Fondos en el pozo

La Marta evoca tiempos mejores. Esta locomotora, fabricada en 1884 en Francia por la Sociedad General Alsaciana de Construcciones Mecánicas, debía estar ahora mismo tirando de un tren de época por el valle del Guadiato (Córdoba) para atraer turistas a esta zona minera y paliar el declive económico. En 2008, la entones alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz (PSOE), presentó el tren turístico y anunció que comenzaría a funcionar en 2011. El Ministerio de Industria subvencionó la restauración con 1,4 millones de euros —solo para la primera fase— del popularmente conocido como plan Miner, destinado a reconvertir la economía de las zonas mineras tras el abandono del carbón. El tren turístico del Guadiato iba a crear 10 empleos con un coste de 14 millones.

Pero la Marta solo acumula polvo y telarañas. Está restaurada, sí, pintada de negro con ribetes rojos, pero no tiene caldera ni raíles por los que circular. Aguarda en un almacén del Ayuntamiento, una nave de principios del siglo XX, un vestigio de cuando la francesa Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) explotaba carbón en esta sierra de Córdoba próxima a Ciudad Real. En el pueblo ya no hay minería y la producción de carbón en Córdoba ha caído de 1,1 millones de toneladas en 1997, cuando comenzó el plan de ayudas, a 520.000 en 2010. Pero no hay alternativas.

El Ayuntamiento, ahora gobernado por el PP, dice que no tiene dinero para proseguir con la restauración del tren y ha denunciado a la Guardia Civil el uso indebido de las subvenciones mineras. Alertó, entre otras cosas, de que el consistorio había firmado la recepción de la restauración del tren cuando ni siquiera habían llegado los vagones, que estaban repartidos por talleres de media España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a tres personas e imputó a una decena en un sumario secreto que instruye el juzgado número 2 de Peñarroya.

La Guardia Civil ha ampliado las pesquisas al resto de subvenciones mineras en Peñarroya. Agentes del cuerpo se llevaron los expedientes del Ministerio de Industria, en Madrid. No lejos de la nave que guarda la Marta está una residencia para discapacitados psíquicos graves. La construyó el Ayuntamiento también con unos tres millones de subvención de los fondos mineros. La obra está terminada desde 2010, pero no alberga a nadie. Ni a enfermos ni a cuidadores. El edificio, moderno, gris, acristalado, choca con los clásicos chalés de alrededor, los que usaron los ingenieros franceses hace un siglo.

A las afueras del pueblo espera otro ejemplo del estéril uso de los fondos públicos. En el polígono industrial Antolín III, subvencionado por Industria, los únicos brotes verdes que se ven son las zarzas que cubren todas las parcelas. Allí no se ha instalado empresa alguna. Al lado, se levanta una planta de reciclaje de neumáticos, que también recibió apoyo del plan Miner, pero ha cerrado. Hay pintadas contra los impagos a los trabajadores. El pueblo, de 11.000 habitantes, ha recibido en los últimos 15 años unos 26 millones del programa. La alcaldesa, María Gil (PP), asegura que no puede hacer comentarios mientras el caso esté bajo investigación. La exalcaldesa detenida, ya en libertad con cargos, no ha querido hablar para este reportaje, según una portavoz del PSOE de Córdoba.

“¿Qué si Andorra necesitaba tres polígonos? Si no los hacemos nos matan”, dice el consejero Aliaga

La empresa y la residencia lucen un cartel con el emblema del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un organismo adscrito a Industria que desde finales de los años noventa ha regado de millones las comarcas mineras. Solo hasta 2006 (los últimos datos que ofrece en su web), gastó 227,9 millones de euros en polígonos industriales. Buena parte de ellos no tienen inquilinos. Las ayudas han seguido manando hasta hace poco con resultados igual de frustrantes.

Mientras tanto, la plantilla de mineros del carbón ha bajado de 50.000 en los ochenta a unos 5.000. En ese tiempo, la producción se ha reducido de 36 millones de toneladas a 6 millones en 2012. Paz Benito, profesora de Geografía de la Universidad de León, que ha estudiado los efectos del plan Miner en la zona, saca estas conclusiones: “Se han creado infraestructuras de transporte y de equipamientos colectivos, pero están ociosas. Los polígonos industriales están vacíos y los museos de la minería apenas tienen visitantes. Se ha invertido de forma azarosa, para salir del paso, con una perspectiva cortoplacista”.

Ni cementera ni prefabricado

A 750 kilómetros de Peñarroya, en Andorra (Teruel), se levantó un polígono hecho a medida para dos empresas que iban a generar el empleo que necesitaba el pueblo, de 8.000 habitantes, para paliar el cierre de las minas. Allí iban a instalarse una cementera de la multinacional Cemex y una planta de prefabricados para arquitectura de la gallega Castelo.

