Las renovables acusan al Gobierno de improvisar y de querer aniquilar al sector

Las asociaciones de renovables Anpier, APPA, UNEF y Protermosolar han hecho frente común para denunciar la estrategia del Gobierno para "aniquilar" el sector y cifran en 3.400 millones el recorte en 2014 sobre sus ingresos previstos como consecuencia de las medidas adoptadas desde 2011. Además, han denunciado que el nuevo mecanismo de retribución incluido en la reforma energética tendrá un impacto de 2.400 millones por culpa de un Ejecutivo que "improvisa" y está empeñado en "aniquilar al sector".

En una rueda de prensa conjunta, las patronales advirtieron de que la propuesta de orden ministerial de estándares, "un documento confuso de más de 1.500 páginas", y el Real Decreto Ley para el sector eléctrico, de inminente aprobación, "culminan la estrategia contra el sector de las energías renovables iniciada por el Gobierno nada más llegar al poder". "El Gobierno se ha limitado a poner en marcha medidas meramente recaudatorias y se ha cebado con los costes regulados y las renovables", indicó el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Así, denunciaron que tanto su primer Real Decreto Ley, consistente en la "moratoria renovable", como toda la batería legislativa puesta en marcha por el Ejecutivo del PP en los dos últimos años "han estado encaminadas a aniquilar al sector renovable".

A lo que a las renovables se refiere, las asociaciones estimaron que el ajuste de las medidas llevadas a cabo desde 2011, junto con lo contemplado en la propuesta de orden, reducirá los ingresos previstos para el sector para 2014 en más de 3.400 millones de euros. Esto, sin tener en cuenta la reducción de ingresos de la obligación de venta a tarifa regulada aplicada desde enero de 2013.

Improvisación del ministro

"El ministro cada vez que habla se corrige a él mismo, estamos en la continúa improvisación y es un caos", indicó Villarig, añadiendo que mientras que el Gobierno cifra el último recorte en 1.600-1.700 millones de euros, las patrones lo estiman en más de 2.400 millones de euros.

De esta manera, las renovables cuestionan a qué interés sirve un Gobierno que en su objetivo de acabar con el déficit de tarifa, "y con la excusa de reducir el precio de la electricidad", sólo ha venido actuando contra las tecnologías "del ya extinto régimen especial" y, especialmente, contra las energías renovables, "las grandes damnificadas de su pretendida reforma energética".

Así, acusaron al Gobierno de "escuchar sólo a las eléctricas" tradicionales y asumir como suyos sus planteamientos, "cuyo objetivo es sacar del sistema eléctrico toda la potencia renovable posible para hacer hueco "a sus infrautilizados" ciclos combinados de gas ("con 27.000 MW instalados en la última década, cuando con poco más de 6.000 MW habría bastado para cubrir necesidades del sistema eléctrico"), que han sido desarrollados por libre iniciativa empresarial y cuyo coste en un 40% está siendo subvencionado y soportado por los consumidores a través de los llamados pagos por capacidad.

Revisión de las partidas de gasto

A este respecto, pidieron al Gobierno que "saque" de los costes del sistema partidas "que nada tienen que ver con la generación eléctrica, como son los costes extrapeninsulares, los pagos por interrumpibilidad, innecesarios en un sistema con exceso de capacidad como el español, y que, por la misma razón, suprima los pagos por capacidad a las eléctricas", así como que "saque del mercado eléctrico" tecnologías como los ciclos combinados, la nuclear o la gran hidráulica y "sean retribuidas con la misma rentabilidad razonable aplicada a las tecnologías renovables".

Además, advirtieron del trato de favor a la distribución y el transporte, "en los que el Estado es participe y se mantienen jugosos beneficios", señaló Villarig, asegurando e incluso en la mayoría de los casos incrementando su retribución, "algo inexplicable en la situación económica actual".

Respecto al hecho de acudir a la Justicia para combatir las medidas que adopte el Gobierno, las patronales, como frente común, insistieron en agotar la vía administrativa "y tratar de corregir los daños", aunque abrieron la puerta a pelear en los tribunales a título individual. Así, de no modificar su estrategia, las renovables advirtieron que el Gobierno acabará con un sector rentable para España, que llegó a superar los 137.000 empleos y que en 2012 ya había perdido más de 23.000 trabajadores.