CC OO se suma a la denuncia de UGT contra los fondos buitres de Codere
Los sindicatos exigen a Anticorrupción que investigue a los compradores de la deuda del grupo
Comisiones Obreras (CC OO) presentará ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de adhesión a la demanda presentada por UGT contra los fondos buitres que adquirieron la cartera de deuda de Codere por posibles actividades ilícitas, informó el sindicato.
En su escrito, CC OO solicitará que se cite a declarar a los ejecutivos de Codere participantes en las negociaciones y a los representantes legales de los fondos y entidades financieras relacionadas, en este caso en concepto de denunciados.
Además, pedirá que no se permita la destrucción de ninguna documentación o información relativa a los hechos denunciados y que se faciliten a la Fiscalía los contratos y documentos de trabajo relativos a las condiciones de financiación de la deuda ofrecidos al grupo de juego privado.
A finales del pasado mes de enero, la Federación Estatal de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores (UGT) formalizó ante el Ministerio Fiscal una denuncia contra fondos buitres y entidades financieras que adquirieron la cartera de deuda de Codere por malas prácticas en esta operación.
En concreto, la denuncia se presentó contra los fondos de inversión Canyon Capital Finance, GSO-Special Situations Fund y su matriz Blackstone, así como contra las entidades financieras Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital y Houston Casuality Company.
Compra con los CDS
En el documento, el sindicato señalaba que algunos de estos fondos que compraron la deuda senior "suscribieron también (no sabemos si incluso con anterioridad a la compra de la deuda senior) unos seguros para cubrir cualquier incumplimiento de Codere (los llamados CDS o credit default swaps), tras lo cual, habrían forzado un incumplimiento artificial con la intención de cobrar dichos seguros", por lo que técnicamente "provocaron un 'impago artificial para activar los CDS".
CC OO considera que si se confirma la imposición de estas condiciones a los responsables de la compañía, "absolutamente perjudiciales para los que viven, dependen y trabajan en ella, dicha aceptación se habrá producido "bajo pura y simple extorsión, comprometiendo seriamente la existencia del grupo Codere".
El grupo de juego privado agotó el pasado 6 de febrero el plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condición que era necesaria para que la ejecución de la prórroga.
En su oferta a la compañía, los bonistas, que poseen la mayor parte de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de dólares del grupo, ofrecían una inyección de capital a cambio de pasar a poseer una participación mayoritaria en el capital del grupo de juego privado.
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