Disparate para corregir el atropello

El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según la cual procede “no validar” la subasta eléctrica del jueves es un ejemplo perfecto de cómo un Gobierno puede sustituir la incapacidad de muchos años para cambiar un sistema de precios absurdo por un disparate atropellado, cometido además con alevosía y nocturnidad. La Comisión ha puesto en bandeja al Ministerio de Industria el pretexto para anular la subasta, pero ahora tendrá que explicar, con todo detalle y con argumentos jurídicos fundados, cuáles son esas “circunstancias atípicas” que soportan la anulación. Y tendrá que hacerlo porque en este caso no se enfrenta solo a consumidores españoles indignados y con los bolsillos exhaustos, sino al mercado de Londres, donde se cruzan operaciones con la electricidad española.

En los mercados serios no se suspende una subasta sin razones poderosas; y cuando se suspende es porque los participantes han cometido algún delito. Como este no es el caso, al menos de momento, cabe deducir que la Marca España está a punto de caer, una vez más, en el ridículo.

Quizá el ministro no esté enterado, pero el Gobierno solo puede anular una subasta cuando en ella se advierten claros indicios de conducta contraria a la competencia. Así lo establece la Orden Ministerial de 2009 que regula el procedimiento. En un plazo inferior a 24 horas, un supervisor puede examinar e investigar muy pocos parámetros de la subasta; como mucho, el índice de concentración de las ofertas y el equilibrio entre oferta y demanda en las sucesivas rondas operativas que conducen al precio final. Con ambos indicadores es imposible descubrir colusión o delito. Lo dice además el sentido común: si durante 25 subastas no se ha podido demostrar esa conducta contraria a la competencia era poco probable que en una tarde y una madrugada pudiera hacerlo una Comisión de nuevo cuño, agobiada además por la presión ambiental.

A la subasta van las comercializadoras que son filiales de las eléctricas

Porque sabemos que no se hacen esas cosas, que si no podría sospecharse que el ministro ha llamado al presidente de la CNMC y le ha pedido que dictamine esa simpleza de las “circunstancias atípicas” con la confianza de que ya se apañarán después las razones a gusto del anulador. Eso sí, de las demandas y querellas por abuso legal no se va a librar el ministerio, y sus consecuencias acabará por pagarlas la tarifa eléctrica, es decir, el consumidor.

Como el llamado equipo energético no parece enterarse, habrá que repetir que el problema no es la subasta en sí —y por tanto no cabe eliminarla sin disponer de un método o procedimiento para fijar el precio en enero, precio que ahora queda sometido a la más negra incertidumbre—, sino el mecanismo total de fijación de precios, perpetrado por el PP en tiempos de Aznar. Una de tantas herencias envenenadas (como las autopistas radiales) que no suele mencionar Rajoy en su catálogo de denuestos contra los socialistas ni figuran en el catecismo del PP.

Industria deberá explicar ahora los fundamentos jurídicos

Para fijar el precio de la electricidad se suman dos factores: el resultado de una subasta, llamada Cesur, y los llamados peajes (costes de transporte, distribución, etcétera), que evolucionan en la práctica a discreción (limitada) del Gobierno. El enredo está y siempre ha estado en la subasta. A ella concurren las empresas comercializadoras, que son filiales de las eléctricas, y, como vendedores, intermediarios financieros (bancos comerciales, de inversión o mesas de trading de las compañías). Esta composición explica que el intercambio de ofertas y demandas que se produce en la subasta no es industrial, sino financiero. Es decir, el precio resultante de la electricidad incorpora, añade, una ganancia financiera.Con independencia de que el mercado esté condicionado o manipulado, el absurdo principal es que un cruce de operaciones financieras no puede ni debe determinar el precio de la tarifa doméstica. Es un dislate —como el de anular la subasta por las bravas— que solo se le podía ocurrir a los genios de perra chica de los Gobiernos aznaríes. Parece más propio, natural o adecuado fijar referencias como el precio medio al que se cruza la oferta y demanda eléctrica real en el pool (antes de la distribución).

O, como se hace en otros países, establecer un precio ex ante durante un periodo de tiempo y corregirlo en función de la evolución del mercado. Los procedimientos son múltiples y agotarían varios tomos de apretada lectura que ni este Gobierno ni sus supervisores de cámara están en disposición de leer. Basta un esquema general como resumen de lo que pueden y deben hacer: sustituir la reforma eléctrica actual, fiambre desde que Montoro retiró la aportación presupuestaria (¡gran hallazgo ese de trasladar el pago del déficit de tarifa de los consumidores a los contribuyentes!) y sustituirla por una ley que reordene el mercado eléctrico. En los siguientes términos: la producción eléctrica por tecnologías similares (gas, combustibles) que opere en el mercado; las tecnologías renovables, que operen en subasta; y las tecnologías amortizadas (nuclear, hidráulica) que operen en contratos bilaterales con la gran industria (así conseguirían, quizá, bajar los precios).

Pero afinar y concretar un plan de esta envergadura requiere cierto talento administrativo e independencia política, cualidades ausentes en este Gobierno. Los esfuerzos de Rajoy, Montoro y Soria por salir del lío en el que se han metido en la última semana pueden describirse con aquella frase de H. G. Wells sobre el estilo de Henry James: “Es como ver a un hipopótamo intentando coger un guisante”.