Martinelli exigirá a España que Sacyr cumpla con el Canal de Panamá

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció este jueves que viajará a Madrid y Roma próximamente para “exigirle” a los Gobiernos de España e Italia que cumplan con su “responsabilidad moral”, para que el consorcio multinacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC) —formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, por la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana— concluya la ampliación del Canal de Panamá.

“Creo que hay una responsabilidad moral del Gobierno español y del italiano” dijo Martinelli, en el Parlamento panameño durante el último debate de rendición de cuentas de su mandato que concluirá el próximo julio. El presidente panameño recurrió a un símil con el béisbol para advertir de que no le temblará el pulso.

El gobernante apeló a la responsabilidad de GUPC, ante la amenaza difundida el pasado 1 de enero de suspender las obras de construcción de un nuevo juego de esclusas, principal obra de la ampliación del Canal, el próximo 20 de enero debido a que el Ejecutivo de Panamá no acepta los sobrecostes en los que ha incurrido el grupo de hasta 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

El presidente aseguró que viajará a España y a Italia acompañado de directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), agencia estatal que administra la ruta, y de varios ministros, aunque evitó precisar las fechas de la visita. “Voy a ir a Italia y España a exigir a estos gobiernos” que se cumpla con lo pactado, añadió, al recordar que desde 2009, cuando asumió la Presidencia, los presidentes de turno en estos países europeos le garantizaron el apoyo para la ampliación del Canal, pues la meta es que “la obra continúe”.

La ministra española de Fomento, Ana Pastor, mantiene abiertas conversaciones con el ministro panameño para los Asuntos del Canal, Roberto Roy, y con la constructora española Sacyr para buscar “la mejor solución posible” al conflicto. Desde el Ministerio de Exteriores también se trabaja para lograr un acuerdo.

La ACP rechazó el miércoles “las presiones” del conglomerado. El preaviso enviado por la multinacional con “su intención de suspender” los trabajos a partir del 20 de enero y pedir fondos adicionales, busca “forzar” a negociar fuera de los términos pactados en el contrato, argumentó la agencia estatal. En una entrevista con la Cadena SER este jueves, el panameño Jorge Quijano, administrador de la ruta, explicó que la amplia diferencia entre el coste de la oferta realizada por el consorcio GUPC y las del resto de participantes en el concurso que ganó se debió "a que los diseños presentados eran muy distintos", lo que repercutía en el valor de los materiales y obras presupuestados inicialmente.

Quijano insistió en que la Autoridad del Canal de Panamá "hace frente a los compromisos de pago contraídos a los 15 días de que se presenten las facturas de las obras", y mantuvo que asumirían los sobrecostes siempre que los consideren bien justificados, o que las instancias previstas dieran la razón al consorcio liderado por Sacyr. "Solo esperamos que la contraparte también respete sus compromisos contractuales".

El consorcio se hizo en 2009 con la licitación para construir el tercer juego de esclusas del Canal por 3.118 millones de dólares (2.270 millones de euros) e inició los trabajos en agosto de ese mismo año. El costo total de la ampliación asciende a unos 5.250 millones de dólares (unos 3.840 millones de euros).

El consorcio internacional GUPC ha dicho que pretende negociar una fórmula “justa y apropiada” y resolver los “grandes problemas financieros” del proyecto, pero que los trabajos seguirán con normalidad mientras responda la contraparte.

Por su lado, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, advirtió el jueves que una ruptura del contrato provocará “mayores pérdidas” y aseguró que es comprensible que el conglomerado esté incapacitado para asumir el impacto financiero.

En declaraciones reproducidas en la prensa panameña, Silva subrayó que “es importante que se siga negociando y que se lleguen a acuerdos. Cualquier sobrecosto sería perfectamente asumible por la ACP”, ya que es “fácilmente amortizable” porque, tras su ampliación, está previsto que el Canal tenga una rápida recuperación de las inversiones. “La pérdida sería mucho mayor si no se llega a un acuerdo. Creo que se puede hacer más esfuerzo, creo que ha faltado capacidad de diálogo”, explicó.

El consorcio multinacional presentó a la ACP dos demandas —una el pasado diciembre por 850 millones de dólares y otra en 2012 por 585 millones de dólares— por gastos extraordinarios en los que incurrió, entre los que están los atrasos derivados del tipo de mezcla del cemento para las nuevas esclusas para garantizar su vida útil de 100 años.