El tráfico de las autopistas pendientes del rescate cae un 10,4% en el último año

La recuperación del tráfico en las autopistas en concurso es una de las condiciones que podría aliviar la carga del rescate para los contribuyentes, pero a buen seguro que tardará un tiempo en producirse. Por el momento, según los últimos datos de Fomento y correspondientes a febrero, las nueve carreteras de peaje que pasarán a estar bajo el paraguas del Estado han perdido un 10,4% de sus usuarios en el último año.

Con este balance, las concesiones prorrogan la tendencia negativa que acumulan durante más de un lustro. Además, la nueva caída tiene lugar pese al regreso de España al crecimiento, lo que constata la falta de relación entre el uso de los peajes con el nivel de actividad económica.

En total, la intensidad media de vehículos que utilizaron las concesiones en concurso —R2, R3, R4, R5, M12, AP36, AP41, AP-7 y la circunvalación a Alicante—cayó de los 5.762 vehículos de febrero de 2013 a 5.162 vehículos. Frente a este uso, construir los 748 kilómetros de carreteras de pago ha supuesto un coste que, incluida la deuda de las concesionarias, constructoras y pagos pendientes de las expropiaciones —clave para explicar el fiasco de las radiales—, se va a los 4.800 millones de euros. La suma de estas cifras arroja la friolera de un desembolso de 6,4 millones por kilómetro para un colectivo muy reducido dentro del parque español de vehículos. Además, tampoco soluciona los problemas de atascos de Madrid.

El registro de Fomento, además, pone en evidencia algunos casos de planificación totalmente errónea. Así, la autopista de peaje entre Madrid y Toledo, que precisamente corre en paralelo a una autovía de libre acceso, ha visto como la intensidad media de vehículos se ha desplomado un 52% en febrero con respecto al mismo mes de 2013 con apenas 657 usuarios al día. La media del conjunto de la red española, pese al lastre de las llamadas radiales, apenas cayó un 0,76% con 12.500 coches diarios.

El problema es que ahora el Estado tiene que salir al rescate de las concesiones ya que, en caso de que quiebren, tendrá que asumir sus deudas, por la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que obliga a la Administración a asumir la deuda de las empresas en caso de quiebra.

Por este motivo, el Gobierno ha optado por volver a poner en marcha la Sociedad Pública de Autopistas para que, con titularidad pública al 100%, se haga cargo de la deuda. Sin embargo, antes impondrá una quita del 50% sobre el pasivo para reducir el montante a 2.400 millones. Este dinero se pagará a las empresas y a los bancos a través de un bono a 30 años y que incluirá sus perceptivos intereses. En su caso, de un 1% que se revisará al alza si se recupera el tráfico. Sin embargo, al ritmo actual, no habrá tiempo suficiente en tres décadas para pagar más a las empresas. Ni siquiera, para devolver la deuda con cargo a los ingresos de explotación de un negocio ruinoso.