El Gobierno ultima la ley para que las empresas conviertan deuda en capital

El Gobierno pretende que las empresas viables pero endeudadas puedan sobrevivir. Apenas 15 días después de que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea pidieran cambios para favorecer las refinanciaciones de deuda en las empresas viables pero con el agua al cuello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció este martes en Bruselas que el Ejecutivo tiene previsto aprobar “en las próximas semanas” una nueva ley financiera que alivie el peso de la deuda que sufren las empresas españolas y que evite la liquidación de compañías con un plan de negocio sólido. El nuevo texto facilitará la conversión de deuda en capital —el acreedor de la empresa pasará a ser accionista— y tratará de ofrecer alternativas a empresas que, con la normativa actual, se ven abocadas a la liquidación.

“En muchas ocasiones, el procedimiento concursal lleva a la liquidación y esta no siempre es la mejor opción y sí la de último recurso”, ha apuntado el ministro al término de la reunión del Eurogrupo en la capital comunitaria. Por ello, Guindos ha señalado que la reforma que pretende poner en marcha el Ejecutivo va encaminada a “intentar buscar otras alternativas que sean mucho más razonables desde el punto de vista de los trabajadores, de los acreedores, de los accionistas, de los gestores y del conjunto de la economía”.

El diagnóstico del Ejecutivo se basa en la premisa de que muchas empresas españoles son viables y rentables, pero acumulan un volumen de deuda que asfixia su actividad. Con el actual esquema legal, que el ministro ha calificado de “demasiado rígido”, estas compañías no encuentran salida a su situación. Para evitarlo, Economía pretende que se agilicen los procesos de reestructuración. “Si no se produce, ni los acreedores van a cobrar ni el negocio va a continuar y va a acabar perdiendo todo el mundo”, ha advertido Guindos, que confía en que la nueva normativa logre “alinear los diferentes intereses y que, al final, todos salgan beneficiados”.

El Gobierno ha querido, además, alejar uno de los temores de la Comisión Europea y del FMI respecto a una posible reestructuración de la deuda de las empresas no financieras españolas: que la banca se vea afectada. Según el Ministerio de Economía, el cambio legal no se va a traducir en una carga extra para el ya dañado sector financiero porque este ya cuenta con suficientes provisiones.

La reforma va en la misma dirección que los cambios en Ley Concursal aprobados en septiembre, cuando el Ejecutivo rebajó el porcentaje de acreedores cuyo voto favorable se requiere para iniciar un proceso de reestructuración de los pasivos de la empresa (del 75% al 55%). En la práctica, tanto la medida que el ministro ha dado a conocer hoy como la que aprobó en aquel momento van en el sentido de aliviar el peso de la deuda que soportan las empresas españolas. El endeudamiento del sector privado ascendía a finales de 2012 al 133% del PIB, frente al 120% que se registró en 2006 y por encima de la media de la eurozona.