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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Mal zurcida y mal apañada

Jesús Mota

En apenas diez días, el ministro de Industria ha pasado de santificar el mercado eléctrico —en realidad un sucedáneo deforme de mercado— a proclamar a los cuatro vientos que la electricidad en España tiene un problema de mercado; en el mismo plazo, el ministro Soria ha saltado del liberalismo verbal al intervencionismo de facto, intervencionismo que responde, no se olvide, a naturaleza real del PP en el ámbito económico. Este viernes, el Gobierno anunció una subida discrecional del precio de la luz para el primer trimestre de 2014; y es discrecional porque las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que ofrecían dos posibilidades de subida, el 1,4% —la elegida, a la que habría que sumar el 0,9% de aumento de los peajes— no responden a ningún fundamento de oferta y demanda. Es verdad que las propuestas están referidas a mercados de futuros recientes, pero éstos son tan estrechos y poco líquidos que no pueden ofrecer una referencia fiable a medio plazo. La contradicción en la que incurre este Gobierno es más que evidente: desconfía de la subasta, hasta el punto de anularla (con razón, pero de forma impropia) y al mismo tiempo recurre a mercados ilíquidos para fundamentar su intervención.

El problema de la intervención administrativa transitoria es que no detiene el precio del recibo en el 2,3% (una subida, por cierto, que en comparación con la caída generalizada de rentas, supone un agravamiento de las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes), porque el precio que habrá que reconocer por la electricidad a las compañías comercializadoras será el que marque, para entendernos, el mercado diario; y como ese precio probablemente subirá más que el 1,4% reconocido por el Gobierno, el remiendo transitorio (tres meses, aunque ya se verá) tendrá el mismo efecto nocivo que el mecanismo de generación del déficit de tarifa. Se reconoce un coste a las comercializadoras que está por encima del aumento aprobado de los ingresos. Dicho de otro modo, si el déficit de tarifa hasta ahora implicaba que faltaban ingresos (obtenidos de los consumidores) para atender los costes regulados, con la solución transitoria de ayer el coste de la electricidad también incurrirá en déficit, si bien por un solo trimestre. Las decisiones irreflexivas del Gobierno han conseguido pues que todo, regulado o no regulado, sea déficit y, lo que es peor, que se abra un periodo de grave incertidumbre sobre el precio de la electricidad.

La lógica política y técnica de intervenir precios conduce al pesimismo y tendrá consecuencias

Porque no acaban aquí las dudas sobre la decisión de ayer. Como se ha dicho, el borrador de orden de peajes enviado a trámite por Industria eleva el precio en el 0,9%. Esta subida, según todos los cálculos disponibles, es insuficiente para cubrir las exigencias del déficit de tarifa generado en 2013. La consecuencia más probable de esta insuficiencia, más el desajuste del precio de la electricidad mencionado, es que en los próximos trimestres se encadenen subidas crecientes del precio del kilowatio que se encarnizarán con el recibo de la luz. No es necesario subrayar que las visiones seráficas ofrecidas por el Gobierno —"lo importante" es que se ha evitado una subida de la luz del 11%— tergiversan la realidad. La maniobra del presidente del Gobierno y el ministro Soria no resuelve el problema de fondo, el de la estructura del mercado eléctrico que presiona sobre el precio de la electricidad con absoluta desconexión de la oferta y la demanda, y ni siquiera tranquiliza sobre las graves dudas que ha provocado la supresión de la subasta eléctrica. La respuesta de ayer para ambas cuestiones es un rotundo fracaso.

Porque para resolver el problema de la estructura de mercado habría que actuar sobre la propiedad de las compañías (romper la integración vertical) e imponer un nuevo modelo de fijación de precios en función de cada una de las tecnologías; y porque referir los precios a mercados marginalistas es un error; los hechos han demostrado que es un mecanismo inmanejable. La volatilidad dispara los precios que, sin razón, acaban repercutiendo en rentas crecientemente bajas. La intervención, chapucera y costosa —tendrá malas consecuencias sobre las comercializadoras independientes, reducirá las transacciones en el mercado de electricidad e incluso puede generar escasez de suministro a precios de tarifa— demuestra por la vía de los hechos esa imposibilidad.

Para resolver el problema de la estructura de mercado habría que actuar sobre las compañías 

La lógica política y técnica de la intervención de precios induce irremediablemente al pesimismo. Las conclusiones políticas y económicas caen por su propio peso: 1.- El ministerio de Industria y el Gobierno no disponen de un método que sustituya a la subasta eléctrica como cálculo de los precios; 2.- En consecuencia han aplazado durante tres meses cualquier decisión de fondo sobre el mercado eléctrico, a pesar de que ha entrado en una fase de colapso que se irá apreciando día a día; 3.- Además, como daño colateral, han implicado a la CNMC en una decisión que la Comisión Europea observa con irritación, que es la supresión de la subasta eléctrica, es decir, de un mercado, comprometiendo la independencia del mencionado supervisor; 4.- Cualquier decisión de fijar referencias más representativas para los precios de la electricidad, como por ejemplo, indexarlos con la media de precios del pool, tropezará con la resistencia de las empresas; y 5.- La mala gestión política de la reforma eléctrica ha dilapidado la oportunidad de reducir el déficit de tarifa; la evolución inmediata más probable es que aumente hasta los 30.000 millones, más carga sobre los balances de las compañías —aunque no es precisamente el principal problema financiero de las eléctricas— y más tensión sobre la prima de riesgo, a la que tampoco es ajeno el descrédito de la gestión del Gobierno.

En Italia dirían que la intervención del Gobierno ha estado ratopatta e rifatta (mal zurcida y mal apañada). La capacidad técnica y política del ministerio de Industria solo dan para sembrar el caos.

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