Sacyr se juega en el Canal de Panamá fianzas y garantías por 420 millones

Sacyr dio ayer amplias explicaciones sobre el conflicto por las obras del Canal de Panamá. En un documento de ocho páginas, el grupo explica con detalle los sobrecostes de la obra, razona las reclamaciones por 1.625 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) que ha presentado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y señala que también ha solicitado una ampliación del plazo de entrega de la obra de un año y cuatro meses. Además, explica que se juega fianzas, anticipos y garantías por 573,9 millones de dólares (420 millones de euros).

Esas garantías incluyen 173,3 millones de dólares de fianza de cumplimiento, 21,7 de pago a proveedores, 363,4 de anticipo de obra y 15,5 por préstamos. Los miembros del consorcio tienen una garantía conjunta y solidaria frente a la ACP de 600 millones de dólares, de los que 400 son por el cumplimiento de la obra. La constructora confía en solucionar la crisis, concluir la obra y no perder esas garantías y anticipos.

Sacyr facilitó esa información ante un nuevo requerimiento realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de enero, poco después del preaviso de suspensión de las obras realizado por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio en que tiene el 48%.

Sacyr explica que GUPC “ha presentado multitud de reclamaciones, objetivas y cuantificadas” que suman 1.625 millones de dólares”. Y denuncia que la ACP niega sistemáticamente todas ellas en primera instancia, “tras un periodo de análisis que sirve para consumir tiempo”.

La constructora confía en solucionar la crisis y acabar la obra en 2015

Sacyr detalla las principales reclamaciones. La primera, por el Pacific Cofferdam, una ataguía o presa provisional que es el primer trabajo a realizar para acometer luego las excavaciones, hormigonados y rellenos de las nuevas estructuras. La información de la ACP decía que se podía cimentar a 6 metros bajo el nivel del mar, pero había lodos que hubo que dragar, se tuvo que cimentar a 13 metros bajo el nivel del mar y la ataguía fue más ancha y alta de lo previsto. Sacyr reclamó por ello 120 millones de dólares en marzo de 2010, la ACP lo rechazó en febrero de 2012, el órgano de mediación lo rechazó en agosto de 2013 y está sometida a arbitraje internacional.

En febrero de 2011, Sacyr reclamó 497 millones de dólares porque el basalto de las excavaciones del lado del Pacífico no servía para el hormigón a utilizar en las esclusas, en contra de lo que decían los documentos de la licitación. La ACP rechazó la reclamación en mayo de 2013.

La principal reclamación es de 880 millones de dólares y se justifica en que el proyecto ha sufrido “modificaciones irreversibles y fundamentales con respecto a las condiciones ofertadas” por “responsabilidad de la ACP” por su “continua interferencia en el proceso de diseño y la falta de respeto al marco y restriccciones impuestas por el contrato”. Eso incluye una reclamación concreta por las especificaciones del hormigón. Sacyr subraya que la ACP realizó una auditoría con expertos internacionales que concluyó que los sobrecostes son “reales, razonables y acordes con el mercado”.

Junto a las peticiones económicas, Sacyr ha solicitado una extensión el plazo de la obra de 485 días, un año y cuatro meses, lo que llevaría el plazo a mediados de febrero de 2016, pero espera concluirlas a 30 de junio de 2015, con un retraso de 220 días.

Sacyr justifica que contabilizase en 2012 los sobrecostes como ingresos porque esperaba cobrarlos. Está a la espera del nuevo presupuesto de obra para ver qué hace en 2013. GUPC, que perdió 289 millones de dólares en 2012, ha cobrado ya certificaciones de obra por 2.048 millones de dólares (lo que equivale a un avance del 66% de la obra) y otros 784 millones de anticipos. Los socios han desembolsado 280 millones de dólares.