El Gobierno retira los 3.600 millones que iba a aportar a la reforma eléctrica

El Gobierno dijo que el déficit de tarifa eléctrica debía cubrirse mediante un esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas y los consumidores. Pero cuando ha llegado el momento de la verdad, el Estado ha decidido no poner su parte, con lo que la reforma eléctrica naufraga antes de entrar en vigor. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó este viernes varias enmiendas que retiran los 3.600 millones que corrían de parte del Estado, justo en el día que se cumplía el plazo para presentar enmiendas.

Las eléctricas ya venían temiéndose desde hace semanas lo que ellas calificaban de “engaño” del ministro de Industria, José Manuel Soria. Creían que tras los duros recortes a la retribución de sus actividades y la fuerte subida del recibo de la luz, era posible que el Gobierno decidiera no poner lo comprometido por su parte. Se quejaban además del nulo diálogo e interlocución que habían tenido con el Ministerio en una reforma comandada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y que en opinión de las empresas había mostrado un profundo desconocimiento del sector y una casi absoluta falta de comunicación.

Hacienda nunca había visto con buenos ojos la decisión de cargar a las cuentas públicas una parte del coste de la reforma eléctrica en un año en que veían dificultades para cumplir con los objetivos de déficit público. La supresión de su aportación presupuestaria es la prueba del nueve de que el objetivo de déficit está en riesgo. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llegado a bromear sobre la importancia de desviarse unas décimas, con esta retirada se ahorra más de tres décimas de desviación del déficit público.

Pero lo que no va a déficit público irá a déficit de tarifa, es decir, la parte de los costes del sistema eléctrico que no se cubren con lo que pagan los consumidores en su factura. Con ello, fracasa de antemano el gran objetivo de partida de la reforma, que era precisamente acabar con ese déficit desbocado que financian las eléctricas y acaban pagando los consumidores en el recido de la luz.

La enmienda suprime básicamente tres partidas. La primera es la aportción de 2.200 millones que iba destinada precisamente a cubrir parte de ese desfase. La segunda son los 900 millones correpondientes a la mitad del sobrecoste de la luz en los territorios extrapeninsulares. La tercera eran unos 500 millones de euros que se recogían a través de variaciones en el impuesto sobre hidrocarburos y que recaudan las comunidades autónomas.

El ministro Soria ya se había mostrado titubeante y contradictorio a la hora de decir si iba a haber o no déficit de tarifa, quizá consciente de que la aportación estatal no estaba asegurada. Fuentes del sector calculaban que sin esa aportación el déficit de tarifa podría dispararse este año otra vez hasta superar los 4.000 millones de euros.Una de las enmiendas presentadas señala que "para el año 2013 se reconoce la existencia de un déficit de ingresos de liquidaciones del sistema eléctrico por importe máximo de 3.600 millones de euros, sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse"

El déficit generará derechos de cobro a percibir en 15 años mediate recargos en la factura desde el 1 de enero de 2014. El Gobierno podrá permitir titulizar ese déficit para lograr financiación en el mercado.

La enmienda por la que se suspende la aportación del Estado para el sobrecoste extrapeninsular se justifica en que "impactaría en el déficit público".

El hecho de que la aportación del Estado no figurase en las liquidaciones del sistema eléctrico hechas por el regulador tenía procupadas a las empresas, que ahora ven confirmarse sus peores temores. La reforma eléctrica prevé, además, un sistema para cubrir el déficit de tarifa con subidas automáticas de la luz, con lo que lo previsible es que en el futuro el recibo se vaya encareciendo notablemente.