Un grupo de obreros ruidosos trabajan para desguazar la planta de Castelo, que solo llegó a funcionar unos meses. Las piezas metálicas se acumulan alrededor del edificio rojo y blanco que durante un tiempo albergó las instalaciones más modernas de España en su sector. Dos técnicos de mantenimiento son los únicos empleos que ha generado la otra, que costó 84 millones, 7 de ellos de subvención. Nunca llegó a abrir. Una portavoz de Cemex asegura que, tal y como está la situación, no hay planes para este gigante de hierro y hormigón, custodiado por un guarda de seguridad las 24 horas del día.

Andorra no tiene minas desde 2005, pero sigue viviendo del carbón. Justo al lado del polígono, las chimeneas de la central térmica expulsan humo blanco sin parar. Pero el tercer municipio más grande de Teruel no consigue encontrar una alternativa pese a las ayudas. La cementera ha muerto antes de nacer y la decena de empresas levantadas con subvenciones públicas han ido abandonando la localidad. El polígono de La Estación, que se llama así porque se ubica en el lugar al que llegaban las vagonetas llenas de carbón procedentes de la mina, se ha convertido en el campo de entrenamiento perfecto para los clubes de atletismo del pueblo. Los vecinos hacen deporte entre naves apagadas y cerradas. La empresa de jamones Andojam (que sigue abierta, pero casi sin producción), Ferrogres, la de cartonajes Paphsa... proyectos que se no llegaron a cuajar como estaba previsto en la villa minera.

De los 22.000 millones de dinero público que, según Industria ha recibido el sector desde 1990, la gran mayoría ha ido a las empresas mineras y a prejubilaciones. Pero además, y para paliar el declive, el plan del carbón 2006-2012 financió “la transición de las comarcas mineras hacia actividades económicas de mayor valor añadido y de mayor calidad de los recursos humanos”. Para ello anunció que habría 250 millones al año en infraestructuras (que incluían nuevos polígonos industriales) y 150 millones para proyectos empresariales. Y lo ha hecho con escaso éxito y control, según todas las fuentes consultadas.

Jesús Magadán recibe en la sede de Comisiones Obreras en Ponferrada (León). A la puerta del responsable sindical de la minería de la comarca acude un goteo de afectados por los ERE para consultarle. Calcula que la zona ha pasado de 2.800 mineros a 650 en 20 años. Y cita empresas creadas con ayudas de Fondos Miner: “Comonor y LM [fabricantes de aerogeneradores eólicos], Inoxidables del Noroeste… No recuerdo ninguna que se mantenga bien”.

“Levantad la boina que os tapa los ojos, le decía a los alcaldes”, recuerda la exdiputada socialista Yolanda Casaus

La mayoría de las empresas han cerrado tras recibir subvenciones. Cumplieron los cinco años de funcionamiento mínimo que exige el plan de ayudas para no tener que devolver el dinero.

El fabricante de paneles solares Cel Celis abrió en 2010 tras invertir 35 millones (seis de ellos de ayudas) en un acto al que acudió el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. El pasado 19 de enero, Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado que iniciaba el trámite de revocación de la ayuda. Recurría al BOE porque no había podido notificarlo a la empresa. En la empresa afirman que fue un problema de notificación de los expedientes de la Junta de Castilla y León. La firma sigue en marcha, pero con la producción parada. No se venden paneles solares.

El mismo boletín incluía otros 15 expedientes de revocaciones de ayudas a empresas que no habían podido ser localizadas. Estaba una firma de deshuese de jamones de Andorra (Teruel), que tenía concedida una ayuda de 400.000 euros; un hotel de tres estrellas con 88 habitaciones en Alcañiz (Teruel), que nunca se llegó a construir y que tenía concedidos 393.000 euros; o una fábrica de embutidos en La Mata de los Olmos (Teruel), que funcionó entre 2008 y 2010, y tuvo adjudicada una subvención de 527.000 euros.

Prefabricados Castelo, la mole cerrada junto a la cementera de Andorra, tuvo adjudicados 2,1 millones, y está en la lista de los buscados por Industria. Solo en el último año, el ministerio ha abierto expediente a un centenar de empresas que no encuentra, y que tenían adjudicados 50 millones entre 2007 y 2010, aunque no todas habían llegado a cobrar la ayuda.

Tras dos semanas sin dar respuesta, Industria afirmó el viernes por la noche que de los 560 proyectos empresariales que entre 2009 y 2010 tuvieron asignada una subvención ha revocado o anulado las ayudas a 218, por un importe de 129,9 millones. En la mitad de los casos son las empresas las que renuncian a la subvención. En otros es el Gobierno porque las compañías no han estado abiertas el tiempo previsto o no han cumplido con la inversión anunciada. Pese al paisaje de empresas cerradas que se ve sobre el terreno, el ministerio señala que estas anulaciones solo conllevan la obligación de reintegrar 3,4 millones. Algunos expedientes están en tramitación y no han llegado al punto de la devolución. De los 4.706 nuevos empleos anunciados, Industria asume que 1.863 nunca llegaron a crearse.

