Sacyr achaca los sobrecostes al estudio geológico de la Autoridad del Canal

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que amenaza con suspender los trabajos de ampliación del Canal de Panamá a partir del 20 de enero por 1.600 millones de dólares de gastos adicionales en las obras, acusó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)  de negarse a dialogar para resolver la crisis y reafirmó que si se fracasa en conseguir un arreglo, habrá una cancelación indefinida de las labores.

En una conferencia de prensa celebrada en la tarde del sábado (noche en España) en Ciudad de Panamá, Pablo Möder, coordinador de la directiva del GUPC aseguró que el consorcio luchará por lo que considera como derechos legítimos y que acudirá a los tribunales y países que sean necesarios para reivindicarlos. En un desglose sobre los 1.600 millones de dólares de gastos adicionales, explicó que buena parte del desvío financiero se relacionan con problemas geológicos encontrados en 2,5 kilómetros de obras en la zona del Pacífico, que no habían sido localizados por la Autoridad Portuaria del Canal al convocar el concurso.

"Esta condición geológica no prevista, ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las que se licitó el proyecto, por lo que el sobrecoste debe ser asumido por la entidad licitante, la ACP", afirmó José Peláez, gerente de GUPC. Además de los costes derivados de este aspecto, los directivos del consorcio de Sacyr insisten en que hubo más desvíos por problemas con las caractéristicas del concreto y el basalto (roca volcánica) y la calidad de las piedras para diversas operaciones de relleno, también distintas a lo esperado.

Mölder insistió en que el consorcio es "la solución y no el problema" del conflicto financiero que enfrenta la vía interoceánica. También reiteró que ese grupo es el único con capacidad de concluir la construcción del nuevo juego de esclusas, adjudicado en 2009 mediante una licitación internacional con una oferta de 3.118 millones de dólares. El coordinador aseguró que la Autoridad del Canal de Panamá, la agencia estatal panameña que desde 1998 administra la ruta, se niega a dialogar para encontrar una solución.

En una entrevista con EL PAÍS, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, instó al consorcio a argumentar su reclamo. "Si creen que por enviar una carta de dos folios, vamos a sentarnos a negociar están bien equivocados", advirtió Quijano. El gestor panameño afirmó que lleva meses trabajando con la aseguradora del proyecto, que cuenta con una reserva de 600 millones de dólares, para garantizar que se retoman las obras cuanto antes si el grupo de Sacyr cumple con la amenaza del paro.

Los gestores del consorcio replicaron que esa opción es inviable. Un cambio de constructora podría doblar o triplicar los costos hasta unos 2.000 millones de dólares adicionales, aseguró el portavoz. Una nueva contratista tampoco podría aportar las garantías técnicas de diseño y operación, así como de costo y tiempo, ofrecidas por GUPC, alegó Mölder.

GUPC, un consorcio integrado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, amenazó con paralizar la construcción alegando haber sufrido un incremento en los costos y que ahora está reclamando que se le paguen.

En una carta entregada el pasado 30 de diciembre a la ACP y difundida públicamente el 1 de enero, el conglomerado atribuyó el millonario aumento de costos a información inexacta otorgada por la Autoridad para ejecutar la expansión, valorada en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007. La ACP rechazó reiteradamente las amenazas del consorcio cuatripartito, exigió que se cumpla con el contrario y aseguró estar dispuesto a negociar para hallar un acuerdo.

Entre tanto, la agencia española de noticias EFE informó este sábado que la ACP reveló que el Grupo ha “reducido” el ritmo de trabajo en la construcción de las esclusas y advirtió que es “invalido” invocar una “suspensión” de la obra por un reclamo de sobrecostos. Del contrato suscrito en 2009, la ACP aseguró que ya pagó más de 2 mil millones de dólares de los 3.118, precisó.

En este escenario de confrontación, la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, llegará este domingo por la noche a la capital panameña y participará el lunes en una reunión al más alto rango con las partes involucradas en el lío, para tratar de encontrar una solución. Pastor, quien llegará acompañada del secretario español de Cooperación Iberoamericana, Jesús Gracia, entregará un mensaje del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, al gobernante de Panamá, Ricardo Martinelli, en torno a la crisis provocada por la amenaza de paralización de las obras.