Italia: una reforma al mes

Una de las críticas que ha recibido al llegar al cargo el nuevo primer ministro italiano, Matteo Renzi, es lo poco creíble que resulta su intención de aprobar una reforma al mes, lo que le colocaría como un desconocedor de las complejidades de la política real. Y, sin embargo, la urgencia de plantear reformas, y sobre todo implementarlas, es patente y está bien identificada, dado el declive relativo de Italia en los últimos 25 años frente al resto de la eurozona y la parálisis reformista reciente tras los tímidos intentos del Gobierno Monti (y en contraste con otros países de la periferia).

Desde 1990 hasta hoy, el PIB real per cápita (una buena aproximación del bienestar a largo plazo) ha subido solo un 10% en Italia, cuando los de Alemania y Francia (que tampoco son modelos de un milagro económico) lo han hecho en un 29% y 23%, respectivamente, frente al 33% de España. La lista de prioridades es conocida desde hace tiempo y va bastante en línea con el documento de desequilibrios estructurales presentado esta semana por la Comisión Europea, donde precisamente la noticia a nivel europeo ha sido la inclusión de Italia en la lista de países con desequilibrios excesivos. La Comisión destaca la deuda pública elevada, lo que no da margen para ninguna expansión fiscal pese a un déficit público reducido y un aumento reducido de la productividad, que explica el crecimiento baja y la falta de competitividad exterior.

El primer paso es propiciar gobiernos estables a través de una reforma política

El calendario del Gobierno es sencillo: reforma política en febrero, del mercado de trabajo en marzo, administración pública y burocracia en abril, sistema impositivo en mayo, reforma judicial en junio. No se incluye el deterioro del sistema educativo, sobre el que la Comisión insiste mucho; pero Renzi lo ha mencionado a menudo entre sus prioridades, y ya encontrará un mes para afrontarlo. Existe un consenso generalizado en Italia de que el primer paso es propiciar gobiernos estables en el futuro a través de una reforma política que restaure un sistema electoral mayoritario, tal y como se está debatiendo estos días; sin embargo, hasta que no se reduzca el “bicameralismo perfecto” reduciendo el poder del Senado (que podría llevar un año al menos) no estará garantizada esa estabilidad.

Del resto de la agenda, aunque los problemas a tratar son muchos, destacan las reformas laboral y fiscal. En el mercado de trabajo el problema central es la dualidad, y probablemente será afrontada con la implantación de un sistema de protección del desempleo moderno y más equitativo (el actual no protege a todos) y con algo muy parecido al contrato único, con indemnizaciones de despido crecientes en función de la historia laboral. La reforma fiscal deberá enfrentarse al enorme fraude fiscal y racionalizar los impuestos, reduciendo aquellos que gravan el trabajo y la inversión y aumentando otros. Un primer paso ya se está dando con las reducción las cargas sociales sobre el trabajo, aunque la magnitud de la medida es pequeña (un 0,7% del PIB).

La tarea del nuevo gobierno es difícil, dada la extensión y complejidad de las muchas tareas que hay que acometer para reavivar el crecimiento, en un contexto además de fragilidad política similar al del anterior Gobierno. Es un trabajo de largo plazo, pero en cualquier caso un impulso reformista centrado en la implementación es bienvenido.

Miguel Jiménez González-Anleo es economista jefe para Europa de BBVA Research.