México presume de reformas

La secretaria [ministra] de Turismo de México, Claudia Ruiz-Massieu, llegó este martes a Madrid con un encargo del presidente Enrique Peña Nieto: hacer recuento de los logros legislativos del Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde que el nuevo Gabinete tomara posesión, el 1 de diciembre de 2012. Y aunque el Pacto por México —el compromiso reformista acordado por los tres principales partidos del país al día siguiente de la llegada al poder de Peña Nieto— haya quedado muy tocado tras el rechazo del izquierdista PRD a la reforma del sector energético, la secretaria aún puede presumir de que el programa de reformas del presidente goza del apoyo de "la mayoría parlamentaria" formada por el PRI y el conservador PAN.

En un almuerzo organizado por la secretaría de Turismo con la colaboración del grupo PRISA (al que pertenece EL PAÍS), la secretaria recordó los puntos del programa de metas impulsado por Peña Nieto y las medidas legislativas tomadas para sacarlo adelante. "Estamos desarrollando un escenario de futuro, en el que estamos construyendo un andamiaje legal para fomentar la productividad y dinamizar la economía", afirmó Ruiz-Massieu.

La secretaria de Turismo recordó que la primera gran reforma, la laboral, se llevó a cabo antes de la toma de posesión del presidente. A pesar de que la ley fue sacada adelante con la oposición del PRI —la democratización sindical chocaba con el tradicional control de los gremios por parte del partido— Ruiz-Massieu presumió de que la legislación hace de México un lugar más atractivo para invertir al disminuir los costes de contratación, al mismo tiempo que incorpora a jóvenes y mujeres a la economía formal, evitando la evasión fiscal y fomentando la equidad.

El pasado mes de junio, el presidente aprobó la reforma de las telecomunicaciones, con el fin de abrir este jugoso mercado, dominado por los grandes grupos nacionales Televisa y América Móvil, a la competencia. "La nueva legislación ofrece más certidumbre jurídica", afirmó Ruiz-Massieu. La iniciativa, destinada a abaratar los servicios de comunicaciones (entre los más caros de la OCDE) para favorecer una estrategia de inclusión digital que facilite a los mexicanos el acceso a internet. México es, después de Turquía, el país de la OCDE con menor número de conexiones de banda ancha por habitante. Además de establecer tribunales especiales para decidir sobre temas de competencia, telecomunicaciones y radio y televisión, la nueva ley abre la puerta a la inversión extranjera en el sector (hasta un 49% del capital en televisión abierta y hasta el 100% en telecomunicaciones y televisión por satélite). Prueba de esa nueva diversidad es la aprobación en diciembre de la creación de dos nuevas cadenas de televisión abierta que rompan el duopolio entre Televisa y TV Azteca.

La tercera reforma, la educativa, enfrentó directamente al presidente Peña Nieto con los todopoderosos sindicatos de profesores desde la presentación del proyecto, a inicios de diciembre de 2012. Tras una turbulenta negociación, marcada por la detención de la antaño intocable Elba Esther Gordillo, la Maestra, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y acusada de desviar 120 millones de dólares (88 millones de euros) de fondos sindicales. En septiembre del año pasado, tras un agosto cargado de protestas de profesores, el Congreso aprobó por la vía de urgencia la piedra de clave de la reforma, la Ley del Servicio Profesional Docente, que abre la vía para poner a prueba a los profesores mexicanos e implantar unos estándares de calidad. "La ley impone reglas claras para garantizar los mejores maestros", señaló Ruiz-Massieu durante el almuerzo. La secretaria recordó que la nueva ley, así como los recientemente aprobados reglamentos que la desarrollan, también dan cuerpo a un Sistema Nacional de Evaluación y crea un mayor papel a padres y directores en la gestión de las escuelas.

Pero la reforma que realmente levantó olas fue la reforma del sector energético, acusada por la izquierda de traicionar los principios de soberanía petrolera implementados por el admirado presidente Lázaro Cárdenas. Ruiz-Massieu defendió la entrada de capital extranjero en la petrolera Pemex para que "sin privatizar" quede garantizado para "traducir el potencial energético del país en bienestar para los mexicanos". Según la secretaria, la reforma modernizará el sector petrolero y eléctrico, lo que generará más empleo (hasta dos millones de puestos de trabajo hasta 2025, aventuró Ruiz-Massieu), y garantizará recursos para el Estado y la economía mexicana, además de fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías menos contaminantes.

Otras reformas llevadas adelante por el Gobierno de Peña Nieto han sido la financiera, presentada en mayo de 2013 y que, según Ruiz-Massieu, pretende que "la fortaleza de nuestro sector financiero se transforme en dinero para mover la economía" fomentando la concesión de créditos baratos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En octubre del año pasado la reforma fiscal, "un sistema más simple que afecte menos a los más humildes", según la secretaria, que implanta una nueva tasa ecológica a los combustibles y plaguicidas, así como un impuesto a las bebidas azucaradas. Ruiz-Massieu señaló que esa reforma fiscal se complementará con una reforma de la Seguridad Social, que "sustituirá un sistema asistencial por derechos universales".

Pero una de las metas del Gobierno de Peña Nieto, la de garantizar la paz y la efectividad del Gobierno en todo el país, se está revelando la más difícil de lograr. A pesar de la caída del 15% de los homicidios, la persistencia de la violencia del narcotráfico —"alarmante", según Naciones Unidas— amenaza con oscurecer las otras actuaciones del Ejecutivo mexicano. Ante el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, el conflicto más grave de los últimos 20 años, la secretaria Ruiz-Massieu se escudó en la narrativa impulsada por la Secretaría de Gobernación y destacó la colaboración entre el Ejecutivo federal y el Gobierno michoacano para poner fin a la crisis.