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OPINIÓN

Exceso de capitalismo concesional y rentista

En una de mis clases de esta semana un alumno del programa europeo Erasmus me hizo esta pregunta: ¿cuál es la causa de que la economía española sea la que más rescates está haciendo, no solo de bancos, sino de empresas privadas de infraestructuras, concesionarias de autopistas y constructoras? La pregunta tiene sentido.

En principio, la crisis, por sí sola, no tendría por qué llevar a que el sector público tuviese que salir al rescate de muchas de estas empresas que han entrado en situación de insolvencia, de la misma forma que no se rescatan empresas de otros sectores que también lo están pasando mal. Debe haber algún rasgo específico en estas actividades.

Antes de buscar una respuesta, parémonos en las consecuencias.

Los recursos públicos usados para esta misión no pueden ser utilizados en usos alternativos más útiles. En la medida en que pasan a engrosar la deuda pública, los rescates son a la vez una carga y una sanguijuela para los ciudadanos. Una carga que pesa y pesará sobre las condiciones de vida de muchos ciudadanos, especialmente las generaciones más jóvenes, obligados a pagar más impuestos. Y una sanguijuela, porque drena recursos para la sanidad, las pensiones y otros servicios sociales. Además, obstaculiza la capacidad de innovación y crecimiento de la economía y, por tanto, la creación de empleo.

Después de 12 años, la balanza comercial ha vuelto a ser positiva y la composición de la inversión vuelve a favorecer a las actividades industriales

¿Qué justificación hay para estos rescates tan onerosos para los ciudadanos y la economía?

En este caso, la justificación de los rescates de concesionarias de obra pública, autopistas, aeropuertos o plantas de energías renovables no viene, como en el caso de los bancos, de la existencia de un riesgo sistémico. ¿De dónde, entonces? De la existencia de compromisos adquiridos por las diferentes Administraciones públicas en los contratos público-privados para la construcción y gestión privada de infraestructuras públicas, para la inversión en determinados activos, como energías renovables, y la gestión de servicios públicos. Compromisos ocultos, desconocidos por los contribuyentes, en forma de garantías de cobertura de ingresos, concesión de avales y otro tipo.

Según me dice mi amigo y compañero de cátedra en la Universidad de Barcelona, Germà Bel, España es uno de los países con mayor número de acuerdos público-privados de este tipo. En este sentido, es un país del “sur”, dado que la evidencia empírica muestra que estos países tienen, en términos relativos, un mayor número de concesiones de este tipo que los países del “norte”.

¿A qué se debe este exceso? A la mayor cuantía y variedad de las garantías ofrecidas por las Administraciones públicas a los inversores, constructores y proveedores privados de infraestructuras de uso público y a la inversión en activos productivos como los mencionados.

En muchos casos los contratos de concesión establecen, con diferentes métodos regulatorios, el compromiso público de pagar toda la inversión realizada, responda o no a las necesidades del tráfico económico y a las de los ciudadanos, o la garantía de que si las previsiones de ingresos estipuladas en los contratos de concesión no se cumpliesen, las Administraciones públicas saldrían al rescate.

En estas condiciones, es lógico que el constructor, el gestor privado de infraestructuras o el inversor en plantas de energía renovables están muy interesados en llevar la inversión al infinito. Su negocio está en construir e instalar. Estarían dispuestos a cubrir de cemento todo el campo español. Si después la demanda no cubre esa inversión y no genera retornos que cubran su coste, ya vendrá la Administración al rescate. Se origina así una situación de sobreinversión.

Este exceso de inversión no es desconocido para los economistas. De hecho, se le conoce como efecto Averch Johnson, dos economistas que en los años setenta estudiaron el comportamiento inversor de empresas públicas y monopolios privados de servicios públicos a los que la Administración les garantizaba unos más que razonables rendimientos para la inversión. Comprobaron que el resultado era expandir el volumen de inversión al margen de las necesidades o la demanda de esos servicios.

Un esquema de este tipo inevitablemente da lugar a la aparición de amistades peligrosas entre política y negocios; entre políticos, constructores y buscadores de rentas. El resultado ha sido la aparición de un capitalismo concesional y rentista. Un capitalismo sin riesgo. Un ejemplo es el actual sistema eléctrico español, que en muchos sentidos ha dejado de ser una actividad industrial para convertirse en un negocio financiero orientado a la extracción de rentas.

Junto con la sobreinversión, la corrupción es un daño colateral de las amistades peligrosas que alimenta este tipo de capitalismo.

Hay que ponerle freno. Pero no será fácil. Está muy extendido. En todo caso, sus efectos cargarán sobre nuestras espaldas durante mucho tiempo. Las garantías públicas concedidas son pasivos ocultos que no están contabilizados en ninguna parte, pero que irán cayendo como gota malaya sobre las cuentas públicas a medida que el cuento de la lechera que justificó esa sobreinversión se disuelva.

Es necesario volver a 1999. La economía española presentaba en aquel momento una composición de la inversión muy favorable al capitalismo industrial y de riesgo. Y la balanza comercial presentaba signo positivo. Desgraciadamente, la entrada en el euro, con su maná de crédito barato y abundante, desvió el rumbo hacia el capitalismo concesional y rentista. Pero, después de 12 años, la balanza comercial ha vuelto a ser positiva y la composición de la inversión vuelve a favorecer a las actividades industriales. Quién sabe, a lo mejor la crisis nos vuelve a la buena senda. Ya lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga.