Las eléctricas preparan la guerra al Gobierno tras el freno al ‘tarifazo’

La decisión del Gobierno de anular la subasta trimestral que determinaba que la tarifa eléctrica subiría el 11% en enero ha levantado una sombra de sospecha sobre las compañías eléctricas que estas van a combatir con armas y bagajes. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), a la que recurrió el Ejecutivo para apoyar sus actuaciones, existieron “circunstancias atípicas” en la subasta. Esto, en roman paladino, se traduce en que las empresas pudieron haber manipulado el mercado durante los días previos y durante la misma subasta para elevar el precio de la electricidad.

Esas acusaciones —alimentadas, además, por las realizadas por asociaciones de consumidores, grandes clientes y comercializadoras— han sido consideradas como una “declaración de guerra” por el sector, que se guarda la posibilidad de entablar acciones legales contra el Gobierno. De momento, van a esperar a los pasos que dé el Ejecutivo, que deberá determinar si fija el precio por decreto o adopta un nuevo sistema. Es probable que, de forma provisional, repita el aumento de septiembre (un 3,1%, si no cambia el precio de la parte regulada, que supone un 55% del total) para luego corregirlo si se producen desviaciones sobre esta estimación.

Mientras tanto, ha arreciado el cruce de acusaciones. Las eléctricas exigen al regulador “que se clarifique urgentemente y con la mayor transparencia el resultado del informe sobre el análisis de la subasta” y que publiquen los volúmenes registrados en la subasta, así como la lista de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo.

En opinión de las compañías, “se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y emplean alrededor de 180.000 personas”, según un comunicado de Unesa, patronal que junta a las eléctricas convencionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EON y EDP-Hidrocantábrico).

Los ánimos se encendieron todavía más este sábado con las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, al diario Abc, en las que critica la “burda manipulación y actuaciones para modificar los precios” y ataca a las eléctricas porque “no saben como justificar que fue transparente”. Según Unesa, las acusaciones del ministro son “muy graves” y “un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados al haberse realizado en un tono y unos términos que sugieren que podría haber incurrido en algún género de responsabilidad”.

El presidente de Unesa, Eduardo Montes, salió al paso. “No es admisible que culpe a las eléctricas”, dijo. Las eléctricas subrayan que los supervisores de la CNMC no detectaron in situ ninguna irregularidad y que el informe del Boletín Oficial del Estado publicado este sábado no alude a esa manipulación de precios y sí a errores técnicos. El BOE publica la resolución de la Secretaría de Estado de la Energía, en la que se determina que la subasta fue anulada a todos los efectos y las “circunstancias atípicas” detectadas por la CNMC en las que se dice que se ofertó un volumen inferior del 11,5% a otras subastas, alcanzó diferencias superiores a un 7% en el precio (cuando la media ha sido del 2%) y se llevó a una “temprana finalización”, siendo la más rápida en cerrar (en la ronda siete cuando lo normal es en la 12).

Para las eléctricas llueve sobre mojado después de varios meses de lucha contra una reforma que no ha contentado tampoco a las firmas de renovables (porque les reduce drásticamente las subvenciones) ni a los consumidores. Esa reforma tenía como objetivos fundamentales acabar con el déficit a partir de 2013 y conseguir moderar los precios. Pues bien: el déficit va a aumentar al menos 3.600 millones de euros este año como consecuencia de que las enmiendas introducidas por el PP a última hora en el Senado impiden que se carguen sobre los Presupuestos. Y el precio de la tarifa anda lejos de moderarse.

Para arreglarlo, el Gobierno recurrió a titulizar la deuda para que no recayera sobre las empresas, a las que pidió que retiraran los recursos que tenían en marcha. Esa tregua pedida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión a la que no invitó a los responsables de Industria, duró hasta la decisión gubernamental tras la subasta del jueves, que venía precedida de una subida de precios en la fijación de precios diarios del pool.

Para las empresas, “el incremento de tarifas es la prueba definitiva de que la reforma ha muerto antes de nacer”. “Lo veníamos diciendo hace tiempo: la reforma no podía conseguir ninguno de sus objetivos porque está mal diseñada ab initio. No se puede acabar con el déficit ni con los precios altos si no se atacan los factores que causan el déficit”, subrayan. “Vuelve a someter al sector a una situación de incertidumbre insostenible”, rematan.

Las eléctricas esgrimen que tienen un papel “absolutamente marginal” en la subasta, en las que participan en torno al 10% de la oferta total. Las empresas recuerdan que, en contra de lo que pueda pensarse, los principales protagonistas no son las eléctricas. En la subasta del jueves, por ejemplo, hubo 36 operadores y más de la mitad fueron entidades financieras y brókers.

La presencia de estos en un mercado tan específico se explica porque no deja de ser un negocio, que funciona como el mercado de futuros, en el que evidentemente también asumen riesgos. En definitiva, la tarifa está sometida más a las reglas de un mercado financiero (y, por tanto, especulativo) que industrial, lo que entraña una situación anómala que ni el Gobierno socialista, antes, ni ahora el del PP han sabido corregir, pese a las evidencias de posibles movimientos irregulares y, lo que es más llamativo, de las advertencias de las propias eléctricas.

Asimismo, piden que se modifique el sistema de fijación de precios (la subasta supone un 45% de la tarifa y un 55% sale de los peajes regulados) porque consideran inadecuado que en una subasta de un día se decida el precio de un trimestre. Para ello, han presentado propuestas a Industria para que lo cambie y se establezca un sistema como el de las subastas del Tesoro, que combina precios a distintos plazos. También han barajado otras fórmulas como fijar los precios ex ante y corregirlos después o cruzar oferta y demanda real antes de la distribución, como ocurre en países vecinos. En ese sentido, la antigua Comisión Nacional de la Energía (ahora integrada en la CNMC), advirtió de que podría ocurrir que el precio de un día condicionara toda la demanda de un trimestre. Precisamente, esa Comisión no ha enmendado la plana a las 25 subastas anteriores.

Además, las eléctricas denuncian que casi el 50% de la tarifa se debe a cuestiones que “nada tienen que ver con los costes de producir y distribuir electricidad (subvenciones, déficit de tarifa, impuestos...) y sí con errores de política energética que, en lugar de sufragarse a través del Presupuestos, los pagan los consumidores”. “Por no afrontar los auténticos problemas del déficit y la evolución de precios, está conduciendo al sistema eléctrico a una situación insostenible en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores sirve para costear los errores políticos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico”, reseñan. En ese sentido, subrayan que la reforma sólo ha atacado los ingresos regulados, es decir, “la parte de la tarifa que ni crea déficit, ni crece”.