Escampa en REE y Enagás

Los gestores y transportistas del sistema eléctrico español, REE, y del gasista, Enagás, han visto mejorar sus calificaciones de riesgo crediticio (las de Standard & Poors, Moody’s o Fitch) y también se han repartido algunas recomendaciones de inversión (Exane BNP, UBS, JP Morgan, Citi, Société Générale, entre otras) al constatarse un efecto negativo limitado en sus negocios de los sucesivos cambios regulatorios y por una mejor respuesta ante la caída de la demanda. Les va bastante mejor, en términos relativos, que al resto de compañías eléctricas y gasistas.

Valgan dos muestras. Enagás, por ejemplo, no ha modificado hasta hoy sus objetivos adelantados a principios del pasado año para 2013 (los resultados del ejercicio los hará públicos en unas semanas). Y REE prevé ya que la retribución por la actividad de transporte de electricidad que realiza crezca a un ritmo del 3% anual en los próximos años, hasta alcanzar los 1.942 millones de euros en 2019, tras la aprobación de la nueva normativa aplicable al sector.

El gestor del sistema gasista, según fuentes del sector, cumplirá en sus últimos resultados anuales el objetivo de crecimiento del 5,5% en beneficio neto y del 9% en resultado bruto de explotación, aparte de aumentar su dividendo en un 13% y elevar el pay out (porcentaje del beneficio destinado a retribuir al accionista) al 75%.

Probablemente, admiten, lo que no logrará Enagás es alcanzar los 650 millones previstos en su capítulo de inversiones como consecuencia, entre otros factores, de la paralización del proyecto Castor de almacenamiento de gas submarino frente a la costa de Castellón, pero va a mejorar el 3,25% previsto inicialmente para el coste medio de su deuda neta (está ya en torno al 3%).

REE prevé 1.600 millones en ingresos, y Enagás logra fuera el 5% de su beneficio

Su alter ego en el sector eléctrico, REE, ha anunciado en los últimos días que va a lanzar un nuevo plan estratégico tras la aprobación de la nueva legislación que modifica la retribución de las actividades de transporte.

La compañía, que recibe ingresos públicos por sus inversiones en la red y por el transporte de electricidad a gran escala, obtuvo entre enero y septiembre pasados un beneficio neto de 389,4 millones (un 15% más que en igual periodo de 2012) y unos ingresos de 1.302 millones (un 1,8% más).

La empresa advirtió, sin embargo, que el nuevo modelo de retribución al transporte eléctrico redujo en 56,3 millones sus ingresos hasta septiembre.

En 2014, con los últimos cambios normativos (el 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una nueva normativa del transporte de electricidad que limita la inversión máxima anual en esta actividad al 0,065% del PIB y establece una retribución ligada a la deuda pública) y según sus propias estimaciones, REE recibirá más de 1.600 millones de euros procedentes de la tarifa regulada, cifra similar a la del año 2013, mientras que en 2015 la percepción ascenderá a 1.685 millones.

La nueva rentabilidad estará vigente, según la nueva legislación eléctrica, durante un periodo de seis años, por lo que la compañía que preside José Folgado deberá optimizar su estructura de endeudamiento y reducir los plazos de amortización de su deuda (al cierre de septiembre tenía una deuda financiera neta de 4.806,8 millones de euros, un 1,4% menos que al cierre de 2012).

REE, pese al adelanto de previsiones, está aún a la espera de que se definan algunos aspectos regulatorios, entre ellos los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento, así como la vida residual promedio de las instalaciones anteriores a 1998. Cree que estos parámetros estarán previsiblemente definidos en julio, y cita además como aspecto regulatorio pendiente la publicación de una nueva planificación con las necesidades de inversión en nuevas instalaciones.

En el caso de Enagás, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió hace unos días de que el déficit de tarifa del sistema gasista podría llegar a 813 millones en 2014 (400 millones en 2013) y de que los ingresos regulados previstos para el año solo cubrirán el 88% de los costes esperados para el ejercicio, por lo que creía aconsejable subir los peajes al transporte de gas (el Gobierno, adelantándose a la publicación de este informe, aprobó el 30 de diciembre un incremento del 2,3%).

Fuentes del sector, además de hacer hincapié en que las estimaciones de la CNMC se hicieron sin tener en cuenta el incremento citado de diciembre, explican que el 90% de las cifras del informe corresponden a 2011 (año electoral en que se congelaron los peajes) y a ejercicios previos. En 2012, dicen, el déficit de tarifa fue inexistente, en 2013 alcanzará unos 20 millones (aún no están cerrados los cálculos) y este año podría elevarse a unos 15 millones. Se arrastran, además, unos 400 millones de euros desde antes de 2012 que no son peajes, en sentido estricto, sino pagos públicos aún pendientes de reconocimiento por inversiones en infraestructuras ya realizadas.

El déficit real de tarifa en gas es, por tanto, pequeño y perfectamente manejable, agregan estas fuentes.

Las empresas creen que si se recupera un poco la demanda como se espera, y dado que las grandes inversiones en el sistema gasista se han hecho ya, con la última actualización de peajes será suficiente para pasar de déficit a superávit de tarifa en dos o tres años.

Se muestran muy de acuerdo, por otra parte, con el propósito del Ministerio de Industria de reformar el mercado mayorista del gas, anunciado esta misma semana por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, “para que refleje lo mejor posible el coste de oportunidad en cada momento”, así como la participación de más agentes.

Sobre la reforma del sector gasista, Nadal agregó que el Gobierno intentará “crear un mercado más transparente que permita dar una señal más fácil de precios para el conjunto del sistema y dar una retribución adecuada”. Asimismo, incluirá un mercado secundario y buscará fórmulas para usar toda la capacidad, sobre todo en regasificación. Enagás, de hecho, facilita ya una plataforma a las comercializadoras para que puedan comunicarse entre ellas y acordar precios e intercambiar flujos de suministros de gas.

Un giro importante en la gasista ha sido el que se ha dado en los últimos años en la reestructuración de su deuda para hacerla menos dependiente de la banca doméstica, recurrir más a los mercados de capitales, abaratarla y extender sus vencimientos. Hace un mes escaso firmó una línea de crédito de 1.200 millones para refinanciar y ampliar una financiación previa en hasta cinco años. El crédito, en modalidad multidivisa, lo ha suscrito con un pool de 13 entidades (10, extranjeras).