar la libre circulación de personas. Londres pretende imponer cuotas a los inmigrantes comunitarios, sobre todo búlgaros y rumanos, y reducirles las prestaciones sociales, aunque no llegan ni al 15% de los que han acudido a España e Italia. Berlín busca limitar el tiempo de residencia de los que no encuentren empleo a un semestre. La vecina Suiza quiere apretarnos también el cilicio de las cuotas. A este paso será mejor ser mercancía que ciudadano. Es bochornoso que los animales o las inversiones gocen de más libertad de movimientos que los trabajadores.

Económicamente, estas tentativas antiliberales de poner verjas a la libertad son un dislate. Por el tamaño del (falso) problema: menos de un 2,8% de la población europea, apenas 14 millones de ciudadanos, vive en un Estado miembro distinto al suyo originario; y tan sólo entre el 0,7% y el 1% si no se cuentan los inactivos (estudiantes, jubilados y otros no empleados). Los gastos sanitarios que originan estos inactivos no superan el 0,001% del PIB europeo (“A fact finding analysis on the impact on the member states social security systems…”, ICF, octubre 2013). Pero hay algo aún más suculento: la relación coste-beneficio. Las ventajas económicas que genera la inmigración son muy superiores a los gastos que ocasiona su factura. Si el Reino Unido rebajase el flujo migratorio al nivel mínimo como desea la xenofobia oficial, el PIB bajaría un 11% en el umbral de 2060; lo que “tendría un impacto negativo significativo para las finanzas públicas”, que necesitan un aumento 2,2% de la fiscalidad sobre el trabajo (solo aportable por los inmigrantes) para mantener el nivel de gasto presupuestario; la renta familiar se contraería y los salarios netos bajarían un 3,3% (“The long term economic impact of reducing migration, National Institute of Economic and Social Research”, 23 de diciembre de 2013). Algo parecido sucede en Alemania (estudio de Herbert Brücker para la Fundación Bertelsman, 2013). Es cierto que allá el 7% de los búlgaros y rumanos inmigrados están sin trabajo, más que la media del desempleo, del 5,2%. Pero atención, esa cifra debe compararse con el 7'7% de paro de los menores de 25 años, pues la mayoría de los arbeiter foráneos son jóvenes. De modo que tampoco suponen ninguna carga adicional. No disparemos contra nuestros propios pies.