Las comunidades contienen el déficit

Las comunidades autónomas registraron un déficit público —la diferencia entre gastos e ingresos presupuestarios— del 1,5% del PIB en 2013, lo que significa que gastaron unos 15.500 millones más de lo que ingresaron, según los datos provisionales avanzados por los propios Gobiernos regionales. El Ministerio de Hacienda ofrecerá el próximo lunes los datos definitivos junto a los del Estado, los Ayuntamientos y la Seguridad Social.

Las autonomías no logran contener los números rojos hasta el tope establecido por el Ministerio de Hacienda para el año pasado —el 1,3% del PIB— pero registran la menor desviación desde que estalló la crisis. Las comunidades han conseguido contener la sangría presupuestaria mediante los sucesivos recortes que han afectado a la prestación de servicios como sanidad y educación. También han subido impuestos y tasas —han aprobado más de 60 cambios tributarios en 2013—. Para dar cuenta del ajuste, el año pasado se perdieron 121.400 puestos de empleo públicos en las Administraciones territoriales, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Además, suprimieron 68 sociedades públicas —aún quedan 2.050 de estos entes públicas— y redujeron su estructura administrativa.

El resultado de estos ajustes es que 11 comunidades autónomas han cumplido con el objetivo de déficit impuesto por Hacienda. Las cifras pueden variar unas décimas en función de ajustes adicionales que realice la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pero fuentes de Hacienda confirman la magnitud del esfuerzo. Entre las cumplidoras está Extremadura, cuyo presidente, José Antonio Monago, intervino ayer en un desayuno informativo denominado Extremadura, Convergiendo con Europa donde aseguró: "Los extremeños hemos cumplido para que Europa siga confiando en nosotros. No creemos solo en recibir, también tenemos que aportar, y queremos aportar".

Las comunidades situadas en el arco mediterráneo, Cataluña (1,96%, últimos datos disponibles a noviembre), Comunidad Valenciana (2,6%, según una estimación del BBVA) y Murcia (2,3%, datos a noviembre) son las más retrasadas a la hora de embridar el déficit público. Y eso a pesar de que contaban con más margen que el resto. El Ministerio de Hacienda estableció unos objetivos presupuestarios diferenciados para cada territorio que solo se aplicarían durante el año pasado. Las que presentaban más números rojos se beneficiaron de unos objetivos más flexibles que el resto, pero eso tampoco ha servido para que controlen el déficit. Curiosamente son las únicas autonomías que no han avanzado la cifra. Estas comunidades aluden a las deficiencias del sistema de financiación para justificar sus agujeros presupuestarios.

La Comunidad Valenciana aduce que los ingresos que recibe del Estado por el modelo de financiación son insuficientes para hacer frente a los gastos públicos. Algo similar sostienen en Murcia y en Cataluña, donde incluso piden un pacto fiscal diferenciado.

Castilla-La Mancha también suspende. Presenta unos números rojos equivalentes al 2,04% del PIB cuando su techo estaba en el 1,3%. Desde la Junta aducen que han tenido dos contratiempos que les han llevado a incumplir el déficit: una sentencia del Tribunal Constitucional les obliga a devolver a las compañías eléctricas el Impuesto verde sobre Determinadas Actividades, lo que supone un gasto de 212 millones. Además, una regularización contable en la antigua sociedad publica de Carreteras, Gicaman, ha aflorado un IVA pendiente de ingresar de 64 millones. Sin estas "circunstancias excepcionales", explican desde Castilla-La Mancha, el déficit sería del 1,24% y hubieran cumplido. El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, considera que estas incidencias se pueden considerar one-off, partidas no recurrentes, igual que hace el Estado con las ayudas a la banca. Aragón también se ha desviado pese a anunciar que cumpliría gracias a la mejora de los ingresos fiscales de diciembre.

Aunque las comunidades han logrado contener los desfases presupuestarios los ajustes que realizaron el año pasado fueron más suaves que los que acometieron en 2012. Entonces, redujeron la desviación del 3,41% al 1,84% registrado hace dos años. El esfuerzo presupuestario del año pasado fue de unos 3.000 millones —del 1,84% al 1,53% registrado en 2013— pero con una caída de la actividad económica que dificulta la consolidación fiscal.

Las comunidades se sienten aliviadas después de que se haya aflojado la presión de los dos últimos años cuando los mercados dudaban de que el Gobierno pudiera controlar las cuentas regionales. Pero aún deben emprender un duro ajuste. Entre este año y el próximo deben reducir el déficit a la mitad (hasta el 0,7% del PIB) con la dificultad añadida de que 2015 es año electoral, periodo en el que tradicional se dispara su gasto público. Esperan que la mejora de la economía les ayude a digerir el ajuste.