“Da igual que les reclamen las ayudas, son sociedades anónimas que han desaparecido”, pronostica sombrío José Luis Villares, secretario de minería de Comisiones Obreras. Este admite que los planes para reindustrializar las zonas mineras no han funcionado. Hay infraestructuras, carreteras decentes que llegan a zonas remotas, polígonos industriales en cada esquina dispuestos a recibir proyectos empresariales. Pero pocos empleos. Villares está en una oficina de CC OO en Madrid, pero habla mezclando palabras en bable. Advierte: “No intenten analizar los datos. Ni nosotros lo conseguimos. No nos los dan. Vengo de Asturias con un dato de ejecución de convenios y dinero gastado y en el ministerio me dan otro que no coincide”.

CC OO remite al análisis que publicó en 2011 sobre el balance del periodo 2006- 2008: “Del empleo comprometido a nivel nacional, 8.789 puestos, se crearon tan solo 514 puestos, mientras que se perdieron 4.215 [por la caída de la producción del carbón]”.

Magadán, por su parte, insiste en que el programa no estaba mal pensado, que ha sido la crisis y la política energética del Gobierno del PP el que lo ha hecho naufragar. “Las eólicas llegaron a emplear a miles de personas en León y ahora apenas a unos cientos”, explica este hombre de 49 años que pasó un cuarto de siglo en la mina y que añade que no es sencillo atraer empresas a lugares geográficamente aislados.

A 30 kilómetros al sur de Ponferrada, en Brañuelas, por el camino que marca la A-6, emerge otro monumento al fiasco de la reconversión: un polígono terminado hace 12 años que sigue prácticamente vacío. Benjamín Geijo, alcalde desde 1979 de este municipio que hoy tiene unos 400 habitantes, se lamenta: “Vivo con la impotencia de ver que mi pueblo va a menos y que es muy difícil hacer algo. Antes había 17 bares y ahora quedan dos”. Geijo habla en el restaurante que tiene junto a la autovía, un sitio apreciado por los camioneros. Brañuelas no tenía minas, pero sí el lavadero y la estación de tren para el carbón que se extraía de la montaña.

Geijo, del PSOE, recuerda que hace más de 20 años ya acudió a un programa a TVE a un debate entre alcaldes de pueblos pujantes y otros venidos a menos. Fue cuando ofreció suelo gratis a una empresa de misiles que suscitaba oposición en Navarra. Aún sigue buscando empresas.

Gracias a los fondos mineros ha construido una residencia de ancianos de 190.000 euros, un polígono industrial de 400.000 y un vivero empresarial.

En una esquina del polígono está su único inquilino, la empresa de Magín Fernández Feliz, de 63 años, que moldura y trata el granito y la pizarra para cementerios o tejados. “A mí no me dieron fondos Miner y casi lo prefiero”, cuenta mientras pasea entre lascas. Aunque llegó a tener 12 trabajadores, ahora la maneja con su socio. Espera que un inminente negocio de envío de plaquetas de pizarra a Alemania reactive la producción. “Aquí habría que reconvertir a la gente, más que la zona. Los mineros se prejubilan con una buena pensión y no la arriesgan. Hacen que los hijos estudien y se vayan, pero no invierten su dinero. Si alguien quiere levantar esta tierra tenemos que ser nosotros, no esperar a que vengan los japoneses, los alemanes o los americanos a cosechar por nosotros”, opina Magín.

Aragón ha recibido del Estado en 15 años de planes mineros 350 millones para infraestructuras y 76 para proyectos empresariales. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, del PAR, que ha estado al frente de los tres planes estratégicos del carbón en la comunidad, defiende que las cosas se han hecho de forma “exquisita” y culpa a la crisis de haberse llevado por delante a las empresas que llegaron a Teruel con el plan Miner. Pero apunta otro escollo para la reconversión: la presión social de las zonas mineras para atraer proyectos a cada pueblo. “¿Que si Andorra necesitaba tres polígonos? Es que si no los hacemos nos matan. Pregúntele al entonces alcalde, que era de Izquierda Unida”.

Aliaga cree que es difícil atraer empresas a las cuencas mineras por su complicada orografía y justifica que muchas de las compañías que llegaron a Teruel estuvieran relacionadas con la construcción. “Cuando todo esto se planteó, el modelo no era descabellado, pero ahora ¿qué quiere llevar a Andorra? ¿Cuántos jóvenes se quieren ir a trabajar allí? No podíamos atraer a empresas especializadas”.

En Ariño (Teruel), un municipio de 900 habitantes, se puso hace diez años la primera piedra del balneario que habría de cambiar la economía del pueblo. Pero no logró acabarlo. El pueblo sigue dependiendo del carbón. El alcalde, Joaquín Noe, baja a la mina cada día. Los cascos y las camisetas negras en defensa del sector decoran el bar y una torreta de extracción da la bienvenida al visitante a la entrada del municipio. Carlos Luna, concejal socialista de Ariño y minero recién jubilado, tiene en este balneario, que se supone que algún día dará trabajo a una treintena de personas, su esperanza para que el pueblo no muera. “El Miner ha estado mal repartido, cada uno ha mirado solo por lo suyo, y así no se puede”, asegura.

Yolanda Casaus, concejal socialista de Andorra, estuvo dos legislaturas en el Congreso llevando los temas del carbón. Para ella, el principal problema ha sido “la planificación, más pensada para los pueblos que para el conjunto”. Y la lentitud en la concesión de las subvenciones.

Las ayudas se deciden en llamada Mesa de la Minería. Una veintena de personas —de la Comunidad, parlamentarios autonómicos, los Ayuntamientos y los sindicatos— que se reúne cuando el Gobierno autonómico las convoca para decidir qué proyectos reciben ayudas, después de que las propuestas hayan pasado por una comisión técnica. Para Casaus, estos encuentros, que se podían alargar durante horas, nunca acabaron de ser del todo transparentes y es el origen de que se aprobaran algunas iniciativas con “poco sentido para un territorio como Teruel”. “Aragón ha hecho polígonos para criar ababoles [amapolas]”, relata Casaus. “Yo hablaba con los alcaldes y les decía: ‘Haced el favor de levantar la boina que os tapa los ojos”.

Por supuesto no todas las empresas subvencionadas han caído. Casting Ros, en Utrillas (Teruel), dedicada a fabricar piezas de automóvil, se ha convertido en el motor de la comarca y las ayudas han sido imprescindibles para su supervivencia, una de ellas del plan Miner. Ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones y en 2010 estuvo a punto de sufrir un ERE que iba a afectar a casi la totalidad de su plantilla, pero unos pedidos llegados in extremis anularon el proceso. En 2008, Casting Ros contaba con 500 trabajadores, pero la caída de la producción ha hecho que ahora haya unos 300.

"No se ha frenado la atonía″

Paz Benito, la profesora de Geografía de la Universidad de León, remata: “Los fondos no han dado un resultado evidente. No diría que ha sido un fracaso, pero es obvio que no ha frenado la atonía económica y la despoblación”. Julio Lago, profesor de Economía de la Universidad de León, da ánimos al que se decide a escrutar los datos: “He intentado hacer algún estudio, pero cuando he pedido datos al Instituto del Carbón no me los dieron. Buena suerte”.

Fermín Rodríguez, director de un centro de la Universidad de Oviedo, presentó al ministerio un proyecto para evaluar las ayudas, pero cuenta que no vio mucho interés. Rodríguez sostiene que si Industria ha pagado por residencias que no funcionan es en parte porque el dinero se ha gestionado “de forma burocrática, mirando el expediente más que el proyecto. Si el papel dice que algo está en marcha es que está”. Rodríguez recuerda que al principio del plan los alcaldes pedían e Industria daba: “Uno reclamaba una bolera y otro un abrevadero. No ha sido un modelo de gestión”.

Una fuente que estuvo en Industria hace unos años cuenta cómo se veía el Miner allí: “Las comunidades y los sindicatos presentaban los proyectos e Industria pagaba y miraba para otro lado. Nadie quiere hacer balance de ese programa porque a nadie le interesa”.

Izquierda Unidad en León sí que se empeña en reclamar una auditoría. “Ha habido cazasubvenciones, empresas que abrían, estaban el mínimo tiempo posible y luego cerraban sin control. Ni el PSOE ni el PP ni los sindicatos quieren analizar qué ha pasado con el dinero”, opina Santiago Ordóñez, coordinador de IU en la provincia.

Incluso si no se buscan culpables, Paz Benito echa en falta una auditoría pública, un balance de cómo ha ido un programa tan grande de dinero público: “No lo hay, porque ¿a quién le interesa ese balance? Ni al Gobierno, ni a los sindicatos, ni a las comunidades les interesa, porque han participado en la toma de decisiones. A los habitantes de estas zonas les resulta indiferente porque viven mayoritariamente de la prejubilación y sus hijos están fuera. Y las empresas creen que no tienen que dar cuentas del dinero público que reciben. Nadie se hace responsable de la herencia que recibe ni de la que deja y por eso nadie hace balance, no interesa